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Radican proyecto para endurecer las penas al contrabando

El proyecto, que aún debe tener su primer debate en la Cámara, propone elevar la pena mínima por contrabando a 4 años y la máxima a 21 años.

2 de mayo de 2013 Por: Elpais.com.co | Colprensa

El proyecto, que aún debe tener su primer debate en la Cámara, propone elevar la pena mínima por contrabando a 4 años y la máxima a 21 años.

En la Secretaría de la Cámara de Representantes se radicó, este jueves un proyecto de ley que busca endurecer las penas por contrabando, de modo que sea posible tener mayor protección para los comerciantes. El proyecto, que aún debe tener su primer debate en la Cámara, propone elevar la pena mínima por contrabando a 4 años y la máxima a 21 años, según reveló el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Sergio Díaz-Granados. El monto mínimo de contrabando para poder tipificar el delito también será modificado. Se espera que sea menor a los 50 salarios mínimos como actualmente está establecido. Además, este proyecto ampliará el marco de responsabilidad para que no sea únicamente el contrabandista sobre quien recaigan las penas, sino que también se incluyan a los transportadores y todas las personas que estén involucradas en el proceso. De acuerdo con Felipe Muñoz, director del programa Anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos, los departamentos pierden cerca de un billón de pesos anuales por contrabando de cigarillos, licores, bebidas adulteradas y por evasión del impuesto al consumo. “La ley trae una serie de normas para que las autoridades puedan operar mejor en el tema de contrabando”, explicó. Entre dichas normas se destaca la posibilidad de la cooperación internacional para detener las redes de contrabando, flexibilizar los procedimientos para facilitar la judicialización de los contrabandistas y el fortalecimiento de la policía fiscal aduanera. El ministro Díaz-Granados explicó que, si bien varios sectores productivos de la economía están afectados por el contrabando, al país están ingresando mercancías para lavar activos en áreas del calzado, la confección y la agricultura, con especial afectación para el arroz y la harina. “La evasión se da sobre una base cercana a los 6.000 millones de dólares dejados de percibir en aranceles o en IVA, que sumarían fácilmente 1.000 millones de recaudo para el país por año”, dijo el jefe de la cartera.

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