Gobierno argentino versus diario El Clarín, una pelea que sigue empatada

Diciembre 23, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Patricia Lee Corresponsal de El País, Buenos Aires
Gobierno argentino versus diario El Clarín, una pelea que sigue  empatada

El lunes Martín Sabbatella, izquierda, titular del organismo regulador de medios de comunicación, se presentó a la sede del Clarín, a informar que se iban a subastar las licencias audiovisuales que exceden el cupo que le corresponde, pero el grupo apeló.

La puja, que se originó en la Ley de Medios que reduce licencias audiovisuales al grupo empresarial, también enfrenta hoy al Ejecutivo con la Justicia.

La batalla del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el grupo empresarial periodístico Clarín continúa con golpes de lado y lado. Ninguno da su brazo a torcer. Tras el fallo del 6 de diciembre favorable a Clarín, el juez Horacio Alfonso falló a favor del Gobierno y declaró constitucionales los artículos 161 y 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, SCA. Estos dos artículos son cuestionados por Clarín, porque obligan a los grupos de medios de comunicación a desinvertir si superan determinado número de licencias de radio o televisión. El grupo Clarín apeló la sentencia, y el Gobierno envió el caso a la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra.Constitucionalidad en cuestiónEl juez Horacio Alfonso dictaminó la constitucionalidad de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios, cuestionados por Clarín. El primer artículo establece el plazo de un año para desprenderse de las licencias que superen los máximos establecidos por el Artículo 45 de la ley. La Ley de Medios fue aprobada en 2009 como resultado del trabajo de un conjunto de organizaciones sociales y su propósito era, según el Gobierno, democratizar el control de los medios audiovisuales. La nueva ley establece que las licencias se distribuirán en tercios: uno para el estado, uno para los privados y uno para las instituciones sin ánimo de lucro, impone un mínimo de producción nacional, establece que ningún grupo mediático puede tener más de diez licencias de radio o televisión por localidad, y 24 para la Tv. por cable en distintas localidades, ni más del 35% de los abonados a nivel nacional. Un mismo operador no puede tener en la misma ciudad una estación de televisión por cable y otra de televisión abierta, lo que obligaría a Clarín a desprenderse de su canal de aire, o de la empresa Cablevisión en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo.Clarín dice que esto beneficia a los grupos estatales, paraestatales y extranjeros, porque a las empresas de Tv. satelital (extranjeras) les permite cubrir las 2.200 localidades del país, mientras que a las empresas de cable nacionales solo les permite trabajar en 24 localidades. También dice que la Ley de Medios permite a los grupos extranjeros tener 40 o más canales de cable, pero a los argentinos solamente uno, aunque estos son de libre creación como los diarios y los sitios de Internet, y que a los medios estatales les permite llegar al 100% del país, mientras que a los privados solo al 35%. El resultado, según Clarín, es que más del 80% de la radio y los canales de televisión dependen del Gobierno, ya sea porque están en manos de empresarios amigos, o porque reciben enormes cantidades de publicidad oficial.Consultado por El País, el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, aseguró que “se viola la libertad de expresión si se avanza en la división de un medio para debilitarlo y si por el hecho de ser crítico, “se lo vuelve insustentable, inviable económicamente y susceptible de quedar sometido a las presiones del Gobierno”. “Si no permite que haya medios eficientes que puedan hacer frente a esas presiones, lo que está construyendo es un sistema de medios débil que pone en duda la posibilidad del pluralismo de opiniones”, agrega.Heridas profundas La disputa Gobierno – Clarín ha abierto una grave crisis institucional entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. La presidenta Cristina Kirchner denunció que hay “fierros judiciales”, una metáfora para hablar de un golpe de Estado judicial, y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, calificó de “cámara de mierda”, a los jueces que fallaron a favor del grupo Clarín el 6 de diciembre.El Gobierno acusa a los jueces de actuar en defensa de los intereses económicos de los grandes grupos nacionales. El periodista y escritor Horacio Verbistsky graficó esta idea en el periódico Página 12: “La figura es la de una lona en la que el Gobierno se defiende del ataque del poder económico mediático mientras al lado del ring un juez displicente, de impecable traje blanco, anota en su tarjeta los puntos que favorecen al adversario, cualquiera haya sido el desarrollo de cada round. Hasta que el Estado toma de la solapa al elegante juez y lo arroja al centro del ring para que al ayudar a su adversario también pueda comerse una réplica. Sin duda, es una salvajada que rompe las reglas del juego. Pero ese juego era tramposo y ahora cualquiera puede advertirlo”. Según Verbitsky, “por primera vez el dilema de la Justicia entre ser una corporación o un poder del Estado es puesto de relieve con absoluta claridad”.Ante las enormes presiones del poder político, que incluyó la remoción y recusación de jueces, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se defendió: “No somos una corporación, sino un poder del Estado porque no defendemos intereses personales, sino que defendemos las libertades de los ciudadanos frente a los poderes económicos y los otros poderes del Estado”.La disputa con la justicia coincidió con la sentencia absolutoria a los 13 acusados de secuestrar y vender a una red de trata de personas, hace diez años, a la tucumana Marita Verón, que sigue sin aparecer. Cristina Kirchner, consciente de la indignación que provocó la sentencia absolutoria, unificó todos los reclamos contra la justicia en un mismo paquete. Pero las batallas judiciales entre el Gobierno y Clarín, que se han convertido en un enfrentamiento entre la Justicia y el Ejecutivo, suceden en las alturas, ante la mirada indiferente de los ciudadanos, que por estos días compran los regalos de Navidad y se preocupan por más por el anuncio del aumento en las tarifas del transporte, por el mal funcionamiento de los trenes, o por las noticias de los saqueos de supermercados en la idílica ciudad de Bariloche.Otros enfrentamientosLas peleas entre el grupo Clarín con el gobierno empezaron en el mandato de Néstor Kirchner y siguieron con Cristina Fernández. Todavía se recuerda el ocurrido en diciembre del 2007 cuando el presidente Kirchner aprueba la fusión de las dos principales empresas de cable, Multicanal y Cablevisión, de propiedad del grupo Clarín.Otro problema surgiría en el 2008, en marzo, cuando el gobierno de Fernández se enfrenta con Clarín por la cobertura que hace el grupo multimedios del conflicto.En agosto del 2009, el Gobierno le quita a Clarín la transmisión de los partidos de fútbol argentino. Un mes después 200 inspectores realizan un operativo fiscal las sedes del grupo.El Gobierno, en agosto del 2010, anunció la caducidad de Fibertel, la proveedora de Internet del grupo Clarín, que le brinda servicios a un millón de usuarios.Al mes siguiente se agudiza la pelea cuando el Ejecutivo presenta una denuncia contra Clarín y La Nación, por supuestos delitos de lesa humanidad en la adquisición durante la dictadura (1976/83) de la única fábrica de papel para diarios.Los enfrentamientos continuarían en el 2001 cuando un juez ordena la intervención de la sede de Cablevisión.Pero la puja entre el conglomerado y el Gobierno se daría con más fuerza este año, cuando este último anuncia que a partir del 7 de diciembre licitará las licencias de radio y Tv. de toda empresa que exceda los topes, de acuerdo con la Ley de Medios que promovió el Ejecutivo y que aprobó el Congreso el 2009.En resumen La pelea judicial entre Clarín y el Gobierno se trasladó a un tribunal de alzada, luego que el juez Horacio Alfonso aceptara la apelación que presentó el grupo empresarial contra su fallo del 14 de diciembre en el que declaró la constitucionalidad de varios artículos objetados y la envió, con efectos suspensivos, a la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. La decisión dejó vigente la medida cautelar que mantiene suspendida la obligación de que Clarín presente un plan para desprenderse de las licencias de señales audiovisuales en las que se excede según la Ley de Medios de 2009.El gobierno de la presidenta Cristina Fernández ropostó y presentó un recurso ‘per saltum´ ante la Corte Suprema de Justicia donde solicitan que la Corte se aboque al tratamiento inmediato de la causa judicial que promoviera tiempo atrás el Grupo Clarín. El ejecutivo exige a Clarín que se desprenda de inversiones en el mercado audiovisual tal como se han mostrado dispuestos a hacer otros medios periodísticos en cumplimiento de la ley que busca, según el Gobierno, terminar con los monopolios.El lunes Martín Sabbatella, jefe del organismo estatal que regula el mercado audiovisual, se presentó en la sede de Clarín para iniciar el proceso para licitar en subasta pública sus licencias excedentes. Pero esa pretensión se topó con la resolución del juez Alfonso y no se pudo cumplir.

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