Suspenden audiencia contra diputada y exalcalde de Cartago en caso de corrupción

Abril 28, 2017 - 03:47 p.m. Por:
Redacción de El País
Diputada Martha Lucía Vélez

La diputada del Valle Martha Lucía Vélez.

Foto: Tomada del Facebook de Martha Lucía Vélez

Por inconvenientes de salud en una de las indiciadas fue suspendida este viernes la primera audiencia de imputación de cargos contra 30 personas, entre ellas varios exfuncionarios públicos del Municipio de Cartago, por presunta corrupción.

El proceso es adelantado por la Fiscalía 35 Seccional de Administración Pública de Buga, que investiga a los exfuncionarios por la presunta apropiación de más de $10.000 millones del erario público, entre los años 2008 y 2011.

"Una de las acusadas tuvo un desmayo, al parecer tiene un estado de salud delicado y es algo que ya se había notificado previamente al fiscal", contó el abogado Henry Moreno, quien defiende al exalcalde Germán González Osorio, acusado en este caso de peculado por apropiación.

Se espera que el próximo martes se reinicie la audiencia,
que busca definir la situación jurídica de las 30 personas implicadas en el desfalco por $10.939 millones a los recursos del municipio de Cartago.

Las capturas de los exfuncionarios, realizadas este jueves, son los primeros resultados de una investigación que adelanta la Fiscalía por las actuaciones irregulares que se dieron en la Administración Municipal de Cartago en el período 2008-2011.

Los hechos investigados tienen relación con la adquisición de préstamos por valor de $31.000 millones, con cargo a vigencias futuras, que hizo la Alcaldía de ese momento para financiar el Plan Municipal de Aguas de Cartago.

Según la Fiscalía, en la investigación —en la que participaron 150 personas durante 4 meses—, "se recolectó suficiente material probatorio y evidencia física que lleva a determinar que existe un peculado por apropiación, dado que los $10.939 millones fueron trasladados a una cuenta de recursos propios del municipio de Cartago, y pagados por ventanilla a particulares con supuestas autorizaciones del área financiera sin los respectivos soportes fiscales ni contractuales".

Dentro de los capturados este jueves figura la actual diputada a la Asamblea del Valle por el Partido de la U, Martha Lucía Vélez Mejía, quien fue retenida por hombres de la Dijín en la misma sede de esa corporación, situada en el centro de Cali.

Vélez Mejía, contadora de profesión, se desempeñaba como Secretaria de Hacienda de Cartago cuando ocurrieron los hechos.

Su jefe en ese entonces era el alcalde Germán González Osorio, quien desde el año 2015 paga una condena por otro caso. El ex mandatario tenía el beneficio de casa por cárcel, pero también se le hizo efectiva la orden de captura por este nuevo hecho.

"Es un show mediático del Fiscal": abogado 

El abogado Henry Moreno, quien defiende en este proceso al exalcalde de Cartago, Germán González, a quien se le señala por presuntamente
haberse apropiado de más de $10.000 millones
del erario público, dijo este viernes que la investigación "es un show mediático del fiscal general" Néstor Humberto Martínez.

Para el jurista, el fiscal Martínez ordenó forzar las capturas a funcionarios de la administración del exalcalde González, para desviar la atención  de las acusaciones que ha recibido por sus presuntos vínculos con la controvertida firma Odebrecht.

"El senador Robledo probó que el Fiscal tiene vínculos con Odebrecht, y ahora él se defiende diciendo 'miren, estoy combatiendo la corrupción, logré 30 capturados en Cartago'", señaló el abogado Moreno.

Lea aquí: 'Las 17 respuestas del fiscal Martínez a senador Robledo sobre el caso Odebrecht'.

Además, para Moreno, las capturas contra 30 personas, entre ellas la ahora diputada Martha Lucía Vélez, hace parte de una "persecución política contra la gobernadora Dilian Francisca Toro".

"Qué coincidencia, que acaban de hacer unas imputaciones contra la Gobernadora, y ahora la diputada (Vélez) y el exalcalde, que son del grupo de ella, también son capturados", dijo Moreno.

También, el jurista criticó que la Fiscalía compartiera información a los medios de comunicación sin haber iniciado las audiencias formalmente, lo que consideró como "violación del debido proceso, el derecho a la defensa y al buen nombre".

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