Declaración de independencia de Cataluña está estancada

El Gobierno español pidió ayer claridad al presidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, y aseguró que no aceptará respuestas ambiguas sobre si declaró o no la independencia de esa región española que, de seguir en la situación de inestabilidad actual, podría entrar en recesión económica.

El próximo lunes 16 de octubre termina el plazo para que Puigdemont responda al requerimiento que el Gobierno le envió el miércoles pasado para que aclare lo que dijo en su confuso discurso ante el Parlamento catalán.

Si el líder catalán no da una respuesta negativa a la declaración de independencia, se activará la segunda fase del Artículo 155 de la Constitución, que otorga al Ejecutivo español la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las comunidades autónomas.

Así lo explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien reiteró que las autoridades catalanas “aún están a tiempo de recuperar la normalidad institucional” y poner fin a la “inestabilidad”.

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La Vicepresidenta instó a Puigdemont a volver al orden constitucional y a que exponga sus propuestas en el Congreso de los Diputados, donde están los “mediadores”, aquellos que representan a “todo el pueblo español”.

Resaltó, además, que se le ha ofrecido diálogo “en el marco de la Ley y en el seno del Parlamento” español, de modo que lo instó a plantear sus ideas en el Congreso, en concreto en la comisión de estudio del modelo territorial español.

También alertó del daño que el proceso secesionista está teniendo en la economía catalana, ya que la agencia de medición de riesgos Standard & Poor's apuntó este jueves que el conflicto podría llevar a esta comunidad autónoma española a la recesión.

Además Sáenz de Santamaría advirtió de que el Gobierno tendrá que bajar la previsión de crecimiento económico para 2018, que actualmente está en el 2,6 %, si no hay una “pronta solución” a la situación de Cataluña.

El ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, dijo que la crisis catalana se complica desde la economía.

Al menos 540 empresas han cambiado su sede social de Cataluña a ciudades de otras regiones españolas desde el referéndum ilegal de autodeterminación del 1 de octubre pasado.

De las que 533 se trasladaron entre los días 9 y 11, según datos provisionales del Colegio de Registradores de España.

Ha sido el caso de bancos como CaixaBank y Sabadell, la energética Gas Natural Fenosa, el grupo editorial Planeta, Aguas de Barcelona y la concesionaria de autopistas Abertis.