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Piden protección para miembro de Mesa Nacional de Víctimas

Se trata de Luis Felipe Vega, según indicó la Defensoría del Pueblo, que emitió la alerta un día después del homicidio de otro líder de la mesa en Sucre.

7 de octubre de 2013 Por: Elpais.com.co | Colprensa

Se trata de Luis Felipe Vega, según indicó la Defensoría del Pueblo, que emitió la alerta un día después del homicidio de otro líder de la mesa en Sucre.

La Defensoría del Pueblo le solicitó a la Unidad de Protección del Ministerio del Interior medidas extraordinarias de seguridad para salvaguardar la vida e integridad de Luis Felipe Vega, uno de los 46 representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, quien fue amenazado de muerte. Según el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, la alerta ocurre un día después del homicidio de Carlos Eduardo Olmos Cárdenas, quien al igual que Vega eran líderes de la Mesa Municipal de Víctimas del Palmito (Sucre) y actuaban en los procesos de restitución de tierras en esa zona del país. Ante este crimen, y en el marco de un consejo extraordinario de seguridad adelantado este lunes en Sincelejo, la Defensoría Regional de Sucre les solicitó a las autoridades departamentales, militares y de Policía adelantar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos relacionados con el homicidio de Olmos Cárdenas. Vega, quien llegó a la Mesa Nacional de Víctimas como representante de la mesa municipal de Palmito y de la departamental de Sucre, trabajaba de la mano con Olmos Cárdenas, que recibió cinco impactos de bala por dos hombres en plena plaza principal de Palmitos. Ante el inminente riesgo de los líderes de víctimas que velan por el cumplimiento de la Ley de víctimas y sustitución de tierras, el Defensor del Pueblo alerta al Gobierno para que analice los escenarios de riesgo y evalúe las medidas de protección que considere pertinentes. Los 46 líderes que integran dicha Mesa tienen la misión de concertar los planes, proyectos y programas que permitan dar cumplimiento a la Ley de víctimas y restitución de tierras, para asegurar el goce efectivo de los derechos de las 5.781.710 víctimas registradas.

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