Corrupción e inflación marchan contra la gobernabilidad de Dilma Rousseff

Corrupción e inflación marchan contra la gobernabilidad de Dilma Rousseff

Marzo 22, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País y AFP
Corrupción e inflación marchan contra la gobernabilidad de Dilma Rousseff

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.

El ‘destape’ del desvío de US$4000 millones de Petrobras y la crisis económica colmaron la paciencia de brasileños. Popularidad cayó al 13%.

El millón de amigos con el que antaño soñaba el legendario Roberto Carlos es justo el que ahora necesita su compatriota Dilma Rousseff para detener la hecatombe que amenaza su  segundo tiempo en la Presidencia de Brasil.

Porque si el hecho de haber ganado las elecciones de octubre pasado con tan solo un margen del 3 % no había sido suficiente para que la Mandataria se ‘tocara’ frente a sus gobernados, el millón de personas que el pasado domingo caminaron por las calles de Sao Paulo pidiendo su ‘impeachment’ (destitución) sí tendrá que  obligarla a actuar.

En efecto, hablando de humildad, el pasado lunes Dilma dijo que “cuando las personas se manifiestan en las calles, es obligación del Gobierno escuchar lo que ese acto coloca en la coyuntura”, y el miércoles anunció un paquete de siete proyectos de ley destinados a “atacar la corrupción en los distintos estratos de la Administración Pública”.

Pero el gran interrogante, según los analistas, es si estas “tibias” respuestas lograrán contener a un país indignado por el megaescándalo destapado en la estatal Petrobras -que salpica de corrupción  al Partido de los Trabajadores, PT, el mismo de la Presidenta-, así como la agudización de la crisis económica que el año pasado llevó a millares  de cariocas a protestar incluso a la realización del Mundial de Fútbol.

“Hay tres elementos: ‘Lava Jato’ -la operación policial que develó el saqueo de la petrolera-, la sensación general de la gente de que el Gobierno está aislado (...) y el económico, especialmente por el aumento de la inflación, que es un recuerdo muy vivo y que atormenta a los brasileños”, dijo Michael Mohallen, especialista en ciencias políticas de la Fundación Getulio Vargas, en Río de Janeiro.

En efecto, con una inflación que en este marzo ya ronda el  8 % y un real que se ha devaluado casi 30 % en un año, cerrando en 3,266 por dólar, las cosas no prometen mejorar para Rousseff, quien ha tenido que recurrir a medidas impopulares  como aumentar el  precio de la energía eléctrica hasta en un 39,5 %.

“El Gobierno va a tener que cambiar la política económica. Va a tener que digerir esto y tomar medidas más drásticas de austeridad económica. Y tendrá que enfrentar también la cuestión de la corrupción”, dijo Alexandre Barros, de la consultora Early Warning Political Risk.

Claro, porque a los brasileños  les resulta cuando menos irónico que desde el  Palácio do Planalto se les hable de ‘ajuste del cinturón’ cuando apenas están digiriendo el hecho de que la compañía más emblemática de Brasil haya sido víctima de una confabulación político empresarial que desvió US$4000 millones  durante la última década.

Confabulación de la que el izquierdista PT es protagonista, dado que su tesorero João Vaccari fue imputado  por la Fiscalía por los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita en relación con la petrolera.

Pero en medio de las investigaciones, el  Supremo Tribunal Federal de Brasil también ha señalado a otros 50 políticos -incluidos 2 gobernadores, 12 senadores y 22 diputados-, la mayoría de los cuales pertenecen al PT o a partidos que integran la coalición de Gobierno.

Es por ello que la Mandataria terminó  directamente implicada en el escándalo, al punto que  la oposición, formada por los partidos Social Democracia Brasileña (Psdb), Popular Socialista (Pps)  Demócratas (DEM) y Solidaridad (SD),  le pidió al Supremo Tribunal que también   la investigue a ella.

Lo cierto es que esos  señalamientos, que para algunos tienen más piso político que jurídico, y por supuesto los marchantes del domingo, que sumaron 1,7 millones en 83 ciudades, estarían detrás de la caída al 13% de la popularidad que reportó un sondeo de la firma  Datafolha publicado el miércoles de esta semana.

Ese nivel de reprobación del 62 %, cuando el segundo periodo de Rousseff aún no arriba a su tercer mes, es  el “más alto de un mandatario desde septiembre de 1992, en vísperas del ‘impeachment’ del entonces presidente Fernando Collor”, según el diario  Folha de Sao Paulo.

Pero para el subeditor político del Correio Braziliense, Otto Valle, es claro que la destitución  no está en el horizonte cercano de Rousseff. “En Brasil, el Presidente solamente puede ser destituido por actos de impropiedad registrados durante su gobierno, no por actos cometidos antes de llegar al poder”, aseguró desde Brasilia.

Con él coincidió Mohallem, para quien la movilización del  domingo 15 “es un reclamo de la calle, no es jurídico ni político. No están ni siquiera presentes las condiciones jurídicas para hacer un ‘impeachment’. No hay delito ni improbidad administrativa”.

En cambio,  el analista político André Cesar sostiene que no se puede descartar ninguna posibilidad, porque “la opinión pública entró en el juego. Y ese es el dato más importante. Mostró la cara”. 

Y la mejor prueba de lo anterior  parece ser el movimiento  MBL, que estuvo al frente de la organización de la manifestación y para el que la Mandataria sí es responsable de la corrupción descubierta en Petrobras.

“Aunque no haya dolo, sí hay culpa, por omisión”, afirmó Kim Kataguiri, una de las jóvenes líderes del MBL, que desde convocó a otra protesta para el domingo 12 de abril.

 “Antes, muchas personas pensaban que el pedido de ‘impeachment’ era radical, pero ahora ven que no. Esto tomará más fuerza”, auguró antes de agregar que “Brasil va camino a convertirse en Venezuela y queremos impedirlo”.

No obstante, Valle insiste en que la raíz del descontento de los trabajadores cariocas  está en que la Presidenta no ha podido cumplir muchas de sus promesas de campaña, debido a que no tiene gobernabilidad, pues “ha tenido dificultades para relacionarse con el Congreso, donde muchos de sus integrantes si bien  pertenecen a la coalición en el poder, no son muy afectos a ella”.

Otra coincidencia con Mohallem, quien dice que “lo importante ahora es que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial armen una agenda que se ocupe de los reclamos de la gente: corrupción, mayor participación ciudadana y financiación de los partidos políticos”.

Pero otra cosa parece que tienen   en mente centenares de personas que el pasado domingo, cuando justamente se conmemoraban 30 años del retorno a  la democracia en Brasil, ondearon carteles en los que se leía: ‘Intervención militar ya’. La fisioterapeuta Ana Paula do Valle fue una de ellas y dijo: “Brasil está siendo destruido, solo las Fuerzas Armadas pueden salvarlo”.

 ‘Vem pra rúa’, ‘Movimiento Brasil Libre’ y ‘Revoltados Online’ son los tres grupos que lideraron la multitudinaria marcha  en Sao Paulo y otras 83 ciudades  cariocas.

Están conformados por jóvenes que niegan recibir dinero de empresas o partidos políticos para financiarse.

‘ Vem pra rúa’, (Ven a la calle) fue creado “para dar voz al pueblo brasileño, que está indignado y cansado de ser irrespetado por el Gobierno y por los políticos, que han envanecido el Estado y robado nuestro dinero”.

Según sus líderes, quieren manifestarse de manera “pacífica, democrática y constitucional” a favor de un Estado “eficiente”. Su nombre, para los expertos, evoca las masivas movilizaciones de mediados de 2013.

Movimiento Brasil Libre, MBL, a su vez, está compuesto por veinteañeros más radicales a favor de la “libertad económica” y no de la política “asistencialista” del Partido de los Trabajadores de Rousseff. Critican la “injerencia sofocante de partidos totalitarios” en las instituciones del Estado.

Por su parte, Revoltados Online es el más antiguo de los tres grupos y el más popular en las redes sociales.

Nació hace once años contra casos de pedofilia, pero en 2010 creó un perfil en Facebook y asumió un discurso netamente político.

Hoy tiene más de 700.000 seguidores en esa red, en la que publican duros mensajes contra el Gobierno. 

Su líder es Marcello Reis y ha sido vinculado al diputado ultraconservador Jair Bolsonaro.

 

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