Reanudan proceso contra general (r) Rito Alejo del Río por masacre de Mapiripán

Reanudan proceso contra general (r) Rito Alejo del Río por masacre de Mapiripán

Abril 16, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa

La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia remitió la investigación a la Fiscalía de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para que establezca la responsabilidad del general (r) en este hecho.

[[nid:413059;http://contenidos.elpais.com.co/elpais/sites/default/files/imagecache/563x/2015/04/del_rio.jpg;full;{El general (r) Rito Alejo del Río. Foto: Coprensa | archivo}]]

El engavetado proceso judicial en contra del general (r) Rito Alejo Del Río, por la masacre de Mapiripán, abre un nuevo capítulo debido a que se ordenó reanudar el proceso para determinar la responsabilidad en el hecho que dejó más de 40 víctimas. Lea también: General (r) Rito Alejo del Río, condenado a 25 años de prisión

 En una decisión conocida por Colprensa, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia remitió la investigación a la Fiscalía de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

 La Fiscalía cuarta basó su decisión en que: “No basta con la simple avenencia o coexistencia entre la conducta atribuida y la condición de General de las Fuerzas Militares para la época de los hechos, sino que se precisa, se requiere que exista un vínculo directo e inmediato entre la conducta punible que se imputa y las funciones propias del cargo”.

 Es decir que aunque el general del Río era un miembro activo de las Fuerzas Militares cuando ocurrieron los hechos, las conductas delictivas que se le atribuyen, en ningún momento hacen parte de las funciones propias de su cargo ni tienen relación con sus funciones legales y constitucionales. 

Agrega que"la Fiscalía delegada decide que para llevar a cabo la investigación por la masacre de Mapiripán, no se tendrá en cuenta el fuero constitucional del cual gozan los Generales de la República, motivo por el cual la investigación debe seguir en la unidad de Derechos Humanos, donde se adelanta la investigación contra los demás implicados en la masacre, y no en la Unidad para aforados constitucionales". 

En consecuencia, la competencia en una eventual etapa de juicio recaerá en los jueces inpiduales de primera instancia y no en la Corte Suprema de Justicia.

 Y es que según la decisión se debe investigar la responsabilidad del general Del Río, quien ya fue condenado a 25 años de prisión por homicidio. "Al ser un funcionario aforado, aprovechó su investidura para concretar, prestar apoyo y respaldo a los paramilitares en la consumación de múltiples delitos de tortura, homicidio, desaparición forzada, entre otros, lo que evidentemente es ajeno al fin de la función pública y los fines misionales del Estado Colombiano", dice la decisión conocida por este medio.

 Cabe recordar que el general en retiro era el comandante de la XVII Brigada en Urabá, lugar donde se planificó con varios meses de anticipación la masacre de Mapiripán, y desde el cual despegaron dos aeronaves a bordo de las cuales se transportaron, además de los paramilitares, suministros y armas hacia el aeropuerto de San José del Guaviare, controlado por el Batallón Joaquín París y miembros de la policía antinarcóticos, en julio de 1997. 

Por estos hechos, el oficial es investigado por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir y terrorismo. 

Contexto

La masacre de Mapiripán se registró entre el 15 y 20 de julio de 1997, donde fueron asesinadas con arma blanca y descuartizadas más de 40 personas, según revelaciones de Carlos Castaño.

Fue un hecho atroz planificado durante meses por la estructura paramilitar de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, quienes actuaron con el apoyo de la Brigada XVII al mando del general Rito Alejo del Río. 

Por esta masacre, el Estado Colombiano fue condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 15 de septiembre de 2005.

Posteriormente, ante la solicitud de revisión de la sentencia en el 2012, la Corte ratificó la responsabilidad estatal en la ocurrencia de estos hechos, reiterando la recomendación al Estado colombiano de investigar y esclarecer las responsabilidades penales inpiduales de todos los victimarios. 

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