Cuba tiene 140 presos políticos, el doble que hace un año: opositores

El número de presos políticos en Cuba alcanza los 140 encarcelados, cifra que se ha duplicado en el último año, cuando la represión política está "más extendida" y es "más selectiva", según la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (Ccdhrn).

En su último informe mensual, la Comisión indica que, 70 internados se registraron en abril de 2016, mientras que ahora hay al menos 140 "condenados o procesados por motivos políticos o internados bajo condicionamientos políticos", 54 de ellos miembros de la disidente Unión Patriótica de Cuba (Unpacu).

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La Ccdhrn registró el pasado abril 475 detenciones arbitrarias por motivos políticos, 43 más que en marzo, 11 agresiones físicas, 9 casos de hostigamiento y 2 actos de repudio.

Aunque no aparece en el computo mensual, referido a abril, permanece detenido desde el pasado primero de mayo el opositor Daniel Llorente, acusado de "desorden público y resistencia" a la autoridad, tras enarbolar la bandera de Estados Unidos al inicio del desfile por el Día del Trabajo en la Plaza de la Revolución de La Habana.

De acuerdo a sus conclusiones, en el último año el régimen evita las detenciones políticas y utiliza la "represión preventiva", que está "más extendida", es "más selectiva" y "menos ruidosa".

Esa represión se manifiesta bajo "amenazas policiales" y otras "acciones intimidatorias sistemáticas", como las prohibiciones para viajar dentro de Cuba o al extranjero, los registros domiciliarios, las confiscaciones arbitrarias de materiales, medios de trabajo y dinero, el espionaje y las campañas difamatorias, así como las multas abusivas y desproporcionadas.

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El informe recuerda los casos de la profesora Dalila Rodríguez y la estudiante Karla Pérez, expulsadas por "motivos claramente políticos" de la Universidad de Santa Clara (centro del país), en "acciones represivas separadas" ocurridas también en abril.

A ello se suma el caso del Centro de Información Legal Cubalex, que daba asesoría legal a personas privadas de libertad en Cuba, liderado por la abogada Laritza Diversent, quien obtuvo asilo político en Estados Unidos la semana pasada junto a miembros de su equipo por "falta de seguridad" en la isla. 

Diversent aseguró que la decisión de abandonar el país se empezó a gestar tras el allanamiento que sufrió en septiembre la sede de Cubalex, a la que las autoridades cubanas acusaban a la organización de realizar una "actividad económica ilícita".

El Gobierno cubano considera a los disidentes "contrarrevolucionarios" y "mercenarios"; tampoco registra oficialmente a ningún preso político en sus cárceles, ya que aduce que se trata de presos por delitos comunes.