Congreso de Honduras destituyó a cuatro magistrados de la Corte Suprema

El Congreso investigaba la conducta administrativa de los miembros de la Sala Constitucional, que hace dos semanas declaró ilegal una iniciativa del legislativo sobre pruebas de confianza que se practican en la Policía Nacional.

El Congreso hondureño aprobó el miércoles en la madrugada la destitución inmediata de cuatro magistrados de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia tras una moción presentada por el diputado Jeffrey Flores, del Partido Nacional. Con 97 sufragios a favor y 31 en contra, los legisladores aprobaron dicha destitución a las 4:00 a.m., tras la lectura de un informe elaborado por una comisión y un largo debate."La conducta de los magistrados pone en peligro la seguridad ciudadana. Es manifiestamente contraria al interés del Estado", afirmó Flores. La tensión subió el martes cuando unos 50 soldados y 25 policías se presentaron afuera del edificio del Congreso. Melvin Flores, mayor del ejército, dijo que sus soldados habían sido enviados por sus comandantes para resguardar el edificio. Sin embargo, el vicepresidente del Congreso, Marvin Ponce, dijo que él no había pedido las tropas. El presidente Porfirio Lobo ha estado enfrascado en un enfrentamiento con los jueces de la Corte Suprema, a quienes acusa de atender poderosos intereses de negocios. Dice que la misma gente que depuso en su momento al presidente Manuel Zelaya en el golpe de Estado de 2009 ahora planea deponerlo a él. Desde hace tiempo se considera que los jueces federales hondureños están vinculados íntimamente con la élite empresarial. En octubre, la Corte Suprema desestimó el plan de Lobo de construir ciudades privadas como una manera de atraer inversión y desarrollo económico, y la semana pasada declaró inconstitucional su plan de limpiar la Policía nacional, famosa por su corrupción. Horas antes, el Congreso aprobó una propuesta de ley para someter a voto popular dicho plan luego de que los tribunales lo bloquearon.En la exposición de motivos de la destitución de los magistrados, presentada por el diputado Rigoberto Chang, se explicó que "el Congreso aprobó el decreto de depuración policial con vigencia de seis meses entre el 25 de mayo y el 25 de noviembre. Fue impugnado (por la Corte Suprema) el 26 de junio y era de tramitación expedita, pero fue resuelto el 27 de noviembre cuando ya no estaba en vigencia". "La resolución emitida por la Corte no es congruente con la política de seguridad desarrollada por el ejecutivo y el legislativo y conlleva graves perjuicios a la seguridad del estado, y deja abierto que se presenten demandas millonarias por parte de los policías afectados por la depuración", agregó. Renán Hineztroza, diputado del gobernante Partido Nacional, dijo que se actuó en contra de los magistrados "pensando en los miles de hondureños que reclaman justicia por las acciones de la policía. Si la corte no nos permite aplicar la depuración policial estamos siendo burlados todos los hondureños". Pero muchos de los presentes no estuvieron de acuerdo con el resultado de la votación. José Saavedra, jefe de bancada del Partido Liberal, dijo lamentar "el mensaje expuesto a la opinión pública nacional e internacional. Se está amedrentando desde el poder legislativo al poder judicial. Se está violentando la independencia de poderes que no tienen relaciones de subordinación. Los problemas de inseguridad no se resuelven con esta decisión. Así no generamos seguridad jurídica para Honduras". Otro diputado opositor, Wenceslao Lara, del Partido Liberal, consideró que se estaba cometiendo un delito en la cámara. "Quienes ejecuten actos encaminados a remplazar al gobierno, alterar la Constitución de cualquiera de los poderes del estado o atacar su independencia serán inhabilitados entre seis y 12 años. Esto es un delito. Honduras es el país más corrupto de Centroamérica y este es un ejemplo". Por su parte, Osman Aguilar, del Partido Liberal, calificó la votación como un golpe de estado técnico en el que se llama a atentar contra la forma de gobierno del país. El fiscal general adjunto Roy Urtecho señaló el martes que "cualquier pronunciamiento, señalamiento u objeción de los otros poderes del Estado sobre posturas jurídicas de fondo suponen intromisión en el ejercicio de las potestades atribuidas por la Constitución". Urtecho adujo que con la acción en contra de los magistrados se rompe el principio de separación de poderes.Honduras ya ha pasado por este tipo de disputas previamente. Zelaya fue depuesto cuando ignoró la orden de la Corte Suprema de cancelar un referendo planeado para revisar la Constitución, prometiendo a los pobres que serían representados a la hora de planear el rumbo del país hacia el futuro. El narcotráfico y la violencia se han incrementado desde que Zelaya fue depuesto, y dos tercios de los 8,2 millones de habitantes del país viven en pobreza. Con una tasa de homicidios de 91 por cada 100.000 habitantes, con frecuencia se dice que Honduras es el país más violento del mundo. El golpe de Estado de 2009 fue un dolor de cabeza para Estados Unidos, que dejó de enviar ayuda a Honduras en sanción, pero después fue criticado por reconocer al gobierno de Lobo, quien ganó unas elecciones programadas posteriormente ese año. Lobo asumió el poder en enero de 2010 y está limitado a un solo período de gobierno, que termina el año entrante.