Se debe racionalizar la detención preventiva: Minjusticia

Noviembre 27, 2015 - 12:00 a.m. Por:
ElPaís.com.co | Colprensa

El ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, afirmó que una persona detenida preventivamente que se absuelve termina demandando al Estado.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, aseguró que si se tiene en cuenta el ritmo al que se llenan los centros penitenciarios, la carrera por vencer el hacinamiento con la construcción de más establecimientos no va a tener resultados satisfactorios en el corto plazo. 

Las declaraciones se dieron durante el foro ‘Justicia, sistema penitenciario, impunidad y derechos humanos’, que se realizó en el Congreso de la República.

Además, se afirmó que una persona detenida preventivamente que se absuelve termina demandando al Estado.

Y hoy las pretensiones relacionadas con este tema alcanzan los 23 billones de pesos. 

“La velocidad con la que las cárceles se llenan es muy superior a la velocidad con la que se construyen, de tal manera que estamos en una carrera absurda. Siempre le rinde mucho más a los fiscales y a los jueces ordenando medidas de detención preventiva que a los ingenieros y arquitectos diseñando y construyendo cárceles”, aseguró Reyes. 

Según el alto funcionario, entre 1993 y 2014 el número de cupos penitenciaros aumentó en un 173%, pero en ese mismo periodo el número de personas que ingresó a los centros penitenciarios subió en un 315%.

Es decir, se duplicó el número de personas que llegaron a las cárceles frente al ritmo de construcción. Ante esto, el Ministro hizo un llamado a jueces y fiscales para que utilicen la detención preventiva únicamente cuando sea estrictamente necesario.

“El Código de Procedimiento Penal contempla 11 medidas de aseguramiento y los fiscales usan solo una: la detención preventiva. Pero hay 10 más que buscan exactamente lo mismo: garantizar que la persona comparezca en juicio y no siga delinquiendo en la calle”, puntualiza. 

Por último, el Ministro Reyes advirtió a los operadores judiciales que deben adelantar los procesos pendientes antes de que entre en vigencia la ley que racionaliza las medidas de aseguramiento. 

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