Ponencia avala posible participación en política de las Farc

La ponencia, del magistrado Alberto Rojas Ríos, responde a la segunda demanda presentada contra el Marco Jurídico para la Paz.

La Constitución Política no puede imponer límites para la participación en política de los excombatientes. Ese es el argumento principal de la ponencia que estudiará la Corte Constitucional sobre la segunda demanda presentada en contra del Marco Jurídico para La Paz. La ponencia, del magistrado Alberto Rojas Ríos, revelada por la Revista Semana, pide que se declare inexequible el artículo 3 del Marco Jurídico que plantea que los responsables de delitos de lesa humanidad y de genocidio cometidos de manera sistemática no pueden participar en política. Esta tesis, que fue polémica cuando el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, la expuso ante la propia Corte, asegura que la Constitución no puede excluir de plano y de manera definitiva la participación en política de excombatientes y, también, de agentes del Estado. Ese es el argumento principal del documento que los magistrados del alto tribunal empezarán a debatir esta semana en su Sala Plena. No obstante, según se conoció, el texto que será llevado a sala también fija una serie de límites para la participación en política, los cuales deberán ser tenidos en cuenta por el Congreso a la hora de regular este tema mediante una ley estatutaria. Principalmente, se dice en la ponencia que la participación en política está sujeta a que la persona que ha sido condenada haya cumplido la pena o que sobre él se haya extinguido la acción penal, que haya iniciado con la contribución a la verdad y en la reparación a las víctimas. Entre esos límites también está el cumplimiento de los otros requisitos que impone el Marco como la dejación de las armas, el reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de las víctimas, la liberación de secuestrados, así como la desvinculación de menores de edad en el conflicto.En cuanto parámetros para el Congreso, se plantea que se debe diferenciar a los actores del conflicto de acuerdo a criterios como los objetivos que se tenían dentro del grupo armado y la participación efectiva en el mismo, a fin de que se identifique claramente el rol de la persona. Igualmente, el legislativo deberá definir, si se aprueba esta ponencia, el tema de la reparación a las víctimas y de la salvaguarda de sus derechos, así como la interacción entre desmovilizados y víctimas para que no se produzca una revictimización.