Sistema de privación de libertad de menores empieza a desbordarse: Francisco Lloreda

Agosto 19, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País.

El alto consejero presidencial para la Seguridad y Convivencia, Francisco José Lloreda, habló sobre la polémica por creación de un centro para menores en Buga.

Los gobiernos Nacional y Departamental, y el Concejo Municipal de Buga, están enfrentados por la iniciativa de construir en la ciudad un nuevo centro de privación de la libertad para los menores de edad. El proyecto surgió de una solicitud de alcaldes del centro del Valle, entre ellos el de Buga, al presidente Juan Manuel Santos, de ayudar en su financiación para no seguir llevando a los jóvenes que infringen la ley, provenientes del centro y norte del Departamento, a Cali o Popayán.El alto consejero presidencial para la Seguridad y Convivencia, Francisco José Lloreda Mera, encargado por parte del Gobierno Nacional de su impulso, estuvo esta semana en Buga donde se reunió con el Alcalde, funcionarios del Icbf, y el Concejo en pleno. El País habló con él sobre las posiciones que existen sobre el proyecto. ¿Cuál es la importancia del centro para menores? Si no queremos repetir la historia de la crisis carcelaria de los adultos con los establecimientos de reclusión de los menores, se requiere ampliar y construir nuevos centros de privación de la libertad. Ya existe un déficit de cupos en el país y en el Valle. Los jueces de menores se ven en dificultades, pues no hay a dónde enviarlos.¿Por qué se escogió a Buga?El sistema de privación de la libertad de los menores empieza a desbordarse. El Valle del Lili y el Buen Pastor no dan a basto. Es necesario crear otro sin perjuicio de mejorar estos. Los jóvenes infractores del centro y norte del Valle son llevados a Cali si encuentran cupo. Lo lógico es que el nuevo centro sea en un municipio equidistante. Buga está en el centro del Departamento, ahí tenemos el Tribunal Superior de Buga entre otras entidades claves para el sistema penal de menores y un lote del Icbf, lo que facilitaría su construcción y operación a partir del próximo año.Pero los concejales insisten en la negativa...He encontrado opiniones diversas sobre el proyecto. Unos están cerrados a que se haga en Buga, otros a que se haga en el lote del Icbf al norte de la ciudad, y otros están dispuestos a que se haga en el lote, pero precisando mejor sobre su alcance.¿Por qué el Gobierno insiste en ese lote?Porque reúne varios requisitos. Está en el norte de la ciudad, es decir, fuera de la zona céntrica; además, el uso del suelo lo permite, el propietario es el Icbf. Esa ha sido la vocación histórica del lote, pues ahí funcionó la correccional de menores, y cuenta con todos los servicios, lo que permitiría iniciar la construcción el próximo año. ¿El predio queda cerca a viviendas o es rural?Está dentro del perímetro urbano, pero es un área en desarrollo. Y sí, está cerca de unos proyectos nuevos de vivienda de interés social, al igual que lo está la actual cárcel de adultos de Buga; ahí están las viviendas, y no ha pasado nada.Indican que afectaría el turismo…Absurdo. Bajo esa premisa habría que sacar el centro de menores de Cartagena o de Bogotá, y, que yo sepa, siguen siendo las ciudades con más turismo en el país. ¿A qué se debe la preocupación entonces?Yo creo que los concejales y muchos ciudadanos tienen en mente las imágenes de los disturbios en el Valle del Lili y creen que la presencia de un centro les acarreará problemas. Pero debe hacerse una distinción: una cosa es cerrarse a la banda, como es la posición de algunos, y otra entender la necesidad de hacer el centro, pero hacerlo con las mejores especificaciones, y aclarando las inquietudes. ¿El Gobierno está abierto a mirar otros lotes para este proyecto?Sí. Ya lo hemos hecho y no hemos encontrado uno con tan buenas condiciones. Hay quienes creen que se llevarían delincuentes del Valle del Lili a Buga…Entiendo la aprehensión que existe sobre el centro del Valle del Lili, pero debo ser franco: a pesar de que en ese centro se han presentado fugas y disturbios, no se le debe estigmatizar. Dentro de sus muros se hace un trabajo serio y la mayoría de los que están ahí desean y se van a resocializar. Lo segundo, no tiene sustento la idea de que se llevarían jóvenes de Cali a Buga. Desde el inicio se hizo claridad que el centro sería para el Distrito Judicial de Buga. No cobijaría a jóvenes de Cali. ¿Cuáles son las alternativas?Les propuse una reunión en dos o en tres semanas luego de que tanto ellos como nosotros, en el Gobierno Nacional y Departamental, examinemos las inquietudes y argumentos del otro para procurar un acuerdo. El Icbf los invitó a conocer otros centros para que ellos constaten que es posible tener establecimientos de buena calidad.¿Cómo es el centro que tienen previsto?Un centro piloto con dos características: que su eje sea una institución educativa, pues los adolescentes privados de la libertad están en edad escolar, y que ofrezca servicios integrales con la presencia de diversas entidades como el Sena, el MinTic, MinCultura, MinSalud y Coldeportes para lograr una mayor resocialización. ¿Están en riesgo los recursos?Sí. Con una paradoja. Mientras distintos departamentos del país piden a gritos la ampliación o construcción de centros, en el caso del Valle, donde los recursos ya están garantizados por una decisión presidencial, encontramos resistencia.¿Si persevera esa posición qué ocurrirá?Espero que no sea así por el bien del centro y norte del Departamento. Recordemos que fueron los alcaldes del centro del Valle y la Gobernación los que le solicitaron al Presidente que le diera prioridad al centro para no seguir llevando a los adolescentes al Valle del Lili en Cali. Ahora el malo del paseo es el Gobierno. ¿Es cierto que un concejal dijo que querían llevarles una escombrera social?Así es. Lo lamento, y le digo por qué: contrario a lo que se cree, la mayoría de los delincuentes no son menores de edad sino adultos, y los menores que delinquen suelen estar vinculados a delitos de bajo impacto y no violentos; además, la mayoría no continúa carreras delictivas. Es decir, son jóvenes que equivocan el camino y son capaces de volver a encausar sus vidas. No son un escombro social, no son desechables. No son fusibles para permitir que se quemen siendo posible salvarlos. El deber del estado es recuperarlos, aunque con algunos no se logre. Lo facilista es eludir las responsabilidades, esa posición sólo agrava el problema.

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