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Estos son los líos en las obras de ampliación del Canal de Panamá

Además de la falta de liquidez del consorcio que ejecuta la ampliación del Canal, la obra ha enfrentado conflictos laborales.

12 de enero de 2014 Por: Redacción de El País

Además de la falta de liquidez del consorcio que ejecuta la ampliación del Canal, la obra ha enfrentado conflictos laborales.

Desde el mismo momento en que, en el 2009, el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) resultó ganador de la licitación para construir el tercer juego de esclusas en el Canal de Panamá, se cuestionó esa decisión. Ellos ofrecieron US$3120 millones contra US$4185 millones y US$5548 millones de los otros dos proponentes que participaron en la convocatoria. Los perdedores, de inmediato, aseguraron que con ese dinero no se podría ejecutar la obra. Y el tiempo les ha dado la razón: el proyecto más importante de infraestructura que se hace en Latinoamérica, en el que se tienen previstas inversiones por US$5200 millones, podría quedar inconcluso.El consorcio Grupo Unidos está pidiendo US$1600 millones adicionales por supuestos sobrecostos en los que han incurrido las empresas que lo integran (Sacyr, Impregilo y Jan de Nul), pero la Autoridad del Canal de Panamá no está dispuesta a suministrarlos porque asegura que esos gastos no están justificados.María Claudia Álvarez, directora de la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI, en el Suroccidente, considera que la situación que se presenta en Panamá evidencia una vez más la necesidad de revisar los procesos de licitación que se otorgan al menor valor, pues en su mayoría terminan en problemas, como ha sido el caso de decenas de obras desarrolladas en Colombia. “Cuando se ganan licitaciones con precios artificiales todos se perjudican por los retrasos y sobrecostos de las obras. Eso no puede seguir sucediendo. Otro punto a revisar es la llegada de firmas internacionales que no vienen a construir desarrollo a estos países”, afirma.Los líos de la obraLa ampliación del Canal de Panamá no se ha visto amenazada solo desde el inicio del 2014. La firma española Sacyr, uno de los principales socios del Grupo Unidos por el Canal, viene presentando líos económicos desde hace un par de años y ya las obras tienen un atraso de ocho meses. En Panamá y Estados Unidos se han interpuesto demandas contra el consorcio por no pagar a sus proveedores. Incluso, en febrero del año pasado un juez del vecino país ordenó el secuestro de bienes del Grupo Unidos y la firma Ferguson Enterprises también lo demandó por no cancelar todos sus servicios.La compañía española, a su vez, venía haciendo reclamos de más recursos a la Autoridad del Canal de Panamá desde julio del 2012, sin conseguir nada y ante la falta de liquidez amenazaron paralizar las obras desde el próximo 20 de enero.La Autoridad del Canal (ACP) informó que ha sido diligente en atender las reclamaciones presentadas. “Sin embargo, el contratista ha insistido en intentar tramitar sus reclamos fuera de las condiciones pactadas en el contrato. No se pueden procesar reclamos que no se presenten dentro de los procedimientos establecidos”, afirma Jorge Quijano, administrador de la ACP, quien explica que cualquier sobrecosto en la construcción de las nuevas esclusas debe ser sustentado de tal forma que no sea atribuible a ineficiencias o falta de diligencia del contratista durante la administración y ejecución del proyecto.Esta semana, Impregilo, otro de los socios de Grupo Unidos, dijo que requería US$1000 millones para terminar la obra. Pero el Gobierno Panameño insistió en que no es posible y más cuando el consorcio ya recibió US$2800 millones, de los US$3200 que vale el contrato. A lo máximo que ha cedido el Canal es a girar un anticipo por US$100 millones y extender por dos meses el plazo del pago por US$83 millones que tiene pendiente el consorcio. A los conflictos económicos se suman los laborales, tanto el consorcio como la Autoridad del Canal han sufrido la presión de los trabajadores que en varias ocasiones denunciaron trato discriminatorio, bajos salarios, despidos injustificados y problemas de seguridad. Se han hecho 5 paros durante la ampliación del Canal. Uno de ellos lo generó la muerte de un trabajador. Adicionalmente, se han presentado acciones legales contra la Autoridad del Canal por violación a los derechos humanos al desalojar varios sectores aledaños a las obras y recuperar tierras que estaban ocupadas por pobladores que argumentaban estar en ese territorio legalmente.Pero sin duda lo que más preocupa es la solidez económica de los constructores. La ministra española de Fomento, Ana Pastor defendió la capacidad de Sacyr, firma que recientemente ganó licitaciones en Qatar, Dublin, Perú, Chile y tiene interés en varias obras en Colombia.La compañía española presentó utilidades a septiembre del 2003 por 82 millones de euros ($213.000 millones), cuando en el 2012 había tenido pérdidas. Aunque aún no hay acuerdo en el tema de sobrecostos, el presidente panameño Ricardo Martinelli dijo que las obras no quedarán a medias y el presidente de Sacyr también aseguró que se debe tener confianza en las negociaciones. Impacto en el ValleGabriel Corrales gerente de la Terminal de Contenedores de Buenaventura, Tcbuen, considera que lo que en este momento sucede en Panamá no tiene por qué afectar los planes de expansión del nodo portuario de Buenaventura. “La obra, antes del problema con Sacyr, ya estaba atrasadas, ahora se podrían posponer unos meses más. Buenaventura depende de la carga nacional de importación y exportación y no tanto del transbordo de contenedores, por eso, el hecho de que la ampliación del canal demore unos meses más no tiene gran impacto”. Sin embargo, reconoce que sí habrá afectación en la logística de las navieras que ya tienen un calendario determinado para empezar a mover buques de gran calado (con 13.000 contenedores) por el canal. Para Corrales, lo que es urgente es llevar la profundidad de la bahía de acceso a Buenaventura a 16 metros porque con canal o sin él llegarán barcos pospanamax al puerto. Tcbuen tiene previsto invertir este año US$90 millones para ampliar su capacidad. El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Luis Fernando Andrade, dijo que tanto en Cartagena como en Buenaventura se han hecho inversiones que llegan a los US$1000 millones para responder a la expansión del canal y que esperan tener una retribución cuando entre en operación esa vía.

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