No se les van a quitar las armas a quienes las necesitan: Francisco José Lloreda

El Alto Consejero para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, Francisco José Lloreda, habló sobre el proyecto de ley que endurecerá los requisitos del porte de armas.

El anuncio del nuevo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de prohibir en la capital de Colombia el porte de armas de fuego, puso de nuevo el tema en debate.¿Cuál es la posición del Gobierno frente al porte y tenencia de las armas en cuanto a los civiles?El Gobierno es consciente que el principal desafío en cuanto a las armas es perseguir las ilegales, puesto que es con estas que se cometen la mayoría de los homicidios en el país. No obstante, el Gobierno considera que la tenencia y el porte de armas amparadas por la ley debe ser realmente excepcional, más en un país donde hay avances importantes en materia de seguridad y más entendiendo que la tenencia y el porte de armas conlleva unas responsabilidades especiales. Por eso se ha tomado la decisión de avanzar en la estructuración de un proyecto de ley que nos permita afinar y adecuar las normas sobre la materia.¿Ese proyecto en qué consiste? Se habla de un endurecimiento en los controles para expedir los permisos de porte y tenencia.El propósito del Gobierno no es quitarle las armas a quienes las necesitan, pero sí tener certeza de que quienes tengan armas amparadas por el Estado, sean las personas idóneas. Por eso hemos creído importante incrementar y afinar algunos de los requisitos para autorizar el porte de un arma. El primero: que exista realmente una sustentación sobre las condiciones de seguridad que justifique el permiso. Dos: que de manera gradual avancemos en tomar la huella digital de las armas, lo que se conoce como la identificación balística o el Ibis, dado que a futuro nos va a permitir que tengamos plena identificación de cuáles son las armas, de dónde salieron las balas o proyectiles. Un tercero tiene que ver con afinar la información y el seguimiento de las personas que porten armas. Creemos que es importante un mayor control, una especie de empadronamiento, para quienes estén autorizados para portar armas.El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que el 95% de los delitos se comete con armas ilegales y que los controles actuales eran satisfactorios. Pero se ven casos como uno de los jefes de sicarios de ‘Comba’, que tenía ocho escoltas con arma de fuego amparadas. La información con que cuenta el Gobierno es que la mayoría de las armas comprometidas en homicidios son ilegales o hechizas. Pero el Gobierno es consciente de que esta información no necesariamente nos revela la totalidad del problema; la mayoría de los homicidios en Colombia no son investigados, por lo que se dificulta establecer con precisión si las armas que fueron utilizadas en estos delitos eran legales o ilegales. De ahí la importancia del Ibis, que a la vuelta de unos años nos debe permitir que no exista un arma en Colombia, por lo menos las legales, sin su debida identificación. Si bien es cierto que la mayoría de los homicidios que se realizan con armas de fuego se cometen con armas ilegales, el hecho de que el 3%, el 5% o el 7% de esos homicidios involucren armas legales, debe ser suficiente motivo para revisar la manera como se están expidiendo las autorizaciones para usar las armas. También se dice que hay toda una especie de mafia de tramitadores que cobran por conseguir esos permisos. ¿Cómo combatirlos?Esa seguro es la excepción, puesto que en la mayoría de los casos los procedimientos para la expedición de permisos se adelantan de una manera transparente. Pero no podemos negar que hay quienes hacen un aprovechamiento indebido de los trámites para la solicitud de permisos. Ese es uno de los aspectos que estamos revisando y que seguramente conllevará a que tanto las brigadas, como el departamento de control comercio y armas, como el Comité de Armas del Ministerio de la Defensa, afinen esos controles.Otro de los puntos que plantea el proyecto de ley es que ya no sean los jefes de cada brigada los que tengan la potestad de suspender el porte de armas en las ciudades. Usted decía que esas decisiones se tomarán en los consejos de seguridad presididos por el Alcalde. Hoy día la decisión recae de manera exclusiva en las brigadas. Los alcaldes y gobernadores, de acuerdo con la legislación existente, pueden solicitar a las Fuerzas Militares la suspensión del porte de armas de manera temporal o permanente y es decisión de la brigada determinarlo. Hemos creído que en la medida en que los alcaldes y gobernadores tienen unas responsabilidades en materia de seguridad, ellos no deben ser convidados de piedra en esa discusión. Por eso se examina al interior del Gobierno que en el caso de las ciudades capitales, sean los consejos de seguridad presididos por los alcaldes y de los que forman parte la Fuerza Pública, los que estudien la conveniencia de esa suspensión, temporal o permanente. Y en el caso del resto de los municipios, que sea en los consejos de seguridad departamental. En ambos casos y dado que las Fuerzas Militares están llamadas a tener presencia en los consejos de seguridad, los comandantes de las brigadas tendrán un poder de veto, cuando las razones en materia de orden público y seguridad lo indiquen. El proyecto de ley que se está estudiando desde hace cinco meses y que se presentará en marzo, ¿qué otros puntos importantes tiene?El proyecto subraya la excepcionalidad de la tenencia y porte de armas por parte de particulares. Establece requisitos para la tenencia y para el porte. Incluye aspectos importantes como el de la información balística, el de una figura similar al del empadronamiento para quienes porten armas. Retoma y desarrolla un aspecto que se incluyó en la Ley de Seguridad Ciudadana que habla sobre la obligación de tomar un seguro contra terceros en el caso del porte de armas y también establece cuáles son las autoridades y los procedimientos, tanto para la expedición de permisos como para decisiones como la suspensión temporal o permanente del porte de armas en determinado territorio.¿Los estudios que se han realizado sobre el tema han mostrado que si hay suspensión del porte de armas, influye en la criminalidad?Cali ha sido una ciudad pionera en la implementación de la suspensión temporal del porte de armas. Incluso el hoy alcalde Rodrigo Guerrero, en su primer mandato, fue de los primeros en ensayar esa medida. Él ha indicado que la experiencia de Cali es que cuando la suspensión al porte de armas es temporal, en fechas específicas, en días claves, es más efectiva que cuando la suspensión al porte de armas es prolongada, porque se tiende a aflojar en los controles. En el caso de Bogotá, Antanas Mockus hizo algo similar, con resultados parecidos. El ministro Pinzón, en el mes de diciembre, decidió una suspensión al porte de armas en Bogotá y estamos pendientes de conocer si fue efectiva o no. Lo importante aquí es no caer ni en dogmas, ni en recetas universales. Cada ciudad requiere su propia receta. Las normas existentes de hoy son suficientes para adaptarse a cada realidad y eso está bien, pero creemos que esas normas, que en términos generales son buenas normas, están dispersas y presentan algunos vacíos. ¿Cuáles son esos vacíos?Un ejemplo de vacíos es que hoy en día tenemos en el país a muchos ciudadanos que en su momento contaron con un permiso o salvoconducto para tenencia o porte de armas, pero por alguna razón no lo renovaron. Estamos hablando de más de 300.000 armas que están en un limbo jurídico. Entonces una de las necesidades del país es buscar la manera de actualizar los registros de esas armas. Ese es uno de los vacíos que hay que atender, porque no se trata como el avestruz de enterrar la cabeza bajo la tierra, cuando sabemos que tienen esa dificultad. ¿Cuántas armas legales hay en Colombia?Los registros indican alrededor de 1.500.000 armas, entre las de particulares y de la Fuerza Pública. De estas alrededor de 600.000 están en manos de particulares. Además hay un número alto de aquellas que han dejado vencer los permisos y han sido adquiridas legalmente. También hay una proporción pequeña de armas que se declaran robadas o extraviadas y necesitamos precisar qué ocurre con ellas.La seguridad en Cali Cali cerró el 2011 con 1.845 homicidios, 20 más que en el 2010. ¿Por qué esta sigue siendo una de las ciudades más violentas de Colombia, pese a medidas como el plan de choque?El plan de choque cumplió el propósito de revertir la tendencia al alza de los homicidios. En Cali confluyen dos tipos de circunstancia. Una es la de los homicidios ligados con ajustes de cuentas, con oficinas de cobro, con narcotráfico, a lo cual Cali no ha logrado escapar del todo y otra es los homicidios que se producen en el marco de riñas, intolerancia, diferencias entre personas mal resueltas y que necesitan una atención más integral, que reflejan un problema social.Los últimos cuatro años de la Administración pasada en Cali nos dejan una ciudad con obras, pero en materia de seguridad queda un vacío; los críticos siempre dijeron que no hubo compromiso.Hay que reconocer que el alcalde Jorge Iván Ospina tuvo logros en materia de obras, pero a su administración le faltó compromiso con la seguridad. No fue una prioridad. Desde el Gobierno Nacional buscamos aunar esfuerzos, pero la verdad es que no encontramos mayor receptividad. No cumplió con sus anuncios de aumentar la inversión en seguridad y darle más dinero a la Policía. Pero es hora de doblar la página. Esperamos que la nueva administración, como lo ha señalado el Alcalde Guerrero, haga de la seguridad una prioridad.