Proceso de restitución de tierras ha defraudado: Amnistía Internacional

Proceso de restitución de tierras ha defraudado: Amnistía Internacional

Noviembre 27, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co | Colprensa
Proceso de restitución de tierras ha defraudado: Amnistía Internacional

Amnistía Internacional llama la atención por la lentitud del proceso de restitución de tierras, a tres años de implementada la ley.

La organización afirmó que el proceso es lento y que el Gobierno no da las garantías suficientes a quienes retornan.

El proceso de restitución de tierras en el país no está cumpliendo con la promesa del Gobierno Nacional de devolver a las víctimas del conflicto las tierras que les fueron arrebatadas en ocasión del conflicto, según lo indicó Amnistía Internacional. En un duro informe denominado 'Un título de propiedad no basta: Por una restitución sostenible de tierras en Colombia', Amnistía Internacional hace serías críticas al Gobierno Nacional por estimar que el proceso no solo es demasiado lento sino que ha defraudado a las víctimas, pues las pocas a quienes se les ha restituido la tierra no han podido regresar y habitarlas debido a amenazas. De acuerdo con el informe, desde el 2012 solo se han devuelto 30 mil hectáreas a campesinos y 50 mil en territorio indígena, cuando el universo es unas ocho millones de hectáreas que, se calcula, se han adquirido de manera ilegal. "Colombia tiene uno de los niveles de desplazamiento forzado más altos del mundo y es más que evidente que las autoridades no hacen lo suficiente para garantizar la devolución efectiva de las tierras robadas a sus legítimos ocupantes", señaló Marcelo Pollack, investigador para Colombia de Amnistía Internacional. De acuerdo con Pollack, "no basta con entregar a la gente un título de propiedad y decirle que ya está. Las autoridades colombianas tienen que acelerar los trámites burocráticos y garantizar la seguridad física y económica de quienes regresan. Los presuntos responsables penalmente del desplazamiento forzado han de ser sometidos a juicio". La organización internacional aseguró que la promulgación de la Ley es un buen paso, pero que es necesario que se ejecute un plan de acción gubernamental para que el proceso sea efectivo, más si se tiene en cuenta que la norma está pensada a 10 años. De acuerdo con el reporte, las víctimas y los funcionarios que participan en el proceso están expuestos a sufrir graves amenazas, violencia "e incluso la muerte, a manos principalmente de grupos paramilitares".El informe asegura que la Fiscalía General está investigando (a corte de agosto de 2014) al menos 35 homicidios de personas vinculadas al proceso. "¿Cómo va a regresar alguien a casa sabiendo que los mismos que lo desplazaron por la fuerza y amenazaron y mataron a sus amigos y familiares podrían estar esperándolo? Si el gobierno no aborda la violencia grave y generalizada contra quienes intentan regresar a casa y sus acompañantes, todas sus políticas y leyes no serán más que meros gestos vacíos", insistió Pollack. Amnistía Internacional además denunció que poderosas empresas nacionales e internacionales estarían utilizando el conflicto para consolidar sus intereses y la adquisición de grandes extensiones de tierras. De acuerdo con Pollack, "el proceso de restitución no ha impedido hasta ahora que poderosos intereses económicos nacionales o internacionales se beneficien de inversiones en tierras adquiridas por medio de abusos contra los derechos humanos y obtengan ganancias del botín de guerra".Amnistía Internacional cuestionó además el hecho que la Ley de Víctimas no contemple hechos de despojo ocurridos antes de 1991 lo que, en su criterio, es una forma de crear una "jerarquía de víctimas" en el país. Hallazgos de Amnistía Internacional- La mayoría de los casos de restitución de tierras resueltos corresponden a familias que ya habían retornado a sus tierras y buscaban la formalización de su propiedad de la tierra, más que la restitución en sí. - Aun así, las amenazas de violencia y la preocupación por cómo podrán los retornados mantenerse económicamente "disuaden a muchas personas de regresar a sus hogares".- "La Ley 1448 ha creado una jerarquía de víctimas en la que el derecho a la reparación depende de la fecha en que se cometieron los abusos. Ninguna de las personas cuyas tierras les fueron arrebatadas antes de 1991 tiene derecho a optar a la restitución".- "La cuenta atrás ha comenzado. La vigencia de la Ley 1448 es de tan sólo 10 años. De ellos, ya han transcurrido casi tres".- Hay impunidad. "La mayoría de los sospechosos de ser penalmente responsables de desplazamientos forzados y abusos contra los derechos humanos relacionados con ellos han eludido la acción de la justicia. Esta impunidad ha alentado nuevos desplazamientos forzados".- Se han presentados pocos casos que hayan abordado la ocupación de la tierra por parte de grandes empresas nacionales o internacionales. El caso Tranquilandia, pero de AracatacaCon el mismo nombre que el extenso complejo cocalero que tenía el Cartel de Medellín en Caquetá y Meta esta 'Tranquilandia', ubicada en Aracataca, Magdalena, una tierra con un largo proceso de despojos y usurpaciones. De acuerdo con el informe de Amnistía, la zona fue durante muchas décadas escenario de múltiples violaciones de derechos humanos perpetradas por la guerrilla y los paramilitares. 66 familias que conformaron la Asociación de Productores Agropecuarios de Tranquilandia (APAT), tras acuerdo con el dueño, llegan a lugar y empiezan a trabajar la tierra. En 1996 recibieron un título de propiedad colectiva de 1.829 hectáreas que luego fue revocado para otorgar títulos individuales, hecho que solo sucedió con 12 familias. Luego llegó el desplazamiento forzado por cuenta de los paramilitares y el ocupamiento de la tierra por nuevas familias con, dice el informe, el apoyo de las AUC. Estas familias obtuvieron por el Incoder en 2005 varias parcelas de tierra La disputa ahora es por quiénes son los legítimos dueños de los terrenos. En 2013, organizaciones de derechos humanos presentaron una demanda de restitución de 40 familias y los opositores al proceso son algunas de las familias que llegaron después del desplazamiento de las primeras familias. De acuerdo con los testimonios recogidos por Amnistía, los reclamantes cuentan con varias dificultades como no tener recursos para los gastos de viaje, para ir a las reuniones con la Unidad de Tierras. Uno de ellos, además, indicó que les preocupa cómo será el retorno. "Cómo vamos a volver nosotros al terreno cuando los mismos señores que están allá dicen que ellos se la van a desquitar con nosotros. Y es que eso ya está claro. ¿En Chibolo que pasó? ¿Qué ha pasado en Montería? ¿Qué pasó en Sincelejo? ¿En Medellín? Las noticias casi que semanales que mataron un líder de restitución de tierras, o a un campesino que estaba reclamando su tierra. Y nosotros les venimos informando ya a la Unidad desde inicios de este año, comencé yo a informarles que a nosotros nos vienen amenazando", aseguró el campesino a la organización.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad