Secretaria de juzgado de Cali fue condenada por dejar libres a presos

Secretaria de juzgado de Cali fue condenada por dejar libres a presos

Octubre 31, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País
Secretaria de juzgado de Cali fue condenada por dejar libres a presos

Esta fotografía fue publicada en el 2008 por Bertha María Harf en una red social, en la que dijo que su profesión era abogada y estaba interesada en una relación.

Bertha María Harf está prófuga de la justicia. Tiene dos condenas por dar detenciones domiciliarias y libertades. Todavía tiene más investigaciones.

La historia de la secretaria de un juzgado de ejecución de penas de Cali, que otorgó libertades, presuntamente irregulares, a cerca de 60 delincuentes condenados en la ciudad, ha sido uno de los casos más sonados en los despachos judiciales de la capital vallecaucana.“Es tal vez la empleada de la rama judicial más buscada de la ciudad, ya tiene dos condenas encima”, sentenció un funcionario al referirse a Bertha María Harf Salazar.El Tribunal Superior de Cali condenó el miércoles a la exfuncionaria a ocho años y seis meses de cárcel por los delitos de prevaricato por acción y falsedad por destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. Este proceso se trató de un caso en el que le otorgó detención domiciliaria y el permiso de trabajar a un hombre, sentenciado por hurto calificado y porte ilegal de armas y quien, según la decisión, no cumplía con los requisitos para estos beneficios.Durante la lectura del fallo, realizada en el Palacio Nacional, se dijo que la funcionaria, quien en el 2007 estuvo durante 25 días como encargada del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas de Cali, le concedió los dos beneficios al procesado porque supuestamente era cabeza de hogar, lo que, argumentó la Fiscalía, era falso.El condenado fue identificado como Evert Ricardo Prado Fajardo, sentenciado en marzo del 2007 a 42 meses de prisión por el Juzgado 21 Penal del Circuito de Cali, por los delitos de hurto calificado agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. La detención domiciliaria le fue otorgada en diciembre de ese mismo año.Asimismo, Harf Salazar ocultó su decisión para que su jefe, el juez titular, no la descubriera al llegar de sus vacaciones. Sin embargo, como el beneficiado con la libertad había sido condenado con dos personas más, uno de los otros sentenciados se quejó ante la Procuraduría al no otorgársele a él la libertad.Entonces, el procurador del caso remitió la queja al Fiscal Sexto Delegado ante el Tribunal Superior de Cali, quien inició la investigación, en la que se descubrieron las irregularidades.Todo el proceso contra la exsecretaria se llevó a cabo como persona ausente, ya que la funcionaria se encuentra evadida de las autoridades.El carrusel de las libertadesPero esta no es la primer sentencia de la exsecretaria y exjuez encargada. La mujer había sido condenada a doce años y cinco meses de prisión en agosto pasado por los delitos de concusión, fraude procesal, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público y falsedad ideológica en documento público. En esa decisión también se vieron involucrados el asesor jurídico de la Cárcel Villahermosa y dos notificadores como cómplices de falsedad ideológica en documento público.La funcionaria, según la Fiscalía “firmó 34 libertades, desde el año 2007 y se falsificaron las firmas de las resoluciones, así como la huella digital del juez que llevaba los casos”. En total, la Fiscalía investiga más de 60 libertades otorgadas en este juzgado durante tres años. Bertha María Harf Salazar fue detenida en marzo del 2010 y llevada ante un juez de Control de Garantías, que le dictó medida de aseguramiento en la cárcel de Jamundí. Sin embargo, tiempo después la decisión fue revocada y le otorgaron la detención domiciliaria.La Fiscalía apeló y otro juez ordenó nuevamente la captura de la exsecretaria, pero la mujer ya no estaba en su casa, ubicada en el sur de Cali. Actualmente, se encuentra prófuga de la justicia.Por este caso, en septiembre del 2010 el Consejo Superior de la Judicatura destituyó en segunda instancia e inhabilitó por diez años al Juez Quinto de Ejecución de Penas de Cali, Héctor Armando Caicedo Pasmiño, quien era el juez titular en el despacho. El funcionario había asegurado que su secretaria (Bertha María Harf) lo había engañado para que firmara algunas de las libertades.Es que según las investigaciones de varios fiscales que le han seguido la pista a este caso, la funcionaria otorgaba libertades en algunos casos estando encargada del despacho, pero en otros lo hizo como la secretaria de este falsificando la firma del funcionario.“Ella había quedado encargada del juzgado en repetidas ocasiones porque gozaba de toda la confianza de su jefe”, explicó una fuente cercana a las investigaciones. Las detenciones domiciliarias otorgadas o libertades dadas por el juzgado se dieron entre el 2007 y 2009.Las primeras pistas de estas libertades se dieron por unas notificaciones de la cárcel de Villahermosa, donde les pareció sospechoso el número de libertades que otorgaba el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas. Ante esto, un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública inició la investigación, en la que el pasado 30 de agosto fue condenada la exfuncionaria.Asimismo, en esa unidad Bertha María Harf tiene abierta otra investigación por las libertades otorgadas a 20 mujeres que estaban presas en la Cárcel del Buen Pastor.Otros casosEn junio pasado una jueza de Ejecución de Penas y Medidas de la ciudad fue detenida porque presuntamente favoreció a narcotraficantes con detención domiciliaria. La Fiscalía le imputó a la funcionaria de justicia los delitos de destrucción de documento público, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, prevaricato por acción, fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.En agosto del año pasado fue capturada una juez civil del circuito de la ciudad por los delitos de prevaricato y cohecho. Y en junio otro juez civil municipal fue enviado a la cárcel como presunto responsable del delito de prevaricato por acción agravado. Al parecer, liberó mediante la figura de ‘habeas corpus’ a trece personas investigadas por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y fabricación tráfico y porte de estupefacientes agravado en abril del 2010.

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