Exdictador argentino Jorge Videla, el represor que nunca se arrepintió

El exgeneral Jorge Videla, quien murió el viernes, fue el protagonista de la más cruel dictatura argentina. Sin pudor confesó el modus operandi.

El exdictador argentino Jorge Rafael Videla, quien murió el viernes a los 87 años en su celda de la prisión de Marcos Paz , no recibirá ningún honor militar cuando sea sepultado. Videla fue el máximo jefe de la dictadura más atroz de la Argentina, que entre 1976 y 1983 sometió al país a una violencia de Estado como ningún otro gobierno de facto en el continente, con miles de detenidos y exiliados, la institucionalización de la tortura, la desaparición de cerca de 30.000 personas, el secuestro de mujeres embarazadas que parían en cautiverio para luego ser arrojadas vivas al mar con una piedra atada en la cintura, mientras que por lo menos 500 niños fueron robados y su identidad suplantada, entregados a familias de militares amigos que los criaron en el engaño como propios. También con miles de sindicalistas, intelectuales, diplomáticos y hasta familiares de los propios militares detenidos y desaparecidos, con el robo y el despojo económico de grupos, empresas y familias, y la supresión total de libertades, elecciones, publicaciones, partidos y democracia. Videla tenía el alma blindada: murió sin arrepentirse. “No estoy arrepentido de nada y duermo muy tranquilo todas las noches, tengo sí un peso en el alma”, dijo en una de las pocas entrevistas que se conocen, concedida al periodista Ceferino Reato, en 2012 en su celda. ResponsabilidadesEl Proceso de Reorganización Nacional que dio el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón, nombró a Videla como presidente, cargo que ejerció hasta 1981, cuando fue reemplazado por el general Roberto Viola. El putsch en Argentina fue parte de una sucesión de golpes como el de Augusto Pinochet en Chile en 1973, que colocaron al sur del continente bajo un cono de sombra y represión, bajo coordinación del Departamento de Estado de Estados Unidos comandado por Henry Kissinger, como se ha comprobado tras la apertura de los archivos en Washington.Los regímenes militares de la región actuaron de manera coordinada en lo que se conoció como el Plan Cóndor. Con el pretexto de combatir a la guerrilla, asesinaron a miles de personas por el delito de ser opositoras, de izquierda, sindicalistas, o personalidades de la cultura y aplicaron el plan económico de la Escuela de Chicago y de la “terapia de choque”, que consistía en la apertura, la reducción del papel del Estado y el endeudamiento. En una entrevista con el diario Cambio 16, Videla explicó que el golpe de Estado “no fue un rayo en cielo sereno”, y estableció una continuidad entre el gobierno de María Estela Martínez de Perón, que sucedió a su esposo Juan Domingo Perón, a su muerte en 1974, y el golpe de Estado. En medio de una grave crisis económica, descrédito del Gobierno y aumento de las acciones de los Montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, el presidente interino, el peronista Italo Lúder, llamó a los comandantes de las Fuerzas Armadas a una reunión para pedirles su opinión. “Italo Luder llegó a firmar los decretos para que las Fuerzas Armadas del país pudieran actuar en la lucha contra los subversivos y el terrorismo. Se había logrado un acuerdo entre el poder político y los militares para luchar conjuntamente contra el terrorismo”, “hasta el aniquilamiento definitivo”, recuerda Videla, que era el jefe del Ejército. “A partir de ese momento, el país entra en una guerra, pues no salimos como Fuerzas Armadas a cazar pajaritos, sino a combatir al terrorismo y a los subversivos. Estamos preparados, como militares, para matar o morir, estábamos en una guerra ante un enemigo implacable”, recuerda. “Las desapariciones se dan luego de los decretos de Luder, que nos dan licencia para matar. Desde un punto de vista estrictamente militar, no necesitábamos el golpe; fue un error porque le quitó legitimidad democrática a la guerra contra la subversión”, agrega. Videla relata que "el máximo líder del radicalismo, Ricardo Balbín, que era un hombre de bien, 42 días antes del 24 de marzo, se acercó a mí para preguntarme si estábamos dispuestos a dar el golpe, ya que consideraba que la situación no daba para más y el momento era de un deterioro total en todos los ámbitos de la vida. “¿Van a dar el golpe o no?”, me preguntaba Balbín, lo cual para un jefe del Ejército resultaba toda una invitación a llevar a cabo la acción que suponía un quiebre en el orden institucional. Los radicales apoyaron el golpe, estaban con nosotros, como casi todo el país”.El golpe, explica, “estaba previsto en el guión y todos los sectores políticos y sociales habían sido consultados para confluir en ese resultado esperado”. “Mi relación con la Iglesia fue excelente, Teníamos a capellanes castrenses asistiéndonos y nunca se rompió esa relación de colaboración y amistad”. “Los empresarios también colaboraron y cooperaron. Incluso nuestro ministro de Economía de entonces, Alfredo Martínez de la Hoz era un hombre conocido de la comunidad de empresarios de Argentina y había un buen entendimiento y contacto”.La ‘Disposición Final’En la entrevista con Ceferino Reato, Videla describió con lujo de detalles el método de desaparición de personas, lo que él llamó ‘Disposición Final’: “Son dos palabras muy militares y significan sacar de servicio una cosa por inservible. Cuando, por ejemplo, se habla de una ropa que ya no se usa o no sirve porque está gastada, pasa a Disposición Final. Ya no tiene vida útil”.Los militares concluyeron que no podían llevar a los miles de detenidos ante la Justicia, porque iban a ser liberados. En la entrevista a Cambio 16, Videla dice: “Tampoco podíamos fusilarlos. ¿Cómo íbamos a fusilar a toda esa gente? No había otra solución”, agrega. “Necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta”. Por eso, “se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera; cada desaparición puede ser entendida ciertamente como el enmascaramiento, el disimulo, de una muerte”.En su vejez, Videla reconoce que “nos resultó cómodo entonces aceptar el término de desaparecido, encubridor de otras realidades, pero fue un error que todavía estamos pagando y padeciendo muchos”.El fin de su régimen El apogeo de los militares llegó en 1978, con el Mundial de Fútbol realizado en el país, Videla entregó al equipo nacional la preciada copa. Pero a partir de entonces, la unidad militar se empezó a resquebrajar. “Yo mantenía que el proceso, en esos momentos, tenía que ser capaz de dejar su descendencia”, dice Videla, dejando el gobierno a los políticos aliados, pero las discrepancias dentro de la Junta fueron ganando fuerza.En 1981, Videla fue reemplazado por el general Viola. En 1982, el general Leopoldo Fortunato Galtieri retomó las islas Malvinas, ocupadas por los ingleses desde el Siglo XIX, pero tras una cruenta guerra que dejó mil argentinos muertos, Argentina se rindió. Galtieri cayó en medio de masivas protestas populares y fue reemplazado por el general Reynaldo Bignone, que convocó a elecciones para octubre de 1983, en las cuales ganó el radical Raúl Alfonsín, restaurando la democracia.En 1985, bajo el lema “Nunca más”, Alfonsín puso en marcha el histórico juicio a las Juntas Militares, el único juicio hecho a las cúpulas de una dictadura en América Latina, que concluyó con condena a generales acusados de crímenes de lesa humanidad. Videla fue condenado a prisión perpetua y destitución del grado militar.Sin embargo, en 1987, tras una rebelión militar contra los juicios, Alfonsín promovió las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, que terminaron todas las causas contra militares. En 1990, el gobierno de Carlos Menem concedió el indulto a Videla y demás miembros de las Juntas Militares. En 2003, gracias a la presión social y de familiares y organismos de derechos humanos, por iniciativa de la diputada Patricia Walsh, hija del periodista Rodolfo Walsh, asesinado por la dictadura, el Congreso declaró la nulidad de las leyes de impunidad y se reabrieron los juicios contra los militares. Videla fue condenado a reclusión perpetua por el asesinato de presos políticos en Córdoba y a 50 años de cárcel por el robo de bebés, pena que cumplía en una cárcel común. Actualmente, enfrentaba el juicio por el ‘Plan Cóndor’. La última visita a los tribunales fue el martes pasado, pero se negó a declarar, leyendo un manifiesto en el que asumió las “responsabilidades castrenses por lo hecho en la guerra contra el terrorismo”.