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Se agudiza división del movimiento indígena en el departamento del Cauca

Líderes indígenas afiliados al Cric y a la Opic libran una batalla política y económica en el departamento. Desvío de recursos públicos, complicidad con grupos armados y amenazas, son algunas de las acusaciones que se hacen estas dos organizaciones.

29 de julio de 2012 Por: Redacción de El País

Líderes indígenas afiliados al Cric y a la Opic libran una batalla política y económica en el departamento. Desvío de recursos públicos, complicidad con grupos armados y amenazas, son algunas de las acusaciones que se hacen estas dos organizaciones.

La fractura en el movimiento indígena del Cauca surgida en 2009, y aparentemente inofensiva, ha hecho erupción en estos días.Luego del intento de desalojo por parte de algunos miembros de la gurdia indígena contra soldados del Cerro Alto Berlín, las acusaciones entre miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, y los de la Organización Pluricultural Indígena de Colombia, Opic, van y vienen.Mientras la guardia indígena de los diversos cabildos afiliados al Cric, con 41 años de trayectoria, desestima los señalamientos de la Opic, esta organización arrecia sus denuncias. Su líder, Ana Silvia Secué, sostiene que renunciaron a pertenecer a los cabildos del Cric y acusan a éstos supuestamente de desvíos de recursos públicos, de trabajar de la mano con las Farc, de amenazar a sus líderes y de asesinar al menos a dos de ellos.Feliciano Valencia, líder de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, Acín, filial del Cric, niega categóricamente estas acusaciones y mucho más que el movimiento indigenista esté dividido. Valencia admite que “hay unas equivocaciones y unas contradicciones, pero no son de tipo estructural sino que obedecen a estrategias de grupos armados e infortunadamente el mismo Gobierno las ha venido impulsando y fortaleciendo”.Por ejemplo, argumenta, el Cric siempre ha tenido la posición de exigir los derechos constituidos, así a veces le haya tocado a sus miembros ir a las acciones de hecho para hacerlos cumplir. Y reconoce que esa posición, al no ser compartida por el resto de indígenas, es aprovechada para “agenciar la construcción de organizaciones paralelas, algo muy peligroso porque se quiere mostrar a la opinión pública una división al interior de los pueblos indígenas”, explica.El consejero mayor del pueblo nasa de Tierradentro, Jesús Javier Chávez, afirma que “no es cierto que tengamos grandes fracturas al interior del movimiento indígena”. En su opinión, hay personas que a título individual contradicen los procesos, sin argumentos sanos y con resentimientos o con ambiciones personales”.Chávez, conocido como ‘el padre Chucho’ porque fue sacerdote, sostiene que quienes se oponen lo hacen por un interés: surgir, ser líderes o administrar recursos. “Lo que más se visualiza es que hay compañeros que salen a contradecir los procesos del Cric porque quieren también tener acceso a algunos recursos”.Los líderes señalan que los opositores han confundido a la población diciéndole que se deben salir del cabildo porque las otras organizaciones sí les van a dar educación, salud, tierras y plata para que cada indígena tenga lo necesario. “Lo que es una farsa, una ilusión para la gente, pues juegan con sus necesidades”, dice Chávez.Enrique Cuetío, ex gobernador del cabildo Cerro Tijeras, de Suárez, ratifica que la Opic ha utilizado las necesidades de las comunidades indígenas para ofrecer recursos. “Y el Gobierno Nacional le ha inyectado presupuesto a este movimiento que legalizó el ex ministro Fabio Valencia Cossio en su época del gobierno de Uribe”.Pero Ana Silvia se defiende: “Ellos dicen que somos uribistas y paramilitares, pero eso no es cierto. Lo que hicimos fue acudir en 2009 a la Presidencia para que nos reconociera porque necesitábamos un resguardo para que la generación venidera pueda tener de herencia una organización que en verdad vele por sus derechos; por eso nos organizamos, pero nunca fuimos creados por el uribismo ni el paramilitarismo, tenemos pruebas de que nos reunimos en asamblea porque ellos mismos nos llevaron a eso con esos hechos terroristas donde queman casas y hay tanta violencia”, denunció la líder de la Opic.Esos señalamientos, serían, dice Ana Silvia, sólo una excusa del Cric para defender todo el daño que han hecho al interior de las comunidades. “Dios sabe y la comunidad es testigo del dolor, la humillación, la manipulación, el desplazamiento forzado porque los que no nos sometemos tenemos que salir del territorio, el ganado que se han comido, nos cansamos de eso y por eso renunciamos a los cabildos –no al territorio– y creamos nuestras propias autoridades”.De hecho, las partes en conflicto coinciden en que hay intereses económicos que afectan a unos y otros. A las denuncias de la Opic sobre el supuesto desvío de recursos, Valencia señala que, valiéndose de la situación de pobreza que impera en el Cauca, “organizaciones económicas inescrupulosas aprovechan para fomentar sus propuestas y terminar en posturas contradictorias. No son divisiones irreconciliables, sino que obedecen a estrategias de otros intereses y otras políticas para dividir el movimiento indígena”, insiste.Líderes del Cric califican de falsa la afirmación de que su organización se apodere de los recursos públicos sin hacerlos llegar a la comunidad.“El Cric lo que hace es firmar los convenios con el Gobierno sobre los dineros públicos que llegan para proyectos en salud, educación, saneamiento básico y eso está controlado por la Procuraduría y la Contraloría bajo todas la normas públicas de administración de recursos”, aclara Chávez. Igual sucede con los de organizaciones internacionales que los apoyan, son sobre proyectos con tareas para desarrollar. Y quien dirige los proyectos, dicen ellos, tiene derecho a derivar ganancias, pero nada que se exceda de lo estipulado.El mismo Cuetío admite que “algunos cabildos reciben transferencias, pero en el caso particular de Cerro Tijeras, nunca he recibido, no soy empleado del Cric, nunca lo he sido, siempre he apoyado el movimiento indígena porque lo he llevado en el alma”.¿A dónde van los recursos? Es lo que la Opic busca que se investigue. “Cuando hagan la investigación de las transferencias van a encontrar muchos vacíos porque ellos (Cric) no han entregado contabilidad ni facturas de en qué lo gastaron. No se sabe cuánto entra, mientras otros andan pidiendo, hay una desigualdad, un monopolio y por eso pedimos justicia a los entes jurídicos y de derechos humanos de la ONU y la Defensoría del Pueblo, que en vez de aterrizar y mirar esa deshumanización de las comunidades indígenas, lo que hacen es favorecer la injusticia porque hace rato venimos haciendo estas denuncias y no nos ponen atención”.Frente a la andanada de denuncias, el Cric ha decidido parar esa contradicción con la aplicación de la justicia indígena e incluso de la justicia ordinaria. “Nos están acusando de ladrones, de que estamos trabajando de la mano con la guerrilla y que le hemos dado plata, que hemos asesinado a unos miembros de la Opic y eso no lo vamos a permitir” y coinciden que de esta manera no solo están desarmonizando los territorios indígenas y la autoridad tradicional, sino que están poniendo en riesgo su integridad. En consecuencia, la autoridad tradicional del Cric, le dictó sentencia de quince años de prisión al secretario general de la Opic. “Y ha dado la orden de captura para otros directivos que actúan en detrimento de la organización”, dijo Chávez.A lo que Ana Silvia replicó: “La justicia indígena no está autorizada por la Corte, y sí nos aplican la ordinaria, nosotros trabajamos de la mano con ella porque la justicia ordinaria es para afros, campesinos, indígenas porque la Constitución es para todos los colombianos”.Quién tiene la razón es algo que sólo la historia responderá en su momento.

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