Incautan en Colombia 4.6 millones de euros a expresidente regional de Madrid

La Justicia española, en colaboración con la panameña y la colombiana, incautó 4.6 millones de euros (unos 16 mil millones de pesos) y diferentes inmuebles en Colombia, propiedad del expresidente regional de Madrid, Ignacio González, relacionados con un caso de corrupción con nexos en Latinoamérica.

Esa cantidad es el patrimonio que González habría reunido por sus actividades delictivas vinculadas con el Canal de Isabel II, empresa pública de aguas de Madrid que presidió y que se expandió a diversos países latinoamericanos, según informó este viernes confirmaron a EFE fuentes de la investigación.

La incautación se enmarca en la denominada ‘Operación Lezo’, que investiga el posible sobrecosto en la adquisición en 2001 por parte del Canal de la filial latinoamericana Inassa y la compra supuestamente fraudulenta, en 2013, de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes.

La compañía brasileña se compró por 21.4 millones de euros (casi 75 mil millones de pesos), pero un mes después su patrimonio neto era de 10.6 millones (37 mil millones de pesos) y otro año después apenas de 5.3 millones (cerca 19 mil millones de pesos).

La Fiscalía colombiana también está investigando las supuestas irregularidades del Canal a través de la filial Inassa, en las ciudades donde ha participado en la gestión de agua como Barranquilla y Rioacha, entre otras.

Tras el escándalo, el Canal anunció el pasado mayo que venderá todas sus empresas en América Latina a través de un proceso "ordenado".

Ignacio González, que presidió la región de Madrid entre 2012 y 2015, salió el 8 de noviembre de la prisión madrileña donde se encontraba desde hacía más de seis meses, tras pagar 400 mil euros (1400 millones de pesos) de fianza impuesta por la Audiencia Nacional. Según la cadena SER, la incautación del botín ha sido decisiva para permitir su libertad condicional.

El expresidente regional madrileño y otra decena de altos cargos detenidos el pasado mes de abril en España, están acusados de utilizar la empresa pública de aguas de la capital en un desfalco de 23 millones de euros (80 mil millones de pesos) por medio de transacciones en sus filiales en América Latina