"Visita de congresistas a La Habana es legal": presidente del Congreso

Octubre 07, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co | Colprensa

Juan Fernando Cristo, presidente del Congreso de la República.

El senador Juan Fernando Cristo respondió de esta forma al procurador Alejandro Ordóñez, quien dijo que investigaría a quienes se reunieran en Cuba con las Farc.

El presidente del Congreso de la República, Juan Fernando Cristo, respondió a las insinuaciones del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, sobre la investigación que abriría contra "los funcionarios que viajen ilegalmente a La Habana, para reunirse con las Farc". Cristo señaló que esta visita sí es legal, siempre y cuando, la apruebe el Presidente de la República. De acuerdo con Cristo, este tipo de visitas están consagradas en el Acuerdo General Para la Terminación del Conflicto, en el apartado VI que habla sobre las reglas de funcionamiento de la mesa. El segundo punto de este apartado dice que “se podrán realizar consultas a expertos sobre los temas de la agenda”. El presidente del Congreso también argumenta, basándose en el artículo 10 de la Ley 418 de 1997, que “la dirección de todo proceso de paz corresponde exclusivamente al Presidente de la República como responsable de la preservación del orden público en toda la Nación”. En este artículo, agrega Cristo, “el Presidente de la República podrá autorizar la participación de representantes de diversos sectores de la sociedad civil en las conversaciones, diálogos y negociaciones […], cuando a su juicio puedan colaborar en el desarrollo del proceso de paz”. También se valió de la sentencia C-048 de 2001 de la Corte Constitucional en la que consagra que “los órganos políticos tienen un amplio margen de discrecionalidad para diseñar, en el marco de la Constitución, los mecanismos para la solución pacífica de conflictos”. El senador cerró su carta de respuesta diciendo que en caso de que un funcionario o un particular viajen a La Habana para reunirse con las Farc, sin autorización del Gobierno, podría configurarse una interferencia en el proceso de paz, “independiente de que se configure como una falta disciplinaria o infracción penal”.

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