Inmigrantes, con un futuro lleno de dudas

El líder del opositor Partido Popular, Mariano Rajoy, tiene hoy los ojos puestos sobre el control de la inmigración. Se avecinan cambios.

El Partido Popular de España, bajo el liderazgo de Mariano Rajoy, hará varios cambios a la actual Ley de Extranjería y tras ganar las elecciones el pasado 20 de noviembre ha comenzado a mostrar sus cartas, algunas de las cuales ya se adivinaban desde la campaña electoral. Entonces habló de la implantación de un test de integración o un examen de españolidad para todos aquellos inmigrantes que optaran a la nacionalidad. Pero no será la única novedad. Se esperan muchos más, desde la supresión del arraigo, unas de las pocas vías posibles para conseguir la regularización, hasta cambios en los requisitos para optar por la nacionalidad española.“Está claro que habrá cambios en la Ley de Extranjería -dice la ex diputada socialista y presidenta de la Asociación Aesco, Yolanda Villavicencio- lo han venido anunciado y los van a hacer y, como ocurre siempre, termina afectado al eslabón más débil que son los inmigrantes. Y no sólo en el nivel jurídico, con la crisis se esperan muchos recortes, la suspensión de ayudas y recursos y esto nos lleva a que los inmigrantes se van a empobrecer más”.En el apartado 3.6 del programa electoral titulado ‘Integración: mismos derechos, mismas obligaciones’, los populares plantean que toda persona que quiera obtener la nacionalidad va a “requerir el conocimiento de los valores fundamentales contemplados en la Constitución que son la base de nuestra sociedad, y el conocimiento suficiente de la lengua, la historia y cultura españolas. Se dará una solemnidad adecuada al acto de adquisición de la nacionalidad española”.En otras palabras, quienes quieran hacerse ciudadanos españoles tendrán que estudiar primero la historia y la cultura del país, presentar un examen, aprobarlo y luego acudir a una ceremonia que en nada se parece a la actual, en la que no hay ningún tipo de “solemnidad”.Los requisitos para adquirir la ciudadanía española, entonces, cambiarían considerablemente, pues hasta ahora los trámites eran estrictamente administrativos. El ciudadano que viviera de manera legal en España podía acercarse al Registro Civil más cercano, entregar la documentación requerida y esperar a que la tramitación se realizara. Una vez aprobada, el paso a seguir es jurar o prometer fidelidad al Rey, a la Constitución y a las leyes. Con el cambio de Gobierno español, todo esto cambiará.“El miedo que muchos tenían de darle todo el poder al PP en el Congreso, con una mayoría absoluta, era éste, que en adelante podrá aprobar todas las leyes que quiera sin tener que discutirlas o pedir apoyos. Harán lo que quieran hacer y está muy claro que han puesto a la inmigración en su punto de mira y ya han disparado contra el arraigo social, una de las pocas fórmulas efectivas que tienen los inmigrantes irregulares para obtener sus papeles”, dice José Tablada, de la Asociación Ser de Inmigrantes.Requisitos a pruebaEn Cataluña, donde han tomado fuerza los partidos que han enfilado sus baterías contra la inmigración, ya se utiliza el examen en el Registro Civil de Barcelona, que desde hace unos meses y hasta el pasado octubre, requería a los solicitantes una prueba sobre cultura general española, sin que éste estuviera contemplado en ninguna ley.Muchas de las asociaciones de inmigrantes creen que el PP también cambiará los plazos necesarios para obtener la nacionalidad, que para los latinoamericanos es de dos años, cinco años para los refugiados y un año para los nacidos en España, o que sus antepasados sean españoles también. Los ciudadanos del resto de países deben esperar diez años para obtener la nacionalidad. En este apartado, el PP en su programa está a favor de conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a los ciudadanos iberoamericanos que cumplan dos años de servicios en las Fuerzas Armadas.“Lo que le interesa ahora al PP -dice Ignacio Suárez, militante de ese partido-- y no puedo saber por qué algunos se oponen, es una inmigración cualificada. Ya hubo una política de puertas abiertas que no se puede repetir, pero si España necesita médicos y enfermeras, especialistas en un área, universitarios y trabajadores titulados, sus esfuerzos en inmigración debe centrarse en organizarla”.Desde siempre el PP ha planteado una “mejor organización y más control de la inmigración” y ha propuesto una política más restrictiva a la hora de aceptar personas que vienen de otros países. Cuando la regulación de al menos 600 mil inmigrantes sin papeles de Rodríguez Zapatero, los populares se opusieron de manera tajante.“Hay que esperar, sin duda alguna, que muy pronto en el gobierno de Rajoy -explica el experto en inmigración José Trajano- haya un cambio en la Ley de Extranjería, será más restrictiva”.Para Rafael Hernando, presidente de la Comisión Nacional de Inmigración del PP, se trata de “incentivar la inmigración circular vinculada al empleo y no que llegue gente a España de manera ilegal, es decir, que no vengan con visado de turista y decidan quedarse a buscar empleo. Esta es la razón del visado de búsqueda de trabajo, una figura que permite a una persona llegar a España, buscar empleo y en caso de no encontrarlo, salir del país”.En lo referente al arraigo social y laboral, el PP piensa restringirlo, y ya no será fácil que una persona que se ha quedado en España y que luego tenga una oferta de trabajo, pueda regularizar su situación.“Esto se ha convertido -explica Hernando- en la nueva vía de regularización usada por el Gobierno y ha pasado de ser un sistema excepcional a un método generalizado. Muchos inmigrantes han venido como turistas, por ejemplo, se quedan y luego al cabo de un tiempo se presentan con un contrato de trabajo y se regulariza. Con la reforma quedaría solo para situaciones muy excepcionales”.No es todo. La batería de medidas del PP contempla que el extranjero que se quede sin empleo regrese de forma voluntaria a su país sin perder su permiso de estancia y pueda volver “sin ningún otro tipo de trámite”. También quiere unificar los criterios y las políticas en lo que se refiere a la expedición de permisos de trabajo, algo que ya estaban haciendo varias autonomías como Cataluña o País Vasco.En la última discusión sobre la Ley de Extranjería el Partido Popular presentó un total de 61 enmiendas, lo que significa que los cambios serán muchos más. El debate sobre la inmigración aún tiene camino por recorrer.España otorga cerca de 70 mil arraigos cada año y se estima que hay unos 300 o 500 mil inmigrantes de manera irregular. ¿Qué va a pasar con ellos?No se sabe. Expulsarlos a todos saldría demasiado caro.