Persisten diferencias entre Fiscal y Procurador por justicia transicional

Contrario al Procurador, el Fiscal sí cree posible tratar el narcotráfico como delito conexo a los delitos políticos cometidos por la guerrilla.

Las diferencias frente a una posible implementación de la justicia transicional entre el Procurador y el Fiscal General volvieron a quedar en evidencia el jueves. Alejandro Ordóñez, jefe del Ministerio Público, indicó que “la rebelión es un delito político, pero no puede ir de la mano con crímenes de lesa humanidad ni con delitos trasnacionales como el tráfico de drogas ilícitas”.Pese a aprobar la implementación de una forma de Justicia Transicional, en el marco del posconflicto, dijo que “desmovilizados que sean considerados responsables de crímenes de lesa humanidad o de narcotráfico no pueden reintegrarse a la sociedad sin antes pasar un tiempo en la cárcel”.En el Foro de Análisis y Perspectivas del Proceso de Paz, agregó que “es posible negociar la aplicación de penas reducidas a cambio de elementos fundamentales como contar la verdad sobre los crímenes, reparar a las víctimas con los recursos que poseen, porque sabemos que las Farc tienen millones de dólares escondidos que han recibido por el tráfico de drogas y, por su supuesto, el compromiso de no repetición”.Pero, debido a que las Farc siguen atentando contra los civiles, Ordóñez aseguró que “esto le está quitando credibilidad a esta guerrilla y se verá reflejado si en algún momento se pide a la ciudadanía que refrende los acuerdos”. Por ello la instó a hacer un cese al fuego unilateral y les preguntó a sus máximos jefes “¿para qué firmar un papel que la población después llegue a rechazar o que la justicia pueda anular?”. También hizo un llamado a la justicia, a no desconocer que la Corte Constitucional ha dicho que “si una persona es considerada culpable de narcotráfico puede ser extraditada sin importar si este delito fue calificado como conexo con el delito político por un tribunal”.Por su parte, el fiscal Eduardo Montealegre mencionó como posible forma de aplicación de la justicia transicional el acusar a todos los integrantes de las Farc como responsables de crímenes de lesa humanidad, decretando suspensión de penas para los guerrilleros de base.Después, la investigación y cooperación de guerrilleros ayudaría a establecer responsabilidades individuales, para luego discutir penas alternativas puntuales. “Sería la única vía para garantizar justicia universal”, dijo.A diferencia de Ordóñez, el Fiscal sí cree posible tratar el narcotráfico como delito conexo a los delitos políticos cometidos por las Farc, por lo que también entraría en el marco de la justicia transicional y los guerrilleros relacionados con este delito no estarían sujetos a extradición.Sobre los militares y los policías que hayan cometido excesos en el uso de la fuerza o hayan dejado víctimas civiles en el marco de una operación legal, Montealegre afirmó que podrían adherirse a la justicia transicional, incluso si hay crímenes de lesa humanidad. Pero añadió que los responsables de ‘falsos positivos’ no entrarían allí, porque “lo que se ha encontrado en estos crímenes es que no hacen parte de un engranaje articulado en los niveles superiores del Estado, sino que fueron cometidos por integrantes suyos como actos ajenos a las órdenes que tenían”.Sobre el paramilitarismo, el Fiscal reconoció que se juzgó y sentenció a los máximos jefes, pero aún hay una deuda judicial que tienen quienes los financiaron. “No hablo de los parapolíticos que se beneficiaron electoralmente por el accionar violento de los paramilitares, sino de los que los financiaron e incluso llegaron a dar órdenes sobre a quién podían matar y a quién no”, dijo.Agregó que “ese tema ya lo estamos investigando y mi sugerencia es que se acojan también a la justicia transicional, si no quieren terminar pagando penas muy largas, incluso por crímenes de lesa humanidad”.De otra parte, en el mismo foro el jefe negociador del Gobierno, Humberto De la Calle, afirmó que si se firma la paz, no se contemplará aplicar una “amnistía incondicional” a las Farc y que, “con base en el Derecho Penal Internacional, no hay espacio para amnistías incondicionales”, aunque quedará en manos de la justicia transicional determinar si habrá condenas especiales.“Las Farc no tienen que convencer a los negociadores del Gobierno, tienen que convencer a la sociedad colombiana... no pueden escudar su responsabilidad en las responsabilidades ajenas, el vagón de las Farc se tiene que mover un poco más”, dijo.De la Calle reconoció que a la mesa le preocupa la eventual refrendación de los acuerdos que se firmen con la guerrilla: “Hay que buscar distintas opciones, sea un referendo, plebiscito, consulta popular, pero también tenemos que tener la mente abierta a ser más creativos para que el que se elija sea un instrumento que satisfaga la demanda de la sociedad. No queremos lograr una paz express”.Otras opinionesFederico Gutiérrez, director del Observatorio de Restitución de Tierras, advirtió que el país tiene uno de los mayores índices de inequidad, lo que obstaculiza la paz. “El negocio grande es crear las condiciones institucionales para una paz sostenible, pero no le pidamos al proceso actos mágicos, las negociaciones deben garantizar que la paz sea sostenible en el campo”.El alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, dijo que las críticas que se han hecho al acuerdo sobre política agraria “son completamente infundadas” pues "los mecanismos a implementar por el Gobierno para recuperar tierras existen legalmente desde hace varios años, no va a haber expropiación ilegal”.El representante Alfredo Rangel dijo que “negociar en medio de la violencia es avalar la violencia, los acuerdos deberían ser claros en que las Farc dejarán las armas”.