Así es la ola de terror que desató Maduro para acallar las protestas en Venezuela

"Yo participé en la marcha del 10 de mayo, en la que mataron a Miguel Castillo. Me retiré cuando comenzaron los enfrentamientos con la Policía y, cuando caminaba de regreso a mi casa, cuatro de ellos en dos motos me agarraron y aunque no me resistí me tumbaron al piso y comenzaron a golpearme en la cara y en los testículos. Después me llevaron a una Comisaría, donde también me golpearon. Me tuvieron como ocho horas sin permitirme llamar a nadie y me soltaron, pero con la advertencia de que la próxima vez no tendría tanta suerte. Pero se van a joder porque me recupero y vuelvo a la calle”.

El relato lo ofreció a El País un universitario de 22 años que pidió no ser identificado, no por temor a que los uniformados cumplan sus amenazas, sino para proteger a su familia. Él es apenas uno de los cientos de casos de abusos que han cometido los policías y militares venezolanos en sus intentos por apaciguar la ola de protestas que sacude al país desde que, a finales de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) prácticamente liquidara a la Asamblea Nacional con dos sentencias.

No pocos de los excesos han quedado registrados en fotografías y videos. Hoy en Youtube, Facebook o Twitter abundan grabaciones en las que se ve a efectivos de la Policía y de la Guardia Nacional (policía militarizada) disparando bombas lacrimógenas de manera horizontal hacia edificios, centros comerciales, escuelas y clínicas e incluso colocándole una en la espalda a un niño de 11 años que ni siquiera estaba protestando, lo cual le ocasionó quemaduras de primero y segundo grado.

“Lo amarraron, le pusieron la bomba en la espalda y lo tiraron como un perro”, relató Daisy González, la madre del pequeño y miembro de la etnia wayuu.

Asimismo en la prensa han aparecido denuncias que aseguran que los militares han puesto a algunos detenidos a comer excrementos, en represalia por la decisión de los manifestantes de usar las llamadas ‘puputov’, especie de bombas molotov que en lugar de combustible se elaboran con heces fecales. Estos últimos señalamientos, no obstante, ni siquiera han sido investigados por la Fiscalía ni los tribunales.

Todos estos casos violan expresamente el Artículo 23 de las Normas sobre Actuación de los Cuerpos de Policía para Garantizar el Orden Público, la Paz, la Convivencia Ciudadana en Reuniones Públicas y Manifestantes y pueden configurar el delito de tortura, según expertos.
“En estos más de 50 días de protesta hemos visto mil expresiones de tortura”, denunció la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, Ligia Bolívar.

Y agregó: “Cuando disparas una bomba lacrimógena de manera horizontal y no vertical o a quemarropa, o cuando a pesar de tener reducida a la persona a la que vas a detener la sigues pateando y golpeando, queda claro que quieres hacerle daño, quieres castigarla por su decisión de protestar y eso, según la doctrina internacional de los Derechos Humanos, es tortura”.

En similares términos se pronunció el director de la organización de Derechos Humanos Proiuris, Nizar El Fakih, quien afirmó que “pareciera que la orden es reprimir y no disuadir, que lo que se busca es castigar y criminalizar el derecho a la manifestación, para así intimidar a la sociedad, porque en las cientos de protestas que se han registrado son escasas las situaciones donde los policías tratan de mediar con los manifestantes. En la mayoría de casos, nada más los ven comienzan a dispararles gas”.

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Hasta el pasado 24 de mayo, la Fiscalía contabilizaba 1043 heridos, de los cuales 501 se sospechaba que habían sido resultado lesionados por actuaciones irregulares de uniformados.

Muchas de las escenas de la represión a las protestas parecen sacadas de los archivos, pues son similares a las que ya se registraron en 2014 durante la ola de manifestaciones que entonces encabezó el hoy encarcelado dirigente opositor Leopoldo López. ¿Por qué se repiten? Bolívar lo achaca a la impunidad.

“Hace dos semanas entregamos un informe al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas titulado ‘De aquella impunidad vienen estas torturas’, donde denunciábamos que buena parte de las investigaciones por tortura y malos tratos abiertas en 2014 no han concluido y eso manda el mensaje a los policías y militares de que pueden hacer lo que les dé la gana porque nadie va a pagar las consecuencias”, dijo.

El Fakih comparte esta opinión, aun cuando ve una diferencia con lo ocurrido hace tres años: La posición de la Fiscalía. “Hoy la Fiscalía está actuando con más rapidez que en 2014 y frente a cada caso de asesinatos y abusos notorios anuncia investigaciones, si las mismas avanzan y se toman medidas ejemplarizantes se podría poner freno a esto”, apuntó.

La fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, se ha venido desmarcando públicamente del chavismo desde los fallos del TSJ contra la Asamblea y ha cuestionado algunas actuaciones policiales y judiciales contra los manifestantes.

Sin embargo, pese a la cantidad de evidencias, hasta ahora su despacho solo ha imputado y solicitado órdenes de captura contra 43 uniformados por atacar a manifestantes. Empero el segundo comandante de la GN, general Giuseppe Cacioppo, aseguró que 52 hombres de ese componente están arrestados por incurrir en malas prácticas.

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Para Bolívar el Gobierno solo busca un propósito con su posición: meter miedo para retener el poder. Sin embargo, cree que la misma no está funcionando.

“La determinación de la gente por conseguir un cambio político y económico es tan grande como la de quienes gobiernan. La activación de la fase II del Plan Zamora revela que la estrategia de reprimir para doblegar y quebrar a la sociedad que se manifiesta no está funcionando”, afirmó.

Pese a los 47 fallecidos y más de 2500 detenidos, de los cuales casi 200 están en cárceles militares, las protestas siguen y las víctimas de la represión aseguran que se mantendrán en las calles.

“Me recupero y vuelvo a las calles, aun con el riesgo de que me maten, porque si no me matan en una protesta, se puede matar la delincuencia o la escasez de alimentos y medicinas”, explicó el universitario con el que inició este reportaje.

No solo los ciudadanos que han salido en masa a las calles a exigir respeto al Parlamento que eligieron, la celebración de elecciones, la apertura de un canal humanitario que permita mitigar la escasez de alimentos y medicinas, la liberación de los presos políticos y el desarme de los colectivos y demás grupos paramilitares han sido brutalmente reprimidos.

El reportero Román Camacho fue uno de ellos. Hoy el comunicador se recupera de la intervención quirúrgica a la que debió someterse y en la que le colocaron 8 tornillos para unirle nuevamente la tibia, la cual se le fracturó a consecuencia de una bomba lacrimógena que le disparó un guardia nacional mientras cubría los choques en los que degeneró una manifestación opositora celebrada el pasado 10 de abril.

“Yo estaba en la autopista con mi cámara y un casco que dice en grande Prensa, registrando los enfrentamientos entre manifestantes y los militares. En eso, 60 y 80 funcionarios se alinearon y comenzaron a disparar bombas contra los manifestantes, pero no de manera vertical, como se debe, sino horizontal. Incluso apuntaban a algunos de los manifestantes, pero en eso comenzaron a disparar hacia donde estábamos los periodistas y me dieron”, relató telefónicamente.

Luego añadió: “Ni siquiera porque los manifestantes dejaron de lanzar piedras para ayudarme, los guardias dejaron de disparar (…) Jamás había visto algo así”.

El reportero descartó que su caso haya sido un error. “Hay una intención clara de hacer daño, porque jamás dispararon hacia arriba las lacrimógenas y por lo que dicen los altoparlantes instalados en los vehículos blindados. Desde allí insultan a los manifestantes y los retan. Les dicen: ‘Quédate allí para atropellarte’. La saña es grande”.

Más de un centenar de comunicadores han sido agredidos mientras realizaban su labor, en su mayoría por quienes justo deberían protegerlos.

El expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y actual diputado, Henry Ramos Allup, rechazó este sábado la invitación del mandatario Nicolás Maduro para un nuevo diálogo político en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente.

Aseguró que Maduro pretende “enfriar las calles” de Venezuela para “ganar tiempo”, y negó que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) considere una nueva conversación con el Ejecutivo.

“Maduro quiere hacerle ver al país que es un tipo dialogante y que quiere resolver pacíficamente los problemas del país. Es que él es el problema, ¿cómo vas a dialogar con el problema?”, expresó el congresista durante una manifestación efectuada en Caracas.