Expectativa y tensión en España por posible declaración independentista de Cataluña

Expectativa y tensión en España por posible declaración independentista de Cataluña

Octubre 09, 2017 - 11:30 p.m. Por:
Agencia EFE
Cataluña

El domingo se realizó una manifestación convocada por Societat Civil Catalana, en Barcelona, en defensa de la unidad de España bajo el lema “¡Basta! Recuperemos la sensatez”, en la que participaron miles de personas.

EFE

España vive horas de expectativa y tensión por lo que pueda pasar hoy en el Parlamento de Cataluña, donde se analizarán los resultados del referéndum y ante la posibilidad de que el presidente de esa región, Carles Puigdemont, acuda con la hipótesis de declarar unilateralmente la independencia.

El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, ante esa situación aseguró ayer que “hará todo lo que haga falta” para impedir la independencia de Cataluña.

Rajoy congregó ayer a la dirección de su partido (PP) a una reunión donde se analizó la situación en Cataluña a la espera de saber si Puigdemont anuncia hoy la independencia en una comparecencia prevista para las 4:00 p.m.

“Vamos a impedir la independencia de Cataluña. Tomaremos las medidas que sean necesarias para impedirlo. La separación de Cataluña no se va producir. El Gobierno hará todo lo que haga falta para que así sea”, fueron las palabras de Rajoy, según informó el portavoz del PP, Pablo Casado.

El pasado 1 de octubre tuvo lugar en Cataluña un referéndum soberanista ilegal que, según el Ejecutivo regional, registró 2,04 millones de votos favorables a la secesión, un hecho que, según Puigdemont, legitima esa aspiración.

En principio la comparecencia del líder catalán en el Parlamento regional es para informar sobre la situación política en Cataluña tras la consulta de la semana pasada, pero nadie duda de que hará algún tipo de anuncio.

Hoy todas las miradas convergen en Puigdemont (PDeCAT, centroderecha independentista), que en los últimos días ha asegurado que dará curso al mandato independentista, pero ha dejado alguna puerta abierta a no hacerlo de manera radical.


La coalición de gobierno en Cataluña (JxSí, formada por independentistas de centroderecha y republicanos de izquierda) no aclaró ayer el contenido de la intervención de Puigdemont, aunque sus aliados secesionistas de CUP (antisistema de izquierda) insisten en que el presidente catalán debe declarar de la independencia de forma unilateral, tras la consulta del 1-O.

A este respecto, el dirigente del PP Pablo Casado generó una fuerte polémica tras advertir a Puigdemont de que puede acabar como el líder nacionalista Lluis Company, que en octubre de 1934 proclamó la República Catalana, aunque unas horas más tarde fue detenido y acabó en prisión.

Lea también: Independencia de Cataluña, una 'amenaza' cada vez más real para España

El Gobierno español tampoco aceptará la hipótesis de que Puigdemont declare la independencia pero la difiera durante unos meses para dar oportunidad a un eventual diálogo, según Casado.

Frente a estas eventualidades el Ejecutivo de Rajoy actuaría “con mano firme y sin complejos”, según el portavoz del PP, quien no descartó ninguna medida que permite la Constitución o el Código Penal.

Eso incluye el Artículo 155 de la Constitución, que prevé que el Estado central asuma directamente las competencias de una región cuyos dirigentes incumplan la ley y que nunca se ha aplicado en casi cuarenta años de vigencia de ese texto.

Ayer fueron muchas las voces que reclamaron a Puigdemont un gesto de sensatez para que mañana renuncie a la eventual declaración unilateral de independencia.

El líder socialista (Psoe), Pedro Sánchez, el secretario de Organización de Podemos (izquierda), Pablo Echenique y el líder liberal (Ciudadanos), Albert Rivera, hicieron llamamientos en ese sentido.

También lo pidió una figura de referencia en Cataluña, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien además reclamó al líder catalán y a Rajoy que “no tomen ninguna decisión que pueda dinamitar la posibilidad de un espacio de diálogo”.

En el mismo ámbito empresarial, la patronal catalana, Foment del Treball, ve riesgo de "”insolvencia económica” en la región si se da “un paso más en el incierto camino” hacia la declaración unilateral de independencia y, mediante un comunicado, exigió “responsabilidad a los dirigentes políticos”.

Planeta también se va

El Grupo Planeta, principal grupo editorial y audiovisual de España, anunció ayer que trasladará su sede social de Barcelona a Madrid “si se produce una declaración unilateral de independencia en Cataluña”.

Planeta explicó que la decisión de trasladar su sede ha sido adoptada por su Consejo de Administración “ante la inseguridad jurídica que se produciría” en Cataluña. El Consejo valoró en su decisión la protección de “los intereses de accionistas, empleados y del proyecto empresarial”.

Planeta dijo que “el traslado del domicilio social no comporta movimiento de empleados ya que cuenta con sedes operativas en diversas ciudades de España”.

El anuncio de Planeta llega después de que decidieran cambiar su sede compañías como Caixabank, Banco Sabadell, Gas Natural, Aguas de Barcelona, la inmobiliaria Colonial y la concesionaria de autopistas Abertis.

Acusan a Jefe de Policía

La Guardia Civil española acusa al jefe de la Policía regional de Cataluña (Mossos d’Esquadra), Josep Lluis Trapero, de inacción en el referéndum del 1 de octubre y de responder con ello a un plan premeditado “en conexión directa” con el Gobierno catalán.

Así consta en el informe que la Guardia Civil envió a la Audiencia Nacional con motivo de la causa abierta por un presunto delito de sedición contra Trapero, entre otros.

La actuación de los Mossos d’Esquadra durante la votación del 1 de octubre ha sido polémica, puesto que la Justicia les había encargado precintar los colegios electorales y requisar urnas y papeletas. Sin embargo, no intervinieron en todos los casos, lo que obligó a las autoridades españolas a ordenar que lo hicieran los agentes de la Guardia Civil y la Policía que se desplazaron a Cataluña con motivo de la consulta.

Trapero acudió la semana pasada a la Audiencia Nacional investigado por sedición por la actuación de los Mossos durante la operación de la Guardia Civil del 20 de septiembre contra funcionarios del gobierno catalán, que se saldó con detenidos.

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