ONU destaca proceso de paz pero alerta sobre bacrim y ejecuciones extrajudiciales

Aunque el informe de la ONU destaca el proceso de paz y los adelantos en el tema de restitución de tierras, advierte que en Colombia sigue siendo preocupante el tema de derechos humanos.

Durante la entrega del informe anual de la ONU sobre la situación de Colombia en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el organismo internacional exaltó el esfuerzo de Colombia para conseguir la paz y los avances en la restitución de tierras, pero a su vez rajó al país por la violencia de las bandas criminales y la continuación de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como 'falsos positivos'. "No hay otra iniciativa de Gobierno que puede mejorar de manera más importante la situación de derechos humanos en Colombia como el proceso de paz. Donde hay conflicto hay violaciones de derechos Humanos", señala el informe."Pero una paz sostenible no va a ser posible sin enfrentar las violaciones del pasado de manera seria. No hay excusa para que se violen los Derechos Humanos", afirmó Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según el documento, "para lograr la paz hay que asegurarse que ni las Farc, ni el Estado repetirán las violaciones a los derechos humanos. Se deben respetar la verdad y la justicia con las víctimas". De la misma manera, advierte que el proceso debe producir una transformación significativa en la sociedad para que los miembros de la guerrilla no vuelvan a involucrarse en actividades armadas o a unirse a grupos de "post-desmovilización". El informe sostiene que debe evitarse encarar las violaciones de los derechos humanos, cometidas durante el conflicto, con amnistías u otras formas de "impunidad que simplemente infringen las obligaciones de los derechos humanos. El pasado debe utilizarse para transformar positivamente a Colombia", señala. Por otra parte, el informe resalta los esfuerzos por reparar y reconocer los derechos de las víctimas. "La ley de Víctimas y restitución de tierras reconocen a las víctimas y obligan al Estado a protegerlas. Hay millones de víctimas en este país, grandes niveles de desigualdad en la tenencia de la tierra por eso son válidas", puntualiza. De las misma manera, se conoció que la oficina para los Derechos Humanos en Colombia ha recibido denuncias sobre problemas burocráticos, estructurales y de seguridad de los activistas, ante lo cual la alta comisionada exalta la labor de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y alertó sobre los 37 reportes de defensores asesinados."Sólo uno de ellos tenía medidas de protección duras, hay que triplicar esfuerzos en las zonas rurales para proteger a estas personas que defienden los derechos humanos en el país", concluyó el vocero de la ONU en Colombia, Todd Howland. Bacrim y falsos positivos, los lunares en el informeA pesar de los avances presentados por Naciones Unidas, el organismo internacional alertó que en Colombia persisten las violaciones a derechos humanos tanto por parte de los grupos ilegales (especialmente las bandas criminales), como por agentes del Estado. El informe indica que las llamadas bacrim se han convertido en una de las más grandes fuentes de violaciones de los Derechos Humanos. "Los grupos post-desmovilización, son considerados por todos los sectores una de las mayores amenazas para el orden público, y responsables del mayor número de asesinatos, violaciones, actos de explotación sexual, violencia física, desplazamientos forzados, extorsiones, hostigamientos y amenazas", dice el escrito. Además, llama la atención sobre las amenazas atribuidas a estos grupos, las cuales se registran contra defensores de derechos humanos, entre los que se encuentran los líderes de restitución de tierras. "La insuficiente investigación oficial ha hecho imposible aclarar estas amenazas o ponerles fin, lo que refuerza la sensación de inseguridad permanente".El informe exalta que hay una estrategia estatal encaminada a la detención y procesamiento de los miembros de estos grupos "lo que ha dado lugar a una serie de detenciones y condenas importantes. Sin embargo, esto aún no ha reducido significativamente el número de violaciones cometidas por estos grupos, ni ha tenido un impacto en las actividades ilegales que controlan". Por otra parte, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció el Ejército y la Policía mataron en 2012 a varios civiles en circunstancias que no justifican su labor como garantes de la seguridad del país.Tood Howland reconoció que si bien no hay registro de nuevos casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, "todavía hay un espacio por el que los militares están violando derechos de vida en el marco de el conflicto".Sobre los abusos cometidos por la Fuerza Pública en 2012, Howland reseñó varios casos documentados, entre ellos la irrupción de militares a una tienda y la consiguiente muerte de una menor de edad y de tres presuntos guerrilleros en El Patía (Cauca), pero no brindó cifras globales.Se refirió también a una situación en la que un soldado disparó contra una pareja de indígenas que estaba pescando en un río de Risaralda el 21 de junio del año pasado, solo porque pensó que eran guerrilleros. "Preocupa que, en algunos casos, aunque haya evidencias de que se ha cometido una violación de los derechos humanos y los altos funcionarios estén a menudo demasiado dispuestos a aceptar una versión diferente de los hechos, que menoscaba las investigaciones internas y penales", asegura el informe anual.El documento hace referencia a otro caso ocurrido en febrero de 2012: "un niño de la calle murió a causa de quemaduras sufridas cuando la Policía impregnó con gasolina su colchón y le prendió fuego". El representante de la ONU aclaró, no obstante, que el año pasado su oficina no recibió denuncias de falsos positivos, una constante en la última década.Howland recordó que la Fiscalía tiene abiertos 4.716 expedientes de falsos positivos, pero sólo se han iniciado procesos en el 30 % de los casos. "Han sido muy pocos los responsables" de este delito de lesa humanidad los que han sido retirados del servicio o procesados por la Justicia colombiana, concluyó el representante de la Alta Comisionada de la ONU al presentar el informe anual.