Denuncian en CIDH ley habilitante de Venezuela

La ley habilitante con la que el Legislativo otorgó en diciembre poderes por 18 meses al presidente Hugo Chávez sienta un "precedente gravísimo", por crear leyes penales a través de decretos, dijeron el martes expertos en derecho público durante una audiencia de CIDH.

La ley habilitante con la que el Legislativo otorgó en diciembre poderes por 18 meses al presidente Hugo Chávez sienta un "precedente gravísimo", por crear leyes penales a través de decretos, dijeron el martes expertos en derecho público durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Carlos Ayala describió como un "precedente único en la historia legislativa" decretos como el emitido por Chávez el 2 de marzo, en el que se tipifican varios delitos de índole financiero y sus respectivas penas.Según Ayala, quien es profesor de derecho constitucional y del centro de derechos humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el citado decreto fue emitido violando los artículo 7 y 9 de la convención americana de derechos humanos, según el cual las personas pueden ser privadas de libertad solamente según leyes pre existentes con lo que pone en duda lo estipulado por el decreto-ley de Chávez.El diputado oficialista Carlos Escarrá, en representación del Estado venezolano, respondió que las leyes habilitantes tienen una larga tradición en la historia venezolana, ya que desde 1945 se han emitido 242 decretos durante el mandato de diferentes presidentes. No se refirió a la presunta violación del artículo 7 esgrimida por Ayala.Ayala reconoció que gobiernos venezolanos anteriores emitieron habilitantes y que con "casi todas se abusaron" pero explicó que "no son fuente de derecho según la convención americana. El problema es que en este caso el presidente no tiene la facultad de restringir el debido proceso creando delitos y penas".Los peticionarios solicitaron a la CIDH la elaboración de un informe sobre la incompatibilidad de la ley habilitante con la convención americana, un seguimiento a los siete decretos-leyes emitidos hasta el momento y que pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre los límites que establece la convención para dictar decretos.Escarrá criticó a los peticionarios por plantear argumentos en base a un "estado formal de derecho que ya no existe en Venezuela, porque hemos pasado a un estado social de justicia y de democracia representativa".El diputado señaló que la ley habilitante no le resta facultades a la asamblea legislativa, y dijo que las 30.000 familias damnificadas por las fuertes lluvias justificaron la medida para reformar varias leyes tales como las de ordenación territorial, urbanismo, tenencia de tierras, salud y trabajo.Chávez obtuvo las facultades extraordinarias contempladas en la ley habilitante a escasas semanas de que se instalara en enero una nueva Asamblea Legislativa en la cual la bancada oficialista no tiene suficiente representación para aprobar por sí misma todas las normas y debería negociar con los 67 diputados opositores para aprobar normas que requieran apoyo de dos terceras partes de los 165 diputados.Durante una audiencia posterior, cuatro mujeres solicitaron a la CIDH que reconozca la condición de presos políticos a 27 personas, se inste al Estado a respetar el debido proceso, la independencia de poderes y que admita cuatro de esos casos en los cuales alegan el agotamiento de las instancias judiciales nacionales para lograr justicia.Además, dijeron que seis de los 27 presos necesitan atención médica inmediata.Indira de Peña Esclusa, una de las cuatro peticionarias, dijo que los presos políticos son un "subproducto del sistema, en el que el estado de derecho se usa para preservar un modelo político".Escarrá respondió que un preso político es alguien privado de libertad por defender ideas políticas, pero "algo diferente es un político preso, alguien que ha cometido delitos de derecho común y está preso" , como considera que ha ocurrido en los casos expuestos.