Destituyen a Alcalde opositor venezolano y le imponen cárcel durante 12 meses

Destituyen a Alcalde opositor venezolano y le imponen cárcel durante 12 meses

Marzo 26, 2014 - 12:00 a.m. Por:
El Universal | Venezuela
Destituyen a Alcalde opositor venezolano y le imponen cárcel durante 12 meses

Daniel Ceballos, alcalde destituido de San Cristóbal, Táchira.

Se trata de Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, en el estado de Táchira.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela le aplicó este martes al alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, la misma medicina que le dio la semana pasada al entonces alcalde de San Diego, Enzo Scarano, aunque en una dosis mayor.La Sala Constitucional declaró que el dirigente de Voluntad Popular desacató las órdenes que le dio de actuar contra las barricadas y por ello lo destituyó del cargo que obtuvo el pasado 8 de diciembre y además lo condenó a pasar los próximos 12 meses tras las rejas, mes y medio más que el otrora mandatario local carabobeño.Para el abogado Enrique Sánchez Falcón, representante del sancionado, este “ensañamiento” busca “enviar un mensaje, porque la situación en San Cristóbal ha sido más difícil que en otros sitios”.Semanas atrás el presidente Nicolás Maduro admitió que la capital tachirense se encontraba fuera de control debido a las “guarimbas”.Oscuro y no transparentePese a que su sede fue una de las miles de edificaciones que se vio afectada por el apagón que ayer dejó a media Caracas a oscuras, el TSJ no aplazó el proceso contra Ceballos. Por el contrario, lo realizó y el mismo se extendió por más de seis horas.¿La razón? La planta eléctrica con la que cuenta el máximo juzgado permitió desarrollar las actividades con relativa normalidad. No obstante, al mediodía y visto que la luz no volvía las autoridades del organismo decidieron enviar a los funcionarios a sus casas para ahorrar las reservas de combustible y garantizar que la planta funcionara hasta la noche, cuando se estimaba que terminara el acto.Como ya ocurrió en el proceso contra Scarano en esta ocasión tampoco se permitió a los periodistas seguir la audiencia contraviniendo la Constitución y las leyes.El artículo 257 de la Carta Magna obliga a que los procesos judiciales se guíen por los principios de brevedad, oralidad y publicidad y la Ley Orgánica de Amparo, que es precisamente la que la Sala Constitucional acusó a Ceballos de infringir, en su artículo 26 manda que las audiencias relacionadas con presuntas violaciones a derechos fundamentales y constitucionales deben ser públicas y orales.Aunque no hubo explicación oficial del por qué se impidió a los comunicadores seguir el acto, fuentes del máximo juzgado lo atribuyeron un problema de espacio físico, pues el recinto donde se celebró, la sala de audiencias de la Sala Constitucional, estaba copada.En agosto de 2008 la Sala Constitucional celebró una audiencia oral y pública en el marco del proceso contra las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría, en virtud del número de ciudadanos y medios interesados en seguirla la realizó en el auditorio principal del TSJ, el cual tiene capacidad para acoger a un público más grande.Más que previsibleSánchez Falcón no se mostró sorprendido por el fallo contra Ceballos, por el contrario lo tachó de “calco del caso Scarano”. Sin embargo, lamentó que la Sala hiciera caso omiso a los cuestionamientos que la defensa hizo a este procedimiento, al que consideraron violatorio del debido proceso, del derecho al juez natural, a la defensa y a la doble instancia.“El TSJ se convirtió en una especie de tribunal especial. Aquí se condenó a alguien sin que un juez penal lo hubiera enjuiciado”, alertó, al tiempo que agregó: “El TSJ cometió tantas violaciones a los Derechos Humanos que indiscutiblemente tenemos que pensar en denunciarlas ante instancias internacionales”.El jurista se quejó que los magistrados ni siquiera repararon en el hecho de que a Ceballos le dieron la orden de actuar contra las “guarimbas” el pasado día 18 y que al día siguiente ya estaba detenido por otro caso relacionado.“Mal podía cumplir una orden judicial sino estaba ejerciendo su cargo”, puntualizó.Sánchez confirmó que todos y cada uno de los once testigos rindieron testimonio contra el condenado. Fuentes judiciales indicaron que ocho fueron llevados por la Defensoría del Pueblo y tres más por el Ministerio Público.

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