¿Por qué hay polémica por el uso del glifosato en aspersión terrestre?

El CNE avaló las aspersiones de forma controlada, sin embargo, el recién posesionado ministro de Justicia las rechaza.

Aunque la posibilidad se había anunciado hace unas semanas,  la decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes de avalar el uso de glifosato para erradicar cultivos ilícitos, no de manera aérea sino terrestre, generó sorpresa en sectores políticos y de opinión en todo el país. 

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Y la sorpresa es mayor porque la sesión del Consejo Nacional se convocó, de manera silenciosa, sin esperar que el nuevo ministro de Justicia, Jorge Londoño, se posesionara en el cargo como esperaban al interior de la propia cartera. Además, a la reunión no asistieron los ministros, sino los viceministros de Ambiente, Salud y la viceprocuradora General, Martha Castañeda.

La sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes había sido convocada por la Procuraduría que, de la mano de Alejandro Ordóñez, insistía en que en 2015 había por lo menos 200 mil hectáreas de coca y que el grueso de los cultivos el año pasado no fue objeto de acción por parte del Gobierno. También se dijo que la erradicación solo se habría ejecutado sobre el 12 % de las 112 mil hectáreas detectadas en 2014 por la Agencia contra los Narcóticos y el Crimen del Departamento de Estado de EE. UU.

Luego de la decisión del Consejo Nacional, el recién posesionado ministro Londoño manifestó no estar de acuerdo con el uso del glifosato terrestre y, por otra parte,  el viceministro de Política Criminal, Carlos Medina, le había explicado a Colprensa que en su criterio el aumento de cultivos no tiene que ver con la suspensión de la aspersión con glifosato (que entró en vigencia en octubre de 2015), puesto que las cifras que citan los informes de los Estados Unidos, eran anteriores a esta.

¿Qué pasó?

El Consejo Nacional de Estupefacientes utilizó y aprobó conceptos de sus integrantes y, aunque se desconoce por el momento qué dijo la Cartera de Ambiente y la Procuraduría, sí se sabía que  la posición del Ministerio de Salud respecto al glifosato manual era favorable. Así lo dijo Alejandro Gaviria el pasado 27 de abril: “Yo considero que si el uso manual del glifosato no pone en riesgo la población, el Ministerio no tendría problemas en respaldarlo, eso es compatible con el fallo de la Corte Constitucional”, dijo en esa oportunidad.

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No obstante, apenas anunciada su aprobación, expertos de diferentes sectores manifestaron su rechazo al considerar que es una intervención realmente ineficiente, riesgosa y hasta caprichosa.

El investigador y exdirector de política de drogas del Ministerio de Justicia, Julián Wilches, señaló que se trata de una medida costosa y poco eficiente, además de un giro de 180 grados en una política que debería centrarse menos en los eslabones más débiles de la cadena.

“La solución fácil y menos efectiva es decir que vamos a acabar con la coca, cuando la evidencia nos dice que en ese eslabón vamos a ser menos eficientes”, dijo.

De acuerdo con Wilches, “entre 2013 y 2014 se erradicaron y fumigaron 1.8 millones de hectáreas de coca y hoy en día estamos con la misma área. No avanzamos en el problema ni un milímetro. La conclusión es que seguimos montados en una bicicleta estática”.

El investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, señaló que se trata de una respuesta política que podría ayudar a controlar en algunas zonas la expansión de cultivos ilícitos, en un 20 % ó 25 %, pero no realmente una solución.

Ávila  indicó que erradicar una hectárea de coca de forma manual podría tardar cerca de 15 horas, y añadió que sería una suma de riesgos de seguridad para las personas y para la salud de las mismas.

El investigador además advirtió que el incremento de cultivo de coca realmente se da por el aumento del precio de la pasta y base de coca en los territorios, por una supuesta falta de funcionamiento de los programas de cultivos alternativos y porque algunos campesinos habrían decidido sembrar más coca, debido a su rentabilidad.

El procurador Alejandro Ordóñez también criticó la decisión, a pesar de que defiende el uso aéreo del glifosato, y  aseguró que se trata de un elemento contradictorio y distractor. “Recordemos que el año pasado la justificación para ordenar la suspensión era el carácter nocivo del glifosato.  ¿Al fin qué, el glifosato es dañino o no es dañino para la salud?”, se preguntó el Jefe del ministerio público.

“El Gobierno, en lo pactado en La Habana, ha establecido que la estrategia es la erradicación manual voluntaria. En pocos meses, cuando se esté ejecutando lo acordado en La Habana, vamos a caer en otra contradicción, tendrá que suspenderse la fumigación manual para pasar a la voluntaria, lo pactado con las Farc. Esto es consecuencia de los acuerdos de La Habana, el Gobierno ha concedido a las Farc el desmonte a la política contra los cultivos ilícitos, está absolutamente claro, incluso el Departamento de Estado estadounidense así lo reconoce”, manifestó.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, apoyó la decisión y señaló que la aspersión terrestre con glifosato es  un proceso más lento, pero seguro.  Indicó además que el glifosato se viene utilizando desde hace mucho tiempo en el sector agropecuario y que se aplicarán todas las medidas de protección para quienes apliquen el producto.

Mientras tanto,  dijo que siete ministerios van a trabajar en conjunto para seguir fortaleciendo la sustitución de cultivos ilícitos.