¿Y los otros secuestrados de la fuerza pública qué?

Diez uniformados continúan en poder de las Farc. Expertos analizan las posibles opciones para que regresen a casa.

El fusilamiento de cuatro miembros de la Fuerza Pública, secuestrados durante más de once años por parte de la guerrilla de las Farc, cuando los militares intentaban una operación de acercamiento, es otra prueba de la necesidad de acabar con el horror del conflicto armado.Pocas horas antes de esa tragedia, el presidente Juan Manuel Santos afirmó que “se acerca la fase final del conflicto” y anunció que su Gobierno trabaja en un nuevo plan con los oficiales más destacados, para lanzar una estrategia final.Fue claro en exigir a los grupos armados ilegales, en especial a las Farc, que den muestras concretas de que no volverán a engañar al país y les comunicó que, si se produjera un hecho contundente como la libertad unilateral de todos los secuestrados en su poder, “el Estado colombiano no tendrá ningún inconveniente en sentarse a buscar esa salida al conflicto”.Sin embargo, el fusilamiento del coronel de la Policía Édgar Yesid Duarte, del mayor de la Policía Elkin Hernández Rivas, del sargento del Ejército José Libio Martínez y del intendente jefe Álvaro Moreno, radicalizaron los sentimientos en contra de una eventual negociación. Por eso, no es claro qué vía de solución a sus secuestros pueden encontrar los otros uniformados y los civiles que siguen secuestrados por las guerrillas, algunos, considerados personajes canjeables para un eventual intercambio humanitario. Tampoco, cómo podría volverse a andar un camino de negociación.En este sentido, analistas del conflicto consultados expresaron sus opiniones, que coinciden en que por ahora no existen salidas distintas de las que se han manejado durante años: buscar un diálogo para una liberación humanitaria o insistir en operaciones armadas.Cómo podría haber una liberación de secuestradosAntes que volver a empezar a explorar posibilidades de acercamientos con los grupos armados ilegales, los colombianos están atentos a cómo puede resolverse en el menor tiempo posible la situación del secuestro, para quienes hoy padecen ese delito.Para el presidente de Indepaz, Camilo González Posso, lo que debe esperarse es que la guerrilla le dé una señal claraal Gobierno y acceda a liberar, de manera unilateral y masiva, a quienes continúan en las selvas retenidos.De opinión divergente es el analista de seguridad Jhon Marulanda, quien dice que puede seguirse acudiendo a las operaciones de rescate por parte de las Fuerzas Militares, pero con la claridad de que en esas acciones siempre existen las opciones de que los secuestrados salgan vivos, heridos o muertos, lo que hace imposible que no se genere un alto nivel de incertidumbre para sus familiares.Lo más difícil, en opinión del también columnista, es que, para iniciar cualquier tipo de acercamiento, las Farc deben generar algún tipo de confianza, tanto en el Gobierno, como en la opinión pública nacional. Para ello, continúa, deberían liberar a los secuestrados sin ninguna contraprestación y en buenas condiciones, lo que sería un signo que empezaría a generarles credibilidad en la ciudadanía y en el Gobierno, para un eventual proceso de diálogo, pero insistiendo en que siempre debe seguirse buscando el rescate de los rehenes por parte de la Fuerza Pública.Por otro lado, la directora ejecutiva de la Fundación País Libre, Olga Lucía Gómez, explicó que el secuestro en Colombia ha sido la principal fuente de financiación de los grupos armados, tanto de derecha como de izquierda, y que las Farc siguen creyendo que mantener plagiadas a las personas durante tanto tiempo es una buena táctica de presión política.Por eso, Gómez expresó que, para que las personas regresen a la libertad, “debe haber una desestimulación del delito y una política de mediano y largo plazo para debilitar el negocio del rapto y todas las cadenas que éste lleva”.Sobre la opción de acudir a rescates armados, Gómez dice que, como en cualquier parte del mundo, los Estados con su Fuerza Pública pueden hacer uso de esa opción, pero lo único que pide es que las Fuerzas Militares “hagan su tarea lo mejor posible, que no se ponga en riesgo la vida de las personas que están en cautiverio”.Otras voces de la sociedad claman por una salida humanitaria y por el fin de las acciones armadas de rescate y por que se centre el trabajo en traer vivos a los secuestrados. De esa opinión es monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, obispo de Cali, quien manifestó en un comunicado reciente que “hay que preservar esa luz de consolación y esperanza, abriendo un inmediato acuerdo humanitario que asegure el desenlace a favor de la vida y del retorno. Centrar la atención en las víctimas y no en los victimarios es lo que debe hacer un estado fortalecido y armado hasta los tuétanos de tecnología, cuya seguridad y estabilidad no corren ni el más mínimo riesgo por dar este paso.”El obispo de Cali aseguró que el primer paso para un intercambio humanitario “es que no anticipemos lo que va a ser objeto de diálogo y de negociación. Ese es el error que ha cometido nuestro Gobierno”.Caminos hacia un diálogoDespués del asesinato de los cuatro uniformados la semana pasada, el senador y ponente del proyecto de Ley Marco de Paz, Roy Barreras, anunció que suspendió la propuesta consignada en el Artículo Dos de esa iniciativa, que buscaba darles vocería política a las guerrillas tras una desmovilización.Pero el resto del proyecto avanza en el Congreso. Con él se busca tener las normas jurídicas necesarias para que el Gobierno avale esa eventual desmovilización de grupos alzados en armas, dándoles ventaja a los miembros de los grupos que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. Barreras reconoce que, pese a esos intentos legislativos, las Farc dificultan un posible escenario de diálogo cuando realizan actos como el asesinato de los uniformados. “Hay una diferencia entre una muerte en combate y una muerte a sangre fría. Esto hace más difícil la solución dialogada”.Sin embargo, el presidente de Indepaz, Camilo González, dijo que tras el fusilamiento de los secuestrados la situación no ha cambiado del todo, pues los que piensan que la única salida es la militar son quienes nunca estuvieron de acuerdo con un diálogo con los grupos alzados en armas: “Esto le da un aire a quienes solamente ven estrategias militares y quienes piensan que la única vía es la militar, tanto del lado de las Farc, como del Estado”.González Posso se atrevió a asegurar que el hecho les da la razón a “los sectores más cercanos al ex mandatario Álvaro Uribe, que tienen influencias con el Estado y a quienes han dicho que rechazan cualquier diálogo o Ley de paz”.Aunque para el Presidente de Indepaz es claro que el asesinato a sangre fría de los secuestrados es un obstáculo dentro de una posible salida negociada al conflicto, dice que el hecho no puede constituir un cierre a la iniciativa de la Ley Marco de Paz, que dejaría abierta la puerta y las condiciones para que en el futuro se dé un proceso de desmovilización de los grupos armados.