ONU apoya justicia transicional, pero le preocupan las bandas criminales

Marzo 16, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
ONU apoya justicia transicional, pero le preocupan las bandas criminales

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Todd Howland.

En el informe revelado por la ONU sobre la situación de Derechos Humanos de Colombia durante el año 2014, se dieron 11 sugerencias al Gobierno Nacional y los diferentes actores armados del conflicto.

Este lunes en la mañana fue presentado por las Naciones Unidas el Informe Anual sobre los Derechos Humanos en Colombia, en un evento presidido por el representante en nuestro país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Todd Howland. Lea también: “El conflicto no es la única fuente de violación de los derechos humanos”, Guillermo RiveraEl informe revela la situación de Derechos Humanos de Colombia durante el año 2014, presentando 11 sugerencias al Gobierno Nacional y los diferentes actores armados del conflicto, con las que busca que esta situación mejore en el futuro. Entre las sugerencias presentadas al final del informe, las Naciones Unidas proponen que “con el fin de avanzar hacia un escenario de postconflicto, se desarrollen medidas tanto judiciales como no judiciales para que la sociedad en su conjunto haga frente a las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”. Según el informe, “el reconocimiento de responsabilidades, el arrepentimiento, las garantías de no repetición y la participación en acciones transformadoras podrían vincularse con medidas de reducción de penas o el cumplimiento de penas alternativas, para todas las partes en el conflicto”. Todo eso se propone bajo el precepto de que “no es posible hoy en día la amnistía o el indulto para acciones como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves a los Derechos Humanos”. De acuerdo con el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, “todo esto debe estar condicionado al reconocimiento de la responsabilidad de los actores sobre los crímenes cometidos durante el conflicto”. Sobre este tema también habló el consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, quien afirmó que "el Marco Jurídico para la Paz vigente en la actualidad contempla que para la aplicación de penas alternativas debe haber reconocimiento de responsabilidades por parte de los actores armados". Rivera agregó en este tema que "la normatividad del Estado colombiano es moderna y actual, y está diseñada para responder a las necesidades del conflicto y postconflicto que se puedan presentar". Preocupación por las bandas criminalesUno de los temas que más preocupa a las Naciones Unidas es el de los grupos postdesmovilización que surgieron a partir de la desintegración de las Autodefensas Unidas de Colombia y otros grupos paramilitares. Según la ONU, actualmente estos grupos son los que ejercen mayor crueldad en sus acciones violentas y una muestra de ello es el caso del municipio de Buenaventura (Valle del Cauca). Sobre este tema habló Guillermo Fernández Maldonado, Representante adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Según Fernández Maldonado, “es importante la acción policial en contra de estos grupos que no solo ponen en peligro la seguridad ciudadana, sino que también pueden terminar arruinando uno de los pilares del proceso de paz que es la restitución de tierras”. El peligro de estos grupos también se da en las amenazas contra defensores de Derechos Humanos, frente a lo cual plantea que haya “una amplia cooperación entre las autoridades nacionales, departamentales y locales, así como investigaciones más efectivas para alcanzar una mejor tasa de judicialización de los responsables de estas acciones violentas”. Sobre las bandas criminales, Fernández Maldonado dijo que “se toman medidas preventivas que eviten que los jóvenes de las regiones se integren a estos grupos delictivos”. Entre ellas, “promover la educación y generar ofertas de ocupación legal, también son formas de prevenir el aumento de la violencia en todos los rincones del país, más aún ahora que se viene la desmovilización de las Farc y no se puede permitir que integren grupos delictivos como lo hicieron los paramilitares”. Ampliación del Fuero MilitarAnte la falta de judicialización de las ejecuciones extrajudiciales, mejor conocidas como ‘falsos positivos’, las Naciones Unidas muestran su preocupación porque estos queden en la impunidad. De acuerdo Todd Howland, “el hecho de que el Ministro de Defensa haya tratado en varias ocasiones de modificar el fuero para los militares no es un buen signo en este sentido, pues esto puede conducir a que los crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas del Estado queden en la impunidad”. Según Howland, “el Estado debe adoptar estrategias de investigación que ayuden a identificar los intereses económicos y de otros tipos que están detrás de estas violaciones a Derecho Humanos”. Al final, el Estado debe garantizar que no se repetirá jamás la victimización de civiles por parte de la Fuerza Pública y que no se presenten más vicios en las investigaciones a los responsables de estos crímenes. Más recomendacionesUna de las otras recomendaciones hechas por las Naciones Unidas al final del informe, se da en torno a la participación directa de las víctimas en el proceso de paz de La Habana, así como defensores de Derechos Humanos, comunidades étnicas y minoritarias. Sobre este punto, el consejero presidencial de Derechos Humanos, Guillermo Rivera recordó que ya hubo una delegación de 60 víctimas de todos los actores armados del conflicto, las cuales viajaron en cinco grupos diferentes de 12 personas para reunirse con los negociadores del Gobierno y las Farc y presentar sus visiones, propuestas y reivindicaciones ante ellos. Otra recomendación está dirigida en forma directa contra las Farc y el Eln, solicitándoles que cesen sus ataques contra la infraestructura física civil, como las torres de energía, los oleoductos y lugares protegidos por la ley internacional como escuelas y hospitales. También se pide que dejen el reclutamiento de menores de 18 años. Sobre la restitución de tierras, la ONU recomienda al Gobierno utilizar esta herramienta para promover el cambio social. En este sentido, debe proteger sus derechos y promover los incentivos económicos para que las personas que han sido objeto de restitución, puedan reconstruir su vida normal en paz. Acerca del Plan Nacional de Desarrollo la ONU propone que todas las políticas tengan un enfoque de Derechos Humanos, de tal modo que la efectividad de éstas pueda ser cuantificada según su efectividad para hacer efectivo el goce de los derechos por parte de los ciudadanos. Como medida urgente de ese plan, la ONU recomienda al Estado tomar medidas para proporcionar agua potable como servicio básico a todos los municipios del país, sin excepción. En este tema la ONU da un período límite de 10 años, para que el servicio básico de agua potable esté disponible en todo el territorio nacional. También se debe promover una legislación para obligar a las empresas privadas a respetar los Derechos Humanos y que su ejercicio lucrativo no vulnere los derechos ni de sus trabajadores ni de las comunidades que rodean a estas corporaciones. Ante las denuncias sobre el hacinamiento en las cárceles del país, la ONU insta al Estado colombiano a ratificar el Protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y Degradantes, y hacerlo cumplir el territorio nacional. En este sentido, debe procurar una solución al problema carcelario de Colombia, de manera urgente, ampliando el sistema y construyendo nuevos centros penitenciarios.

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