Así será el duelo entre el 'traidor' y el 'dictadorzuelo' en la OEA

"Es motivo de orgullo y una gran victoria que catorce países estén presionando para que a través del voto podamos cambiar este sistema de miseria, para que no haya presos políticos”.

Así, con un sabor a revancha, el jefe del opositor Parlamento de Venezuela, Julio Borges, celebró el pasado viernes el espaldarazo que buena parte de las naciones del continente -Colombia entre ellas- le dio esta semana a sus reclamos para que la democracia plena retorne al vecino país.

Y es que el comunicado dado a conocer por las cancillerías de México y Brasil fue contundente: de manera “urgente” solicitan que en Venezuela “se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional y se establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas”.

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Sin embargo, está claro que el paso dado ahora también por Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, no obedece a un razonamiento propio y espontáneo.

Desde que se firmó en 2001, la Carta Democrática de la OEA ha sido invocada en once ocasiones, pero solo en dos ha llegado a la suspensión: Cuba y Honduras.

Detrás de él está toda una labor de convencimiento que por más de un año ha realizado el hoy secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien la semana pasada retomó una iniciativa que ya había emprendido sin éxito en mayo del 2016: invocar la Carta Democrática del organismo en contra de Venezuela.

Solo que en esta oportunidad, en un informe de 75 páginas, el uruguayo fue más allá y dijo que “aprobar la suspensión del desnaturalizado Gobierno venezolano es el más claro esfuerzo y gesto que podemos hacer en este momento por la gente del país, por la democracia en el continente, por su futuro y por la justicia”.

Pero al margen de la discusión democrática, legal y de derechos humanos, es claro que lo de Maduro y Almagro hace rato se convirtió en una cuestión personal.

Lo ha sido desde octubre del 2015, cuando el recién posesionado Secretario General de la OEA recibió, por primera vez, en la sede del organismo a las esposas de los líderes opositores venezolanos encarcelados Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, Lilian Tintori, Mitzy Capriles y Patricia Gutiérrez, respectivamente.
Por toda muestra del malestar que esa ‘reivindicación internacional de sus adversarios’ le provocó, el Mandatario del vecino país no dudó en tildar a Almagro de “basura”.

Atrás quedarían para siempre los recuerdos de cuando eran aliados, el uruguayo como canciller del presidente José Mujica y Maduro como encargado de las Relaciones Exteriores en el gobierno del fallecido Hugo Chávez.

También la efusiva bienvenida que en marzo de ese año le había dado la actual jefe de la diplomacia venezolana, Delcy Rodríguez, a través de Twitter: “Saludamos la elección del nuevo secretario general de la OEA, excanciller de Uruguay, Luis Almagro! Su nombre dará nuevo espíritu a la organización”.

Todo porque ese nuevo espíritu motivó luego al uruguayo a enviarle una carta al Consejo Nacional Electoral de Venezuela en la que expresaba su preocupación por la organización de las elecciones parlamentarias previstas para ese diciembre de 2015 y, después, a respaldar la Ley de Amnistía que impulsó la oposición una vez obtuvo la mayoría de escaños en la Asamblea Nacional con el claro objetivo de lograr la liberación de los políticos presos.

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Pero el mayor climax del rifirrafe casado entre los antiguos copartidarios se produjo en mayo del año pasado, cuando la OEA, en cabeza de su Secretario General, invocó por primera vez la Carta Democrática del organismo en contra de Caracas.

“No soy agente de la CIA. Y tu mentira, aunque repetida mil veces, nunca será verdad”, escribió Almagro en un tuit, luego de que Maduro lo acusara de “traidor”. Y agregó el uruguayo: “Negar la consulta al pueblo, negarle la posibilidad de decidir, te transforma en un dictadorzuelo más, como los tantos que ha tenido el continente”.

Pero más allá de los insultos entre la actual cabeza de la OEA y el vecino Mandatario, lo que muchos venezolanos y observadores internacionales se están preguntando es si realmente es posible que esa nación sea suspendida del ente regional si no convoca en breve elecciones generales “libres, justas y transparentes”.

Por lo pronto, lo que se sabe que la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, comparecerá mañana ante el foro de los 34 países de la OEA y un día después, el martes, las representaciones diplomáticas de 18 países se reunirán para discutir el nuevo escenario de crisis.

Aunque entonces Michel Pifter, analista político de la organización Diálogo Interamericano, resalta con cierto optimismo que “Almagro no tiene un estilo típico al de sus predecesores en la OEA, quiere tomar posiciones públicas”, hasta el momento la invocación de la Carta no pasó a mayores, dado el respaldo que varios países centroamericanos -a los que apoya con petróleo- le dieron a Maduro.

Los 18 países que convocan la sesión del Consejo Permanente constituyen un número clave -la mitad más uno de los 34 miembros de la OEA-, ya que garantizaría la realización del debate que tendrá lugar esta semana.

Y muchos temen que ahora el desenlace tampoco sea el esperado por la oposición en Caracas, ya que dos tercios de los 34 miembros de la OEA deberían votar a favor de la suspensión, amén del respaldo incondicional de Ecuador y Bolivia a Maduro.

Además, los catorce firmantes de la carta del pasado viernes, si bien anunciaron que evaluarán el informe de Almagro, también dejaron en claro que “la suspensión de un país miembro (...) es el último recurso”, y subrayaron que el diálogo y la negociación son “la vía idónea” para alcanzar soluciones duraderas a los problemas de Venezuela.

Así, resta esperar si Almagro, tildado de “conocido enemigo del pueblo de Venezuela”, logra convencer a sus asociados en la OEA de que en aquella nación “no hay suficiente comida; los servicios de salud son extremadamente precarios, y la profunda crisis humanitaria es de una escala inaudita en el Hemisferio Occidental. Se ignoran los derechos civiles y políticos. Todo en interés de preservar la riqueza, el privilegio y la impunidad de quienes se aferran al poder”.

La Carta Democrática Interamericana se aprobó en septiembre de 2001 en sesión especial de la Asamblea de la OEA, con el objetivo principal de fortalecer la institucionalidad democrática.

El documento establece cuáles son los elementos esenciales de la democracia representativa, como el respeto a los derechos humanos, la separación e independencia de los poderes públicos y la libertad de expresión.

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Ahora bien, el Artículo 20, que fue el invocado por Almagro, indica que “el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes”.

La primera vez que se aplicó la Carta fue en el 2002, durante la salida momentánea del gobierno del presidente Hugo Chávez, cuando el ente publicó una resolución que condenó esa salida y pidió la solución democrática del conflicto.