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Por defender zona verde amenazan a Subdirector de Bienes de Cali

Con llamadas anónimas donde le advierten que no es ‘Superman’ y que las balas sí le entran, buscan intimidar a Freyber Bernal, funcionario del Municipio.

9 de diciembre de 2011 Por: Unidad Investigativa

Con llamadas anónimas donde le advierten que no es ‘Superman’ y que las balas sí le entran, buscan intimidar a Freyber Bernal, funcionario del Municipio.

Un tenebroso capítulo, en el caso de la defensa de una zona verde que pertenece al Municipio y es reclamada por un particular, se escribió hace quince días cuando el subdirector de Bienes Inmuebles, Freyber Bernal, recibió amenazas contra su vida.El funcionario es quien lidera la oposición a la medida dictada por el juez Cuarto Civil de Cali, Ramiro Elías Polo Crispino, que ordenó a la Alcaldía entregar a un particular la zona verde de 34.000 metros cuadrados.Medida que se cumplió contra la voluntad de Bernal y de los habitantes de la Comuna 22 en el corregimiento de Pance, donde está ubicado el predio cuyo valor supera los $15.000 millones.

Las amenazas fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía el pasado 25 de noviembre y no son las primeras que ocurren en este caso que comenzó en el 2007, cuando uno de los vecinos de la zona fue baleado luego de denunciar la falsedad de los documentos con que el particular reclama el predio.“Este parque es público y le pertenece al Municipio desde 1979 pues hace parte del terreno cedido por Ernesto Lloreda Zamorano, propietario de la parcelación La Finca, como parte de la contraprestación que exige la ley a quien urbanice algún sector de la ciudad”, explica Bernal.El funcionario agrega que “lo único que hemos hecho es defender el derecho del Municipio y sus ciudadanos ante las artimañas con que un abogado y sus secuaces intentan apropiarse del parque”.Bernal se refiere a Gover Gaviria, abogado y apoderado de Oscar Oswaldo Reyes Quijano, el particular que dice ser el dueño del predio. “Mi cliente es un comprador de buena fe”, explica Gaviria.Lo que no dice el abogado es que su cliente supuestamente le compró la propiedad a Jaime Parra Aristizábal, un hombre que nunca ha aparecido y que tiene antecedentes penales pues fue condenado en 1995 por el Juzgado Primero de Cali por falsedad en documento público y estafa. Dicho fallo fue ratificado por el Tribunal Superior en segunda instancia.El Subdirector de Bienes Inmuebles señala como autora de las amenazas a una mujer que se identificó como Diana y le fue presentada por el abogado Gaviria en la oficina 515 del edificio Centenario. La Policía Metropolitana anunció que desde esta semana le está prestando protección al funcionario amenazado.

Lentitud oficialAunque el parque, donde se podrían construir 16 piscinas olímpicas y una cancha de fútbol, es propiedad del Municipio y como tal puede ser usado por todos los caleños, desde el 1 de octubre fue cercado gracias a un fallo del Juez Cuarto Civil que favoreció las pretensiones del abogado Gaviria, desconociendo las denuncias por falsedad que investigan las autoridades.Esto en parte sucedió porque a pesar de que el Municipio tiene los documentos que demuestran que es el propietario legítimo del predio, todavía no ha sido posible que la Alcaldía proceda con la restitución del bien, la cual fue solicitada desde el 18 de octubre por Bernal ante el despacho de la Subsecretaria de Policía, Patricia Corina.

Dicha Subsecretaria dio la orden de proceder con el operativo a Yolanda Samboní, inspectora de Policía de Siloé, funcionaria que pidió un nuevo concepto a la Dirección Jurídica de la Alcaldía, demorando la recuperación del predio.El proceso anda enredado en los vericuetos de la burocracia caleña y, sin afán aparente, María del Pilar Cano, directora Jurídica de la Alcaldía, explicó que “iniciamos también una acción colectiva para conseguir la recuperación definitiva de la zona verde y la anulación de los documentos que han dado posibilidad a que un tercero reclame el predio como suyo”. Este otro proceso apenas fue instaurado la semana pasada.

Cano tampoco tuvo apuro para designar un abogado del Municipio para que se constituya como parte civil en la investigación que adelanta la Fiscalía 42 Seccional de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública por las irregularidades y presuntas falsedades que los funcionarios de la Alcaldía han reportado en este caso.La denuncia fue instaurada por el Subdirector de Bienes Inmuebles el 31 de mayo de 2011 y sólo hasta el 21 de noviembre pasado, cinco meses después y luego de que Bernal lo reiterara por escrito, fue que Cano ordenó que el abogado Juan Fernando Rangel Torres, se constituyera como parte civil y adelante las medidas preventivas para la protección de la zona verde.Pero mientras el Municipio va a un ritmo paquidérmico en la defensa de este bien público, quienes lo reclaman aceleran sus peticiones.

El abogado Gaviria tuvo una reunión el pasado 21 de noviembre con Paula Andrea Mondragón, subdirectora de Catastro de Cali, para que la funcionaria levantara la medida cautelar que tiene la ficha catastral y que impide realizar cualquier negocio con el predio. El Subdirector de Bienes se opuso y la medida cautelar sigue en pie.Expertos en negocios inmobiliarios advierten que la zona verde, “puede ser usada para un carrusel de ventas ficticias, como es usual entre la mafia con el fin de lavar el dinero proveniente de actividades ilícitas, o también puede ser vendida a una constructora para que desarrolle un proyecto que quedaría truncado cuando los organismos de control fallen a favor del Municipio y restituyan el bien, lo que expone a la Alcaldía a una gruesa demanda por parte de la constructora”.La dinámica de construcciones nuevas en el sector sigue en alza e incluso, en un lote aledaño a la zona verde en disputa, la semana pasada comenzaron los movimientos de tierra para iniciar la construcción de un proyecto de vivienda. Las alarmas están encendidas, ahora sólo falta que el Alcalde y sus funcionarios actúen en concordancia con la defensa de la zona verde que el amenazado Subdirector de Bienes Inmuebles viene adelantando.

El casoNoviembre 2007: En la Notaría Séptima crean las falsas escrituras 0536 y 2107 que son denunciadas en la Fiscalía 162.Diciembre 2007: Un vecino impide que cerquen el parque, luego lo tratan de asesinar. Se salva e instaura denuncia penal. El predio es cercado el 28.Julio 2008: La inspectora Olga Lucía Becerra retira el cerco.Diciembre 2008: La Fiscalía detiene a once personas acusadas de la falsificación de documentos para hurtar propiedades.Enero 2009: Asesinan a Olga Lucía Becerra.Octubre 2011: El Juez Cuarto Civil ordena la entrega del predio.

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