Análisis: el 30J y la responsabilidad internacional con Venezuela

Julio 31, 2017 - 12:00 a.m. Por:
Andrés Molano-Rojas, director Académico, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.
Constituyente en Venezuela.

Constituyente en Venezuela.

Foto: EFE

Hasta ahora, la llamada ‘comunidad internacional’ le ha fallado a Venezuela. Ahora bien, con mucha frecuencia la ‘comunidad internacional’ no tiene existencia ni entidad distinta a la que le otorgan los Estados y las organizaciones internacionales, distintas, pero fuertemente permeadas por los intereses y las convicciones de los Estados.

Lea también: Más de ocho millones de personas votaron en la Constituyente: CNE.

Durante mucho tiempo, esa ‘comunidad internacional’ ha estado secuestrada por la diplomacia petrolera, que con tanta habilidad diseñó Hugo Chávez y siguió utilizando Nicolás Maduro, incluso en condiciones de mercado mucho menos favorable. La riqueza petrolera de los venezolanos fluyó abundantemente a otros países, aceitando una maquinaria clientelar que aún le proporciona algún oxígeno en escenarios multilaterales como la OEA.

En esa organización, no solo el clientelismo petrolero jugó a favor, primero del chavismo y luego del madurismo, mientras estos avanzaban en su estocada final contra la democracia y el orden constitucional en Venezuela.

El precario liderazgo del anterior secretario general, José Miguel Insulza, unido al alineamiento de varios gobiernos latinoamericanos con el Socialismo del Siglo XXI, contribuyó a bloquear cualquier posibilidad de que la cuestión venezolana fuera abordada.

Le puede interesar: EE.UU. condena Constituyente y tomará medidas contra sus miembros.

Pero tal vez la mayor y más nociva complicidad internacional con Nicolás Maduro tuvo como epicentro a Unasur. Si la OEA estaba bloqueada por el Socialismo del Siglo XXI, Unasur fue en términos prácticos su apéndice internacional. Gracias al apoyo abierto de Correa, Morales, Kirchner, Lugo, y Lula-Rousseff; y al más discreto pero constante de Bachelet y Humala, Unasur se convirtió en el legitimador de oficio del régimen chavista.

Una Colombia forzada a ponderar cuidadosamente sus intereses en relación con la negociación con las Farc y su sino geográfico; y un oportunista Bouterse en Paramaribo, contribuían también a asegurarle impunidad y margen de maniobra a Miraflores.

Así lo demostró la ‘mediación’ orquestada por el expresidente colombiano Ernesto Samper, elegido Secretario General de Unasur para complacencia de Maduro. Una mediación a la que de buena fe acudió la oposición democrática venezolana para descubrir que no hay mediación fructífera cuando el mediador -Samper y la troika Zapatero, Fernández, Torrijos- sirve a los intereses de una de las partes.

Durante los últimos años las cosas han cambiado. La diplomacia petrolera muestra signos de agotamiento. Ese agotamiento ya se siente, aunque levemente aún, en la OEA, donde además, un combativo Almagro sucedió al anodino Isulza. Y del Socialismo del Siglo XXI ya no quedan sino algunos resquicios en Nicaragua y Bolivia. Entretanto, Unasur se ha convertido en un verdadero elefante blanco, que ni siquiera tiene un secretario general nombrado en propiedad.

Con todos estos cambios, la ‘comunidad internacional’ tiene una posibilidad real para reivindicar su responsabilidad con Venezuela. Así parece haber empezado a hacerlo, y no solo en la región, sino incluso al otro lado del Atlántico.

Esa responsabilidad se hará más acuciante en los próximos días, ahora que Maduro ha cruzado el Rubicón con la realización de las elecciones a la Asamblea Constituyente espuriamente convocada, cuyos resultados no reconocerán Argentina, Perú, España, Brasil ni Colombia.

Por supuesto, no será la presión internacional la que por sí sola provocará el cambio de régimen en Venezuela. No es eso, por tanto, lo que cabe esperar y exigir de la ‘comunidad internacional’.

Pero no cabe duda de que cuando el cambio de régimen se produzca, esta tendrá un papel que jugar: contribuir a la reconstrucción de Venezuela, lo cual incluye aspectos como la asistencia humanitaria, el rescate económico y financiero, la lucha contra la corrupción, el esclarecimiento de la verdad sobre la represión, el restablecimiento de la funcionalidad institucional y el Estado de Derecho, y su plena reincorporación al orden internacional e interamericano.

Texto de: Andrés Molano-Rojas, director Académico, Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad