Proyecto propuesto por Mindefensa para aumento de penas genera debate

Septiembre 12, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Proyecto propuesto por Mindefensa para aumento de penas genera debate

El proyecto de ley propuesto por el ministerio de Defensa contempla que quienes sean capturados con capuchas podrían tener una condena mayor.

El proyecto contempla un incremento en las penas para delitos como la extorsión, microtráfico, contrabando de combustibles , minería criminal y el bloqueo de vías donde se utiliza la violencia.

El proyecto para la protección ciudadana y contra el crimen que presentó el Ministerio de Defensa incrementa las penas para extorsión, microtráfico, contrabando de combustibles y minería criminal, pero también para el bloqueo de vías donde se utiliza la violencia. El hecho abrió el debate sobre si el aumento de penas es la salida, o es mejor el fortalecimiento del aparato judicial. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, afirmó que el proyecto que presentó al Congreso de la República corresponde a la agenda del momento y que está enfocado en los retos que hoy tienen a las autoridades para garantizar la seguridad y tranquilidad de los colombianos. Para el Ministro, el proyecto “pretende dar herramientas de tipo penal para responder a los delitos que hoy están afectando más a los ciudadanos. Durante muchos meses se identificaron estas conductas delictivas y en efecto, causan preocupación en el colombiano de a pie y más aún que pese a las muchas capturas, la mayoría rápidamente encuentra la libertad”. Esa situación, según Pinzón, "pone nerviosos a los ciudadanos pues en muchas ocasiones al delincuente se le captura y si el monto es bajo o no fue realizado según algunas consideraciones, este vuelve a la calle en dos días. Entonces, los ciudadanos se llenan de miedo y pasan a desconfiar de las autoridades y hasta en algunos casos piensan hasta hacer justicia por su propia mano”. Sin embargo, el constitucionalista José Gregorio Hernández sostuvo que, aunque no conoce el texto del proyecto, ya muchas de las conductas señaladas en el documento están previstas. "Por ejemplo, cuando se causa daño a bienes públicos o privados, hay delitos que ya están contemplados en ese sentido", dijo. "No creo que incrementando las penas necesariamente se llegue a disuadir a los violentos", agregó Hernández. "Lo que hay es que desarrollar con una mayor efectividad las funciones de policía y de investigación para aplicar las penas correspondientes que hoy por hoy están previstas". Añadió que nada saca el país con aumentar las penas si las personas no son capturadas y puestas a órdenes de los jueces, o si, habiendo sido capturadas, los jueces las dejan libres. "Hay que disuadir al delincuente para que no lleve a cabo esas conductas. Si se aplican las penas actuales, si se hacen efectivas, creo que se logra el objetivo". Y es que, de acogerse el proyecto presentado por el Ministro de Defensa, por ejemplo, la extorsión dejaría de considerarse como un delito económico y se vincularía como uno que atenta contra la autonomía personal, para fortalecer las penas. Además, si esa conducta delictiva tiene como fin financiar actividades terroristas o afectar la capacidad económica de la víctima, la pena será aumentada. En lo que concierne al microtráfico, el proyecto crea nuevos agravantes para castigar este delito y busca proteger a los menores de edad, para que no sean utilizados en la comercialización de estupefacientes. Entre esos está cuando se incurre simulando adicción o porte de dosis personal, si se hace en inmediaciones de los centros educativos o dentro de ellos y si se simula comercio lícito o fachada de ventas ambulantes. Acerca de los bloqueos en vías, el proyecto dispone de artículo para fortalecer las penas y sancionar efectivamente a las personas que inciten, dirijan, proporcionen los medios y promuevan los actos de violencia y vías de hecho que afectan el orden público y la normalidad de las actividades de los ciudadanos, como sucedió recientemente. En criterio del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, hay que mirar que se garantice el derecho a la protesta, a la huelga, como lo contempla la Constitución. "Pero si, en desarrollo de ello, se genera vandalismo, e incluso hasta terrorismo, hay que acudir a estas figuras aunque no soy tan amigo de andar penalizando", dijo. Advirtió que en muchas de las protestas que acaban de registrarse en varias regiones del país se está observando que la gente está utilizando capuchas, "y los campesinos no son de capucha, no son de andar ocultando su identidad". El Defensor anunció que, en ese sentido, les va a plantear al Gobierno Nacional y al Congreso que, así como se está exigiendo sancionar a todos los manifestantes que ocultan su identidad, que se encapuchan, también es necesario que los integrantes del Esmad tengan una identificación que permita también diferenciarlos. "Entre las denuncias que he recibido de ellos, por el vestido que es obvio que deben llevar para protegerse, no observamos ninguna seña ni ningún tipo de identificación. Entonces, generemos una igualdad de condiciones: si vamos a buscar la identificación e individualización de estos manifestantes, también logremos una identificación de los funcionarios del Esmad que están en algunos casos excediéndose en cómo controlar estas protestas", dijo Otálora. En cuanto al tema de la microextorsión y del microtráfico, el Defensor aseguró que son conductas que se volvieron de carácter nacional. Y explicó que cada vez que se genera un delito, la pena va estrechamente relacionada con el bien jurídico que se protege. "Si uno va a estudiar el tema del hurto o la estafa, está dentro del bien jurídico del patrimonio económico. La extorsión siempre estuvo dentro del bien jurídico del patrimonio económico, porque se pedía una suma de dinero. Hoy se está poniendo dentro de un nuevo bien jurídico, y creo que tienen razón: ya no es que atente contra el bolsillo; es que atenta contra la autonomía personal, porque está intimidando a la persona", dijo Otálora. Acotó que si ese bien jurídico genera una especial protección, pues debe tener una especial protección en la pena, así como ocurre con el secuestro, que también cualquiera podría pensar que es patrimonio económico. "¡No! El secuestro es contra el bien jurídico de la libertad", subrayó. "Si se mira desde esa óptica, creo que sí merece un incremento de pena, porque a nivel nacional los datos es que están extorsionando a la señora que vende arepas en la esquina, hasta en Córdoba a los rectores les piden la nómina, miran los sueldos y a partir de ahí les piden un porcentaje. En solo Córdoba tenemos 82 profesores amenazados por estos grupos armados ilegales. Así que veo esta propuesta de aumento de penas con muy buenos ojos", concluyó Otálora.

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