Resultados pasados por agua

El fin de su gobierno llega con resultados escasos y con lunares en materia de Justicia.

Aunque no se debe perder de vista que al Gobierno le compete la tarea ejecutiva de las ramas del poder público y no la rama judicial, sí hay que tener presente que una de sus obligaciones es velar porque haya justicia en nuestra sociedad, apoyar el Sistema Jurisdiccional y trabajar en armonía con esa rama y con otro poder que es el Legislativo para sacar adelante las reformas y cambios que se requieran para mejorar no solamente la prestación del servicio de la justicia sino la justicia en general y con ello mejorar la calidad de vida de los colombianos. Flaco servicio le ha prestado al país el gobierno en su “gazaperas” con las Altas Cortes, el Consejo Superior de la Judicatura y en otras con la Fiscalía, porque además de exigir que se apliquen las normas ha ayudado a deslegitimar aún más la percepción en la ciudadanía de que la Justicia en Colombia no sirve, en otros casos (como el del primo del Presidente y el del hermano del Ministro del Interior) que “la Justicia es para los de ruana”.Para muchos la sensación que queda es que el estilo del Presidente en la pelea con las cortes es una lucha de poderes. Casos como el de la ‘yidispolitica’, las situaciones judiciales del ministro Palacios y del ex ministro Sabas no dejan buen sabor en la opinión pública y si opacan su propuesta de Código Penal, de Reforma a la Justicia y el apoyo al Sistema Penal Acusatorio.La evaluación del Ley de Justicia y Paz, aunque muestras grandes cifras de personas que se han acogido a ella, muestra que los cabecillas de las organizaciones armadas que deberían tener cabida en la ley, o se han salido de ella, o ésta, en ellos y para ellos no ha operado, dejando en su camino una gran inquietud y muchos interrogantes en materia de control, juzgamiento, reparación; peor aún en materia de derechos humanos. La verdad es que al finalizar los dos periodos de Gobierno no hubo reforma a la justicia con contenido y consensos, no hubo reforma al Consejo Superior de la Judicatura y con ello la sensación es que la prestación del servicio de justicia no ha mejorado en estos ocho años, porque los juzgados siguen atiborrándose de expedientes, porque la Fiscalía tiene cada vez menos investigadores para muchos mas casos, porque los programas de jueces de descongestión han sido insuficientes en resultados. Pero dos asuntos vitales quedan en la agenda para el próximo Gobierno: la promoción e implementación de la Justicia Alternativa (la mediación los jueces de pequeñas causas, los actores voluntarios de convivencia y los jueces de paz). La segunda: avanzar en la cultura de la legalidad. Este trabajo le compete al Gobierno como factor fundamental de promoción cultural y definitivo para cambiar las costumbres y mejorar las relaciones, la seguridad y la convivencia de los ciudadanos. Solo así se cambiarán las ideas de “tomar la justicia por propia mano” y de escudarse en la falta de justicia social.*Director Académico del Instituto de Altos Estudios para la Gestión Pública.