Tres fallas aquejan al sistema penal acusatorio de Colombia

Tres fallas aquejan al sistema penal acusatorio de Colombia

Mayo 08, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Colprensa
Tres fallas aquejan al sistema penal acusatorio de Colombia

El abuso de las suspensiones y los aplazamientos de las audiencias orales han ayudado a acrecentar los problemas.

Malas prácticas judiciales, cambios normativos y falta de presupuesto son los problemas de fondo que tiene.

Esta semana se corroboró que el sistema penal acusatorio, adoptado desde hace siete años en el país, tiene serios problemas de fondo. Según la Corporación Excelencia en la Justicia, CEJ, “la Fiscalía tiene a la fecha casi un millón y medio de noticias criminales acumuladas; hay un hacinamiento carcelario del 33% y un 50% de ciudadanos cree que la probabilidad de que un delincuente sea capturado es baja o muy baja”.La información cayó como un baldado de agua fría, toda vez que se ha considerado que la adopción del sistema penal acusatorio en Colombia constituyó uno de los grandes avances de las instituciones penales del país, por ser éste, según la CEJ, un esquema más garantista, transparente y con mayores posibilidades de eficiencia que el sistema anterior.Pero si se esperaba que fuera un gran avance ¿por qué se produjeron tan malos resultados? La CEJ detectó al respecto tres principales causas que conllevaron a un avance negativo.Malas prácticas judicialesPrimeramente, la entidad encontró que las malas prácticas judiciales afectaron considerablemente la eficiencia del sistema. Estas prácticas hacen referencia, según la CEJ, “al abuso de las suspensiones y los aplazamientos de las audiencias orales y la lectura de las intervenciones en las mismas, la elaboración de programas metodológicos 'a formato' que no están orientados a la resolución del caso en concreto, la falta de filtros para las denuncias por conductas que no constituyen delito y la deficiente aplicación del principio de oportunidad”.Sumado a ello la corporación encontró que en materia de garantías existía una flexibilización de la prevalencia de la libertad, lo cual se hace evidente en la manifestación de medidas de aseguramiento.Cambios normativosEl segundo aspecto tiene que ver con un comportamiento de la justicia colombiana que ha sido seriamente cuestionada por varios críticos y es la relacionada con el cambio continuo de las normas y las disposiciones legales.En ese sentido, la entidad asegura que este sistema ha sido modificado de forma fragmentada, a través de las leyes 1142, 1098, 1121, 1312, 1395, 1453 y 1474 las cuales han estado principalmente orientadas a la reducción de garantías de los procesados, al recorte de beneficios por aceptación de cargos, a la creación de nuevos delitos, así como al aumento de penas.“Lo grave no es la existencia de estos cambios normativos, sino el hecho de que estos se adopten para reemplazar medidas de gestión y presupuestales que no se han puesto en marcha y el hecho de que estas leyes se aprueben una tras otra, sin dar un compás de espera para evaluar sus resultados”, sostuvo la CEJ.PresupuestoFinalmente, la falta de presupuesto sobre el sistema ha llevado a que la administración de justicia sea incapaz de cumplir con las expectativas que recaen sobre la misma en la lucha contra la criminalidad.En ese sentido, sostiene la Corporación, que este punto se materializa en la falta “de personal y de medios para la realización de la actuaciones investigativas, la insuficiencia de laboratorios, las deficientes condiciones de las sedes judiciales y los bajos salarios de peritos e investigadores”.Por todo lo anterior, concluye la CEJ, que el problema del sistema penal acusatorio no recae en su diseño sino en las falencias del Estado para llevar a buen término su implementación.Considera que las autoridades deben expresar si ratifican su compromiso para que la reforma salga adelante, o si “se va a seguir avanzando en lo que parece un desmonte paulatino y sigiloso del sistema acusatorio”.Esto si se tiene en cuenta que la reforma ha tenido logros, entre ellos, la sustancial reducción de los tiempos procesales, los cuales pasaron de 890 a 120 días y la disminución de los costos de los procesos, que pasaron de $1’018.805 en la Ley 600, a menos de $500.000 en este nuevo sistema.Lo anterior, con el fin de hacerle frente a las reformas que están prontas a instaurarse, como es el caso del código de procedimiento administrativo y del contencioso administrativo, así como el nuevo código general del proceso.Sin embargo, el fiscal general, Eduardo Montealegre, dijo en días pasados que era necesario dejar madurar el sistema, pues uno de los problemas del proceso judicial en Colombia radica precisamente en que éste no se deja madurar como debería ser, sino que se opta por realizarle continuas reformas.

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