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Con juicio de Leopoldo López, Venezuela se encamina a una dictadura: analistas

Analistas colombianos y venezolanos hablan sobre el régimen de Nicolás Maduro y si Colombia debe pronunciarse frente al fallo al opositor Leopoldo López.

13 de septiembre de 2015 Por: Olga Lucía Criollo | El País.

Analistas colombianos y venezolanos hablan sobre el régimen de Nicolás Maduro y si Colombia debe pronunciarse frente al fallo al opositor Leopoldo López.

La del pasado jueves no fue una sentencia contra Leopoldo López sino contra la democracia venezolana. Lea también: Convocan para el 19 de septiembre marcha en rechazo a condena de Leopoldo López. Así lo aseguran analistas colombianos y venezolanos que ven en la condena de 13 años, 9 meses y 7 días que  la jueza Susana Barreiros profirió contra el líder opositor la confirmación  de que en el vecino país se ha configurado una dictadura. “Yo sería más radical y diría que se encamina hacia un régimen de carácter totalitario, es una restricción de absolutamente  todas las libertades  desde el punto de vista individual y económico”, plantea el docente investigador de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, Javier Leonardo Garay Vargas. Lea también: "Estoy preocupado por Leopoldo", manifiesta Mariano Rajoy. La fatal  transición comenzó hace ya doce años, cuando en épocas del fallecido Hugo Chavez se decretó  una  emergencia judicial que derivó en la jubilación o destitución del 95 % de los jueces para reemplazarlos por otros afines a la causa política o al menos deudoras de ella. En esa “democracia disfrazada” está la explicación de por qué la titular del Tribunal 28 de Juicio de Caracas emitió un fallo que es “un exabrupto jurídico” porque, como explica Ronal Rodríguez, docente investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario de Bogotá, “no se pudo comprobar ninguna correlación directa entre la actuación de López y los hechos violentos que ocurrieron ese día; todo el mundo lo ve como una persecución política”. Y lo ratifica José Antonio Rivas, docente investigador de Ciencias Jurídicas  y Políticas de la Universidad de Los Andes, de Venezuela: “No hay la menor duda de que el Ejecutivo ha venido atropellando con injerencia directa a los otros poderes públicos desde la Presidencia de Chávez y, naturalmente, ha tenido continuidad en la figura de Nicolás Maduro”. En su opinión, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela funciona como “una suerte de brazo ejecutor (del régimen), al punto que  ha terminado desarrollando un proceso de judicialización de la política o de criminalización de la disidencia”. De eso da fe el que  el número de presos políticos detenidos por el regimen chavista desde el 2003 ya supere el centenar, incluidos miembros de la Fuerza Pública y estudiantes.  Muchos están presos en la cárcel de  Ramo Verde, donde deberá pagar su condena López, y a otros, como el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledezma, se les concedió la casa por cárcel debido a problemas de salud. Uno  de los  casos más dramáticos lo protagonizó Rodolfo González, quien a sus 63 años y enfermo fue señalado de ser uno de los organizadores de las protestas  de inicios de 2014 y encarcelado en Sebin Helicoide, en Miranda, donde se  suicidó en marzo pasado, ante su inminente traslado a una cárcel común, “con reos de alta peligrosidad”. Pero sin duda los procesos contra López, líder del Movimiento de Voluntad Popular y quien ya lleva 500 días de reclusión, y Corina Machado, a quien en julio pasado la Fiscalía venezolana inhabilitó para participar en los  comicios del próximo  6 de diciembre, han sido los de mayor repercusión nacional y mundial. Precisamente, el profesor Rodríguez plantea que en el llamado de  la oposición a la comunidad internacional para que acompañe y ejerza su veeduría de esa contienda, “ahora que el presidente Maduro ha arreciado los métodos de persecución”, estaría la salida a  la recuperación de la democracia venezolana. Sobre todo, porque al parecer la disidencia no está dispuesta a repetir el error de  2005, cuando “decidió no presentarse a las parlamentarias por falta de garantías y permitió que el chavismo controlara la Asamblea Nacional y cambiara muchísimas leyes, entre ellas la electoral para beneficiar sus candidaturas”, dice Mauricio de Miranda, director del Centro de Estudios sobre la Cuenca del Pacífico de la Universidad Javeriana Cali. Sin embargo, Garay Vargas es  más pesimista, pues “Maduro ha demostrado que no acata ni las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni de las de ningún país,  y porque todas las críticas foráneas él simplemente suele traducirlas en  planes para matarlo”. Además, dado que el fallo contra López es un evidente error de cálculo político de su parte, no  descarta que el Gobierno de Venezuela decida frenar las elecciones “ante una supuesta amenaza a la seguridad nacional que podría venir, por ejemplo, de Colombia”. Ni tampoco que en unas semanas le otorgue  un indulto al líder opositor “para demostrar su benevolencia, lo que sin duda podría mejorar mucho la imagen del régimen de cara a las elecciones de diciembre”. En su opinión, aunque suene duro, “los mismos venezolanos crearon, eligieron y alimentaron   el régimen y son los únicos que lo pueden acabar”, porque el chavismo no les ha sido impuesto sino que,  como sucede en los sistemas totalitarios, muchas veces fue a elecciones y las ganó. Solo que sobre las últimas hubo  un manto grande de dudas, como son muchas las sospechas sobre las venideras. Colombia, afectadaLa condena a Leopoldo López podría afectar más las  relaciones entre Colombia y Venezuela “si el presidente Santos hace algún pronunciamiento respecto al fallo que ha emitido la Justicia venezolana”, plantea el profesor Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Según él, el Gobierno del vecino país no estaría dispuesto a aceptarlo e incluso puede llegar a tensionar nuevamente las relaciones, afectadas por la deportación masiva de compatriotas desde el vecino país y a la espera de una mediación efectiva por parte del Gobierno de Ecuador. Por su parte, Javier Leonardo Garay, de la Universidad Externado de Colombia, conceptúa que nuestro país no puede esperar nada positivo de Venezuela, mientras el Gobierno siga en manos del chavismo. “Soy muy pesimista con la reunión de los cancilleres y de los presidentes, incluso si se llegara a establecer que hay una solución, porque eso implicaría que ahora volveríamos  a solucionar las relaciones entre ambos países, pero en dos meses va a haber otra crisis y eso se va a repetir constantemente”, mientras no cambie la situación política allá. Por eso, agregó, el Gobierno colombiano debe limitarse a la tarea de aliviar la crisis humanitaria desde el lado colombiano, sin interferir en la situación de López, porque “incluso es probable que lo de la frontera se haya planeado para desviar la atención de lo que pudiera suceder, dado que todos sabíamos que la sentencia era inminente”. 

Los medios”El Estado venezolano ha establecido  una suerte de feudo comunicacional. Es decir, ha venido comprando medios, no solo plantas televisivas, sino radios, circuitos y periódicos”, sostiene  José Antonio Rivas, docente investigador de Ciencias Jurídicas  y Políticas de la Universidad de Los Andes, de Venezuela.Agrega que el gobierno de Maduro  ha tomado varias decisiones que dejan en claro cómo se atropella la libertad de expresión, “pues el Estado es el que decide a  qué radiodifusora se le renueva su permiso o a qué periódico se le otorga papel”.Rivas también denunció que a  muchos  medios de comunicación que le han hecho críticas  al presidente Nicolás  Maduro  los han forzado, mediante la aplicación de costosas multas, a que vendan parte de su capital accionario.”Esto es atentatorio, como  lo fue el caso de Radio Caracas Televisión, ala que no solo se le  afectó la señal y se la  sacó de la transmisión, sino que le ocupó de manera irregular su sede y sus equipos”, dijo.Por su parte, el expresidente del Gobierno  español Felipe González aseguró  que con la condena a López “se consuma el proceso de destrucción de libertades democráticas emprendido por el régimen” del presidente Nicolás Maduro.

 

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