Piden investigar a funcionarios judiciales por escándalo de 'carrusel de audiencias'

La Judicatura presentó 123 denuncias. Ayer se legalizó la captura de los 11 empleados de Paloquemao.

Luego de que en la mañana del pasado jueves fueran capturados 11 funcionarios del centro de servicios judiciales de Paloquemao, entre los que se encuentran dos jueces de control de garantías, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura presentó 123 denuncias penales para que se investiguen actos de corrupción en la rama judicial. Fuentes cercanas a la Sala aseguraron que dentro de las denuncias se solicita establecer si existen irregularidades en los procesos de reparto de casos judiciales en los todos los complejos del país, sobre todo en Paloquemao donde se presentó la primera captura por el escándalo, que ya tendría nombre propio: ‘carrusel de las audiencias’.En ese sentido, el viernes el juez 52 con función de garantías legalizó la captura de los 11 funcionarios del complejo judicial de Paloquemao, quienes serían los supuestos responsables de manipular los procesos penales, con el fin de beneficiar a algunos procesados.En su intervención, el funcionario judicial consideró que el juez tercero municipal de Tunja, quien profirió las órdenes de captura en contra de los funcionarios, había actuado en la ley por contar con toda la competencia judicial.Por lo cual, las detenciones a manos de miembros del CTI fueron pertinentes y no podrían contar con ninguna irregularidad. “A los funcionarios se les respetaron los derechos procesales”, expresó el juez. Durante la diligencia también se avaló el allanamiento que días atrás realizó el cuerpo de investigación de la Fiscalía, en el que se encontraron cerca de $11 millones pertenecientes a uno de los involucrados en el escándalo y quien, al parecer, no pudo sustentar la procedencia del dinero.Hasta el viernes en la noche los abogados de los funcionarios seguían apelando la decisión del juez, por lo cual la audiencia se extendió durante varias horas, a la espera de que la Fiscalía les imputara a los capturados los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento público, prevaricato por acción, concusión, cohecho por dar u ofrecer, revelación de secreto y tráfico de influencias, por los cuales ellos tendrían que responder.De ser condenados, los funcionarios podrían enfrentarse a una pena de hasta 20 años de cárcel. Fuentes cercanas a la Fiscalía General de la Nación aseguraron que los funcionarios habrían cobrado entre $500.000 y $100 millones para manipular algunos procesos.Dos de los capturados fueron identificados como el juez 26, Ricardo del Cristo Rodríguez; y el juez 38, Francisco Javier Barbón, los dos penales municipales con función de control de garantías.Entre las presuntas irregularidades estaría la de realizar varios repartos al mismo caso, con el fin de que este llegara a manos del juez que actuaría en favor de la persona vinculada a dicho proceso.El procesoEsta investigación, al parecer, nació en el 2011, sin embargo no se habían presentado capturas debido a algunos obstáculos que se presentaron. La detención de los 11 funcionarios judiciales estuvo a cargo de uniformados de la Dijín de la Policía Nacional. Se estima que la Fiscalía cuenta con cerca de 10 testigos y varias grabaciones, que demuestran las irregularidades en Paloquemao.