Si se firma la paz el PIB se duplicaría cada 8,5 años y no cada 18,5 como hoy en día

Ana María Ibáñez, decana de Economía de los Andes, dice que hay como financiar el posconflicto y que la firma de la paz nos conviene a todos.

El impactante informe ¡Basta ya! del Centro de Memoria Histórica estableció que en Colombia la población desplazada sobrepasa los cinco millones de personas. Ana María Ibáñez, decana de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes y ex directora del CEDE, Centro de Estudios Económicos de la misma universidad, ha sido pionera en investigaciones que han permitido acceder a una información fiable sobre este fenómeno de desplazamiento en diferentes regiones del país, que ha producido una explosión migratoria a los centros urbanos, con consecuencias como el aumento de la informalidad, las dificultades para encontrar empleo, la violencia contra la mujer y otros efectos perversos. Investigadores de las Universidades del Rosario, Javeriana, La Sabana y Los Andes, participaron en una profunda investigación sobre el tema cuyos hallazgos y conclusiones se acaban de publicar en el libro ‘Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿Cómo construir un posconflicto sostenible?’. Dentro de sus principales conclusiones, el libro destaca que con conflicto armado el PIB departamental se duplica cada 18.5 años y sin conflicto armado se duplicaría en 8.5 años. Ibáñez fue una de las expertas que participó en la investigación y publicación del texto y en esta entrevista explica cuáles han sido los costos del desplazamiento, de la guerra, y habla de la necesidad de terminarla, así como de la importancia de que todos los colombianos entendamos los enormes beneficios que traería la firma de unos acuerdos de paz que le permitieran a este país efectuar grandes inversiones en políticas públicas que lo pongan, por fin, en el camino de la “prosperidad para todos”, programa que impulsa el presidente Juan Manuel Santos. Ana María tiene un máster y un doctorado en Economía Agrícola y Recursos Naturales y es economista de la Universidad de los Andes. Ha sido investigadora asociada de Fedesarrollo, consultora del Banco Mundial en Washington, investigadora económica del Banco de la República y de la Federación Nacional de Cafeteros. Ha ganado varias distinciones, entre ellas el Premio Juan Luis Londoño 2010. Maneja un blog llamado Foco Económico.El presidente Santos anunció un impulso gigantesco a la educación con una inversión enorme. ¿Eso qué le dice?Se trata de una política supremamente importante porque la inversión masiva en educación es indudable que ayudará a este país, pero al mismo tiempo, habría que preguntarse si el Ministerio del ramo tiene la fortaleza suficiente para ejecutar todos estos recursos y para diseñar las políticas que se requieren.¿Eso qué significa?Que la inversión tiene que venir acompañada de capacidad institucional porque si no, se corre el peligro de desperdiciar los recursos y por eso hay que estar encima para ver cómo se ejecutan esas políticas. Hay que advertir también que uno de los puntos fundamentales es la capacitación de los maestros, inclusive más que las inversiones exorbitantes porque sin un capital humano docente bien capacitado, todo puede fracasar. ¿Qué inspiró el trabajo sobre desplazamiento forzoso, que le mereció el Premio Juan Luis Londoño, gracias al cual se pudieron analizar los costos económicos que el conflicto armado interno ha producido en la población desplazada?Cuando yo regresé a Colombia encontré que el tema ambiental era muy grave, pero que el tema de la violencia era más grave todavía y quise aplicar métodos para entender y calibrar los costos de este tipo de violencia. Con una amiga alemana me dediqué a estudiar el tema y encontramos que allí había un gran drama, pero que al mismo tiempo era un tema de investigación fascinante. ¿Qué encontraron? El libro lo primero que hace es explicar por qué la gente se desplaza. Los científicos sociales nos regañaban y nos decían que estábamos haciendo algo tautológico, porque era obvio que se desplazan debido a la violencia, pero nosotras logramos demostrar que no todos se desplazaban. Y otra cosa muy importante: que los actores armados en su estrategia de guerra atacan es a cierta gente a la que les interesa desterrar: dueños de tierras, líderes visibles, personas jóvenes. Logramos demostrar con estadísticas que el desplazamiento no es como una bala perdida y que la idea que se tiene de que se trata de los campesinos más pobres de la sociedad rural, tampoco es cierta. Desde luego los desplazados no son los más ricos de su región, pero el tamaño promedio de las tierras que dejan es de 13 hectáreas cada uno. Y sobre los costos económicos del desplazamiento encontramos que no solamente pierden su tierra, su principal activo para generar ingresos, sino también todo el capital humano acumulado, porque son personas que han vivido siempre del agro. Cuando llegan a las ciudades se encuentran en situaciones supremamente difíciles porque solo saben cultivar, lo cual no sirve en el ámbito urbano. Además, solo tienen cinco años de educación y eso les impide conseguir trabajo.¿Entran entonces en la informalidad y cómo sobreviven?Encontramos que después de un año quedaban en la misma tasa de desempleo de la población en pobreza extrema y que lo que estas personas dejaban de cultivar equivalía a unas pérdidas porcentuales del PIB agropecuario del 4.3 % cada año. Quiere decir que todas esas personas eran productivas, contribuían a la sociedad y producían alimentos, pero cuando llegaban a la ciudad se les bajaban los ingresos y se quedaban abajo para siempre. Nunca logran repuntar. Eso la llamamos una trampa de pobreza. Las esperanzas de salir de esa situación eran muy bajitas porque no tenían activos humanos ni financieros y habían perdido la tierra.¿Y qué pasó con la política de buscarles a los desplazados el retorno a sus lugares de origen?Que solo el 11% quería retornar y por lo tanto era una política obtusa. La sentencia de la Corte Constitucional T- 025 alineó al gobierno para que hiciera una mejor política para la población desplazada y es entonces cuando entra el presidente Santos y se elabora la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que a mi juicio es difícil de implementar, pero muy progresista. Una ley que realmente está tratando de sacar adelante a la población desplazada.En resumen, ¿cuál fue el aporte de ustedes?Cuando nos metimos en el tema de desplazados no dijimos nada nuevo, sino que pusimos cifras y les dimos una base científica. Mostramos que no era una hipótesis lo que estábamos afirmando, porque las cifras eran de veras muy impactantes.¿De ese universo de cinco millones de desplazados, cuántos han regresado a sus tierras? En las encuestas que se hicieron contestaban sí a la pregunta de si querían volver, solo el 11 %; pero en la práctica solo ha regresado por ahí un 5 %. Hay que recordar que en ese momento del estudio regresar era hacerlo a una región donde el grupo armado desplazador todavía estaba vigente.¿Por qué ese porcentaje tan alto no quiere regresar? Porque la gran mayoría de esas personas han sido desplazadas por eventos traumáticos como el homicidio o violencias muy fuertes. Entonces el tema sicológico juega un papel enorme. Por otra parte, mujeres jefes de hogar con hijos jóvenes encontraban mejor educación para sus hijos y más oportunidades y apoyo del estado en la ciudad. Otro segmento importante era el más educado porque tenían la posibilidad de acceder a mejores trabajos.¿Y cómo analizan ustedes el posconflicto? Ese es un proceso muy largo, supremamente difícil y peligroso porque en los años siguientes a la firma de un acuerdo de paz, el país está más vulnerable a volver a caer en guerra y eso se ha encontrado en todos los pactos que se han adelantado en el mundo. Si no se logra diseñar un buen posconflicto lo que se puede estar sembrando son las semillas de otro conflicto. Para terminar, de su libro: ‘Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia, cómo construir un posconflicto sostenible’, ¿que conclusión destacaría?Lo que uno ve en tres o cuatro de los capítulos, es que lo más grave del conflicto armado no es exactamente la destrucción -per se- que genera -que se vuelen oleoductos, torres de energía o carreteras- sino que la gente cambia sus decisiones económicas por el temor que le produce el conflicto armado.¿Eso qué traduce?Que si yo soy una terrateniente y estoy atemorizada porque los grupos armados están a mi alrededor, no invierto gran cantidad de dinero en mi tierra, porque puedo perderlo. También las personas que están en las ciudades, en vez de invertir en actividades que generen mucha renta pero que tienen un riesgo, prefieren tener la plata en efectivo para podérsela llevar en un momento determinado. Toda esa es plata que no se está invirtiendo en producción, ni generando riqueza. Eso lo encontramos recurrentemente en un estudio sobre industrias manufactureras y de agricultura y en otro sobre el efecto agregado de los costos del conflicto armado. La lección es importante: la carretera se reconstruye y la torre de energía vuelve a levantarse, pero el miedo y la incertidumbre que deja el conflicto tardan muchísimo en desaparecer, si no se hacen buenas políticas públicas, porque se quedan en el imaginario colectivo. Una de las conclusiones de estos estudios es que sin conflicto el Producto Interno Bruto departamental se duplica en 8.5 años y con conflicto, lo hace en 18.5.Sí, es un estudio optimista porque los más conservadores dicen que la economía crecerá un punto porcentual adicional más. Quiere decir que si ahora estamos en 4.5 % quedaríamos creciendo un 5.5 % sin el conflicto. El estudio dice que sería 4.4 % más, es decir, que estaríamos creciendo un 8.9 % en total. Esta es una conclusión supremamente optimista que significa que duplicaríamos el PIB no en 18.5 años, sino en 8.5 años; pero la verdad es que ganarse una década de crecimiento es sumamente difícil.