Varias ciudades de Colombia continúan en paro de la rama judicial

Algunas ciudades principales del país como Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Tunja y Popayán, persisten en el paro de la rama judicial, sin acogerse al acuerdo logrado entre Asonal y el Gobierno.

A pesar del acuerdo logrado la semana pasada entre el Gobierno Nacional y Asonal Judicial, algunas ciudades principales del país como Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta, Tunja, Popayán, entre otras, se mantienen en paro. Este acuerdo no fue avalado por la mayoría de los empleados judiciales, por considerar que la población judicial del país es mayor y de esta manera no conocerían ni se beneficiarían de los beneficios que se obtendrán. Para la asistente social de los juzgados de ejecución de penas de Bucaramanga y representante de ‘la base’ de Asonal Judicial, Rosa Marín Lozada, el paro no se levanta porque “el acuerdo es etéreo, gaseoso, no nos dice nada con respecto a cuál va a ser su desarrollo en términos de nivelación salarial, no hay nada en concreto”. Por su parte, Marín Lozada complementó que el documento podría representar un incremento salarial, pero “nosotros no estamos solicitando dicho aumento sino que se le dé aplicación a la Ley 4 de 1992, que se hizo efectiva para los Magistrados de las Altas Cortes en 1998 pero no para los funcionarios de bajo rango”. Asimismo, el vicepresidente de Asonal Judicial subdirectiva Bucaramanga e investigador del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, Abraham Trigos, manifestó que la Fiscalía también continúa con el cese de actividades porque el acuerdo firmado con el Gobierno Nacional no es justo. En Cartagena ya son 35 días del paro de la justicia y los juzgados de la ciudad siguen sin usuarios y con los jueces y trabajadores parados. La posición reiterativa del Gobierno, es que el paro es ilegal y llama a los funcionarios a volver a sus lugares de trabajo para evitar que sean descontados de sus salarios los días no laborados. Pero, por mandato de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) no es el Gobierno el encargado de declarar como ilegal una protesta, sino los jueces de la República. Además, los juristas no ceden ante las presiones e insisten en que todos siguen firmes con el paro. “Es mentira lo que se ha dicho de que los que están en paro son minorías. Lo que buscan es tener un efecto psicológico para que se suspendan las actividades”, indicó un dirigente sindical cartagenero que no quiso revelar su nombre. Los sindicalistas insisten en las mismas prerrogativas que han hecho desde hace 20 años, y que supuestamente habían sido resueltas en 1992 con la expedición de la Ley 4, que le da facultades al gobierno para fijar los salarios de los empleados públicos. Esta ley dice que el gobierno “revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”. Sin embargo, dicha ley nunca fue reglamentada.