Veinte años ‘agridulces’ de las Casas de Justicia en el país

Veinte años ‘agridulces’ de las Casas de Justicia en el país

Junio 30, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País y Colprensa

Analistas afirman que se requiere más inversión y compromiso de entidades públicas. Minjusticia defiende los resultados.

En 20 años de operación del programa de las Casas de Justicia han sido atendidos, según cifras del Ministerio de Justicia, nueve millones ochocientas cuarenta y cinco mil personas. En 2014 la atención fue de cerca de 400 mil personas, siendo Antioquia, Cundinamarca, Nariño, Valle del Cauca, Casanare y Putumayo, las regiones donde más acuden a estos centros de atención. Lea también: Gobierno sigue promoviendo casas de justicia en zonas apartadas de Colombia

El programa de las Casas de Justicia se creó con el propósito de ayudar a resolver de manera rápida y efectiva algunos tipos de controversias o problemas cotidianos, para no llegar a instancias mayores de la justicia. 

Así lo explicó  la viceministra de Promoción de la Justicia, Ana María Ramos Serrano, quien advierte: “El balance es agridulce, mas tirando a dulce que a agrio. Las Casas de Justicia fueron un modelo que se creó para integrar diferentes servicios para la resolución de conflictos. El modelo funciona en la medida en que en las Casas hay presencia de varias entidades del Gobierno y eso ha servido para que la gente encuentre en un solo lugar la autoridad que necesita para resolver su problema. Así se ha logrado llegar con atención de justicia a población vulnerable, de estratos 1 o 2”. 

La parte agria está en que a la fecha no se ha logrado la confluencia de todas las instituciones: “Nos hemos dado cuenta de que no en todas las casas el servicio interinstitucional funciona tan bien, tenemos casas donde está la Fiscalía, pero no Medicina Legal; otro conflicto es que las casas están enfocadas a ese mecanismo alternativo y penal, no en todas están los jueces; tenemos jueces de pequeñas causas en catorce de las casas; todo esto conlleva a que se resuelva parcialmente el conflicto y es lo que estamos tratando de corregir”. 

Esta falencia hace que el modelo sea criticado y cuestionado por analistas como Ariel Ávila. 

“Es un método interesante que logra la confluencia de varias entidades del Estado, pero se ha demostrado que es deficiente y que no ha sido tomado en serio por la justicia. Al punto que no existe un seguimiento sobre los procesos que se manejan, no se sabe cuáles se abren o se cierran”. 

Además, dice: “Las Casas de Justicia están concentradas en municipios grandes y no se llega a los más pequeños, generando un problema de segregación; tampoco ha sido posible la creación de más centros”.

 Por su parte, afirma Élmer Montaña, exfiscal de la Casa de Justicia de Aguablanca de Cali, estas instituciones han perdido los propósitos con los que fueron fundadas. 

“Las Casas de Justicia se han desnaturalizado básicamente por falta de apoyo de los gobiernos nacional y municipal para mantener los servicios de justicia. Ya solo son especies de oficina en donde se descentraliza el papel de la Fiscalía, pero no están trabajando en proyectos de prevención y control de la violencia, que eran su propósito inicial”. 

 De acuerdo con Montaña, en las dos Casas de Justicia de Cali ya no hay presencia de Fiscalía, ni Medicina Legal ni Policía Judicial, entonces solo sirven para recepcionar denuncias o procesos. “La Casa de Justicia de Aguablanca fue pionera a nivel nacional cuando yo trabajé allá, porque además de atender pleitos, teníamos proyectos para controlar fenómenos como la violencia intrafamiliar e incluso el tráfico  de drogas. Ahora, nada de eso se hace”, afirmó Montaña.

El exfiscal llamó la atención sobre la necesidad de retomar las experiencias positivas en varias de las Casas y de que el Gobierno Municipal y Nacional vuelvan a coordinar proyectos de prevención de violencia e inviertan tanto en capital monetario como en capital humano. 

Ante esto la viceministra Ana María Ramos afirma que el plan a futuro es crear más Casas de Justicia, incluso para ello se cuenta con más presupuesto y está en marcha un proyecto en el que podrán participar las entidades privadas. 

“Los recursos que tiene el Ministerio son limitados, pero vamos a recibir unos recursos adicionales para hacer Casas de Justicia. Tenemos zonas que no tienen recursos para hacer su aporte, pues cabe recordar que el Ministerio aporta una parte y otra corresponde a los entes regiones, para ello se está trabajando un proyecto de alianza público-privada”. 

En cuanto a la llegada de los servicios a las zonas más apartadas del país, aseguró que desde hace un tiempo se está trabajando en casas de justicia móviles, con el fin de llevar el Estado a las comunidades.

 “El objetivo es desconcentrar las casas y hacerlas móviles para que lleguen a todos los municipios. Tenemos el caso de El Bagre (Antioquia), arrancar fue difícil y al principio no les era familiar asistir a estas jornadas, pero ahora ya conocen el proceso. Es una forma de que la gente conozca el Estado y vaya hacia él”.

¿Para que son las Casas? En las  Casas de Justicia habitualmente se reportan casos de familia,  como violencia intrafamiliar, custodia, divorcio, separación de bienes, alimentos, adopción, sucesiones.  La segunda línea de casos la ocupan problemas  legales como los delitos por hurto, acoso o abuso sexual, abuso de confianza, amenazas, lesiones personales, soborno, estafa.  Y luego, las denuncias de violaciones  por parte de la Fuerza Pública, exclusión de servicios de salud y educación, y discriminación.

 

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