Se buscan $90 billones para financiar el posconflicto en Colombia

Noviembre 09, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Olga Lucía Criollo | Reportera de El País
Se buscan $90 billones para financiar el posconflicto en Colombia

630.000 millones de pesos cuesta la desmovilización y reintegración de 18.000 excombatientes de grupos subversivos.

Aún no está claro de dónde saldrán los recursos. Impuesto a la minería y fondos foráneos, entre las opciones.

Firmar la paz es tan importante como sostenerla. Por eso, si el presidente Juan Manuel Santos logra un acuerdo definitivo con las Farc el próximo año, solo habrá hecho la mitad de la tarea.La otra, el posconflicto, tardaría por lo menos una década en cristalizarse y tendría un costo equivalente a casi la mitad del presupuesto anual de la Nación.Así lo aseguran varios estudios que coinciden en tasar en entre $80 y $90 billones los fondos que requeriría el Gobierno Nacional para poner en práctica los acuerdos que se pacten en La Habana y cuya financiación aún está en veremos, al punto que esta semana el presidente Santos se fue con la ‘totuma’ a Europa, en busca de recursos internacionales para la paz.Según el congresista Roy Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado, que realizó uno de los estudios, tales recursos se destinarían a la reconstrucción del tejido social en todas las regiones del país en los próximos diez años, pero no incluiría la financiación de la terminación de los diálogos.“Los colombianos deben diferenciar entre el costo de la paz, que es lo que vale el fin del conflicto, es decir, el desarme, la desmovilización y la reintegración de 18.000 excombatientes de grupos subversivos, que cuestan $630.000 millones, y el costo del posconflicto”, aclaró Barreras.También dejó en claro que, dada la naturaleza y el origen del conflicto interno colombiano, el énfasis inversionista posterior a la paz se haría en las zonas campesinas, por lo que sectores como el desarrollo agropecuario, la jurisdicción agraria y la formalización y registro de la propiedad rural serían los que demandarían los mayores esfuerzos.Con él coincidió Ana María Ibáñez, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, quien agregó que “sería una oportunidad muy importante para solucionar viejos problemas que se tienen en Colombia”.La académica precisó que “algunas áreas rurales, donde la guerrilla y los paramilitares han tenido un efecto más importante sobre la población, que son áreas que por lo general tienen una ausencia muy grande del Estado, están aisladas y donde el acceso a servicios públicos y otros servicios es muy incipiente, van a requerir inversiones sustanciales”.El estudio ‘Escenarios de vulnerabilidad fiscal para la economía colombiana’, publicado en febrero pasado por Fedesarrollo, retoma la cifra de $80 billones de estimativos preliminares hechos por el Gobierno.Pero, además, indica que la concreción de la paz “implicaría un incremento anual del gasto público cercano al 1% del PIB, con la particularidad de que el costo del tratado de paz se concentraría en los primeros cuatro años luego del acuerdo”.A diferencia de los análisis de la Comisión de Paz del Senado, los cálculos de Fedesarrollo sí incluyen los otros puntos de las negociaciones, “como los esfuerzos para acabar el narcotráfico, la reparación de víctimas y el fin del conflicto”.Sin mencionar cifras, la senadora Claudia López también ha expresado su preocupación al respecto: “El Estado colombiano está acostumbrado a invertir y operar solo en la mitad del territorio. La paz no es solo desmovilizar a 15.000 combatientes sino llegar a la mitad del territorio que durante cien años ha estado abandonado”.Por ello enfatizó que el desafío del posconflicto es que el Gobierno Nacional aprenda a planear e invertir tanto en los centros poblados como en las zonas rurales. Sin embargo, en un reciente debate en el Senado el congresista Barreras sostuvo que si bien la paz generará gastos, también conllevará dividendos económicos. “En una Colombia sin violencia, en el país se produciría un aumento de los ingresos de $100 billones anuales”, aseguró citando al Instituto de Economía y Paz.De dónde saldrá la plataLo cierto es que, dado lo pactado hasta ahora en Cuba y el optimismo del gobierno Santos, muchos se están preguntando de dónde van a salir esos recursos para fondear el posconflicto.Algunos consideran que parte de la tarea se adelantó en el Conpes 3712, que comprende el Plan de Financiación para la sostenibilidad de la Ley 1448 de 2011, partiendo de la premisa de que hasta el 2021 se necesitarán $54,9 billones para atender, asistir y reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado interno, dejando en claro que “no ponen en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo”. No obstante, dada la diferencia entre ese Conpes, que no hace alusión concreta a la firma de la paz, y los otros estudios -que no sería inferior a los $30 billones- ya se han puesto otras alternativas sobre la mesa.Una coincidente con el viaje de Santos a Europa es la de Fedesarrollo, que sostiene que los costos del posconflicto podrían financiarse parcialmente con recursos concesionales de entes multilaterales, por lo que parte de ellos podrían ser exceptuados de la regla fiscal. Otra cosa plantea el exsenador Juan Mario Laserna, quien propone un impuesto específico a la minería, dado que ese sector y el energético, se verán muy beneficiados con un acuerdo de paz.Según él, con ese y otros impuestos al capital se podrían recaudar $2 billones por año, que posibilitarían una deuda con el Fondo Monetario Internacional sobre la base de 2 puntos del PIB, es decir, $12 billones anuales.Para el posconflicto “no se puede pensar en recursos internacionales porque el primer mundo está quebrado. EE.UU. no tiene dinero, Europa tampoco”, dijo días antes del viaje de Santos, a quien el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, le dijo el martes que están listos para dar “asistencia concreta a Colombia... una vez que terminen las negociaciones”.Así las cosas, mientras siguen las negociaciones en Cuba, en Colombia se abre paso otro debate, el de la definición de los impuestos que se cobrarán para conseguir los billones de pesos que se necesitan para garantizar un posconflicto sostenible.Un primer impulso quedó en veremos cuando el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, intentó firmar un acuerdo de transparencia con Panamá, en aras de empezar a meter en el bolsillo de la paz los US$50.000 millones que los colombianos evaden en el exterior. En los próximos meses el Congreso deberá decir la última palabra sobre las otras opciones.Beneficios de firmar la pazSegún el estudio ‘Escenarios de vulnerabilidad fiscal para la economía colombiana’, las consecuencias económicas y sociales para el país en el mediano y largo plazo de firmar un acuerdo de paz pueden compensar ampliamente sus costos en el corto plazo.”Una sociedad en paz, aparte de conllevar un impacto positivo no cuantificable sobre el bienestar asociado a la convivencia pacífica y mejora la confianza inversionista”, indica el informe realizado por Leonardo Villar y David Forero.El análisis de Fedesarrollo también indica que la consolidación de la paz liberaría fuerza laboral hacia la producción agropecuaria, reduciría los costos asociados a la violencia e incrementaría en últimas el crecimiento potencial de la sociedad colombiana de manera importante.También plantea que lo acordado hasta ahora en el tema agrario en La Habana generaría compromisos fiscales no despreciables, dado que intenta solucionar problemas muy complejos como la desigualdad rural y la informalidad de la propiedad.Ley de VíctimasSegún el Conpes 3712, de los $54,9 billones en los que está establecido el costo de la Ley de Víctimas, en precios del 2011, $23,3 billones no están asociados a la condición de víctimas de los individuos, por tratarse de derechos generales de la población.Los restantes $31,6 billones corresponden al costo de los derechos específicos de las víctimas, “incluidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo”.También plantea que se busca garantizar que en los próximos años el esfuerzo del Gobierno Nacional para reparar integralmente a las víctimas del conflicto, en el marco de un proceso gradual, “no pondrá en riesgo la estabilidad fiscal y macroeconómica del país, puesto que esta es fundamental para el progreso económico y social en razón a la limitada capacidad para recaudar ingresos y acceder a otros recursos de financiamiento”.

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