"Se está haciendo formalización de tierras, no restitución": Esteban Beltrán

Diciembre 02, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Alejandra Bonilla Mora | Colprensa

Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional.

Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional, habla sobre las críticas a la Ley de Restitución de Tierras en Colombia.

El panorama de Amnistía Internacional en un informe sobre Restitución de Tierras es que el proceso lleva una implementación “vergonzosa”, que “ha defraudado a las víctimas” y que no cumplirá las metas fijadas en la Ley.Colprensa habló con Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional, quien indica que el Gobierno Nacional necesita hacer un plan de acción de manera inmediata, crear una entidad que tenga el control sobre todas las partes del proceso, vigilar el cumplimiento de las sentencias, entre otros. El tema es que apenas un poco más de 2.800 personas se han beneficiado. ¿Cuál es el principal hallazgo del informe?Hemos estado en Cauca, Valle, Sucre, Cesar, Magdalena, Atlántico y Meta y hemos documentado durante dos años algo muy preocupante y es que, o hay un cambio radical en la forma en que la Ley se está implementando o dejará a millones de personas, desplazados forzosos, en un limbo sin derecho a la verdad, a la justicia y sin una tierra donde empezar una nueva vida.La Ley de Víctimas y de Restitución se está implementando de manera vergonzosa. ¿Que lo lleva a hacer esa afirmación?Dos años y medio después de estar operando la ley hablamos de 8 millones de hectáreas que, según cifras oficiales, fueron víctimas de apropiación ilegal, que fueron abandonadas a causa del conflicto. De estas, solo se han restituido 29 mil. Nada prácticamente. Y, en comunidades indígenas, hay solo un caso que afecta a 1.500 familias que son 50 mil. De las millones de personas que han sido desplazadas, solo se ha devuelto la tierra a 2.877 y sentencias judiciales no hay más de 800. Esas son buenas decisiones, de jueces con valor, que no se cumplen. Esa es la situación. Hay un índice de fracaso. ¿A qué se debe?No se están tocando los grandes intereses extranjeros y nacionales en materia de acaparación ilegal de tierras. El proceso que está dañando todo es la microfocalización, es decir, que el Ministerio de Defensa decide, por razones de seguridad, decide dónde se puede restituir las tierras y en dónde no. Y eso ha llevado a que solo haya hecho restitución en 112. Entonces, en vez de ser un concepto mucho más amplio que implique alcaldes y líderes comunitarios, solo es lo que indique el Ministerio y eso es un cuello de botella que a no ser que se rompa, va a ser inviable que la gente tenga su derecho a la tierra. El Ministerio de Defensa defiende la microfocalización porque se necesitan condiciones de seguridad para los reclamantes...La seguridad es un concepto importante, pero no es el único. Y, digamos, el Ministerio de Defensa acude con la Unidad de Tierras y nadie más. Eso es muy grave, porque incluso la gente no puede registrar su tierra que fue expoliada (despojada), así no vaya a ser restituida, y debería poder hacerlo. Ese es un cambio fundamental de la puesta en práctica que tiene que hacerse sino, en 10 años que tiene la ley, ni nunca, no se va a poder restituir la tierra a miles de personas. En materia de seguridad, ¿qué más encontraron?La situación es muy seria. Lo que hemos encontrado es gente que acude al predio y es amenazada, intimidada y en algunos casos asesinada. Los esquemas de seguridad son muy pobres. Por ejemplo, llevamos diciendo a la Unidad de Víctimas y de la Unidad de Protección que en una comunidad de 75 mujeres no tiene sentido dar seguridad a una o dos, tiene que haber medidas colectivas de protección. Sabemos que la Unidad está trabajando desde hace dos años en un decreto para que tengan medidas comunitarias y todavía no ha salido. Han encontrado casos en que los carros asignados no tienen combustible. ¿Qué otros hallazgos?Hay una cosa. Casos en que la Unidad de Víctimas considera que hay riesgo ordinario y la Unidad de Tierras y la Defensoría, de riesgo extraordinario. ¿Por qué pasa eso? Si hay riesgo ordinario, el esquema casi que no existe y si hay riesgo extraordinario, hay un caso en que él (reclamante) tiene que desplazarse a otros lugares y va en autobús y los escoltas en avioneta.Entonces, qué sentido tiene. Qué tipo de esquemas de seguridad hay. La gente tiene miedo de volver. También sucede que cuando el predio está en disputa tiene que protegerse y no se hace. La gente que ocupa o lo trabaja o no, pero lo van cambiando. Cambian las cercas.¿Han identificado algún actor en particular de esas amenazas?En mayo de este año los paramilitares hicieron un comunicado amenazando a los reclamantes de tierra en el país. Hay una preocupación muy intensa por los paramilitares. ¿Por qué Amnistía dice que hay una doble impunidad?Porque por un lado está que ninguno de los que despojó la tierra o muy pocos han respondido ante ello en un Tribunal, a pesar que los jueces tienen la capacidad de decir que esto fue un despojo y pedir que la Fiscalía investigue si hay indicios de los responsables. Por otro lado, la gente que vuelve a sus tierras o intenta volver es víctima de intimidación, amenazas e incluso muertes. La Fiscalía está investigando 35 homicidios en el último año, relacionados con reclamantes de tierras.Si la inseguridad permanece, si la ley tiene vacíos como por ejemplo que aquellos que perdieron la tierra antes de 1991 no pueden acogerse a ella, lo que sucede es que cada vez menos gente se acerca al proceso. Las autoridades pensaban que iba a ser un proceso progresivo y no es así, cada vez acuden menos. Hay una falta de confianza. ¿Por qué no se cumplen las órdenes de los jueces?Porque no hay un órgano que tenga la responsabilidad completa, en primer lugar. Después, porque los jueces no tienen la capacidad de seguir las sentencias que dictan. Tiene que haber un sistema de ejecución de fallos. De qué te sirve tener un papel que reconoce tu derecho si luego nadie te pone una escuela para tus hijos, no te solucionan la vivienda, de qué sirve. De nada. Tiene que haber un cambio radical, es una cuestión de realmente tener una voluntad política de devolverle la tierra a los propietarios y actualmente esa voluntad que tuvo un inicio bueno con la ley, no la vemos. El informe incluye 40 recomendaciones. ¿En qué consisten?Al Gobierno. Lo que se necesita es la implementación efectiva de la Ley. Hay plazos que no se cumplen, hay que cambiar el plan de microfocalización, hay que implementar mejor las sentencias de los jueces para que se cumplan las órdenes y sino se hace, que haya sanciones. Y a la comunidad internacional se le recomienda apoyar al Gobierno si pone en marcha un plan de implementación que sea un cambio radical y que los fondos de los gobiernos extranjeros no vayan nunca a fomentar proyectos económicos en tierras que todavía están adquiridas ilegalmente. También que se garantice que las empresas con sede en el extranjero que invierten en Colombia no se beneficien de tierras adquiridas así. ¿Qué hacer?El llamado de atención y la sugerencia al gobierno es que se haga un plan de acción y aumente la eficacia de la implementación de la Ley. Que cambie las cosas fundamentales como la microfocalización, pongan a gente a revisar que se cumplan las sentencias de los jueces y verán como la gente se acerca al proceso. De millones de personas, lo han hecho 60 mil. Y de estos, los que tienen la tierra son 2.877. Y los que tienen la tierra, la mayoría, son los que ya estaban en la tierra. Lo que realmente se ha hecho es una formalización, no una restitución. ¿Cuál es la alerta con las tierras y las multinacionales?Una de las razones del conflicto en Colombia es el control de la tierra y los desplazamientos también se producen por ocupar la tierra. En ese contexto hay grandes proyectos mineros o agroindustriales que son de grandes empresas colombianas o extranjeras. De ahí, este indicio que he dicho, esta es una investigación en curso de Amnistía que no está finalizada, pero es importante indicar que lo que no puede ocurrir es que empresas extranjeras se beneficien de tierras adquiridas ilegalmente.Es una doble responsabilidad. Del Gobierno Nacional asegurar que las tierras no sean entregadas a empresas extranjeras sin que esté claro que los particulares quieran hacerlo. Y, los gobiernos extranjeros tienen que asegurarse que las empresas no las adquieran. Esto es muy importante, que no se den fondos a proyectos extranjeros desarrollados en esas tierras adquiridas ilegalmente.

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