Ni las cárceles logran detener el acoso y las extorsiones de los delincuentes

Muchos condenados por extorsión reinciden en este delito desde los centros penitenciarios donde se encuentran recluidos. A esos internos no les importa que les aumenten la pena.

Esa noche había salido a cenar con mi familia. Estábamos en el restaurante El Portón de Meléndez cuando recibí una llamada a mi celular. Era la voz de un hombre que se identificó como jefe de las Águilas Negras. Yo no salía del desconcierto cuando me dijo que yo formaba parte de una lista de personas importantes a las que les estaban pidiendo que ‘colaboraran con la causa’, aunque también mencionó a Los Rastrojos y a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.Así relata un médico caleño el susto que pasó un par de meses atrás, luego de recibir una extraña llamada telefónica en la que lo extorsionabanEl profesional recordó que la voz anónima agregó que uno de sus comandantes había sido herido en combate y que estaba en un tratamiento en la Clínica Shaio de Bogotá. Según la voz fantasma al otro lado de la línea, la cuota era de $9 millones para comprar unas ampolletas de $450.000 cada una que le había recetado al comandante uno de los médicos, que era amigo de ellos.El doctor se alteró y le respondió que no estaba dispuesto al chantaje. El hombre escudado en el anonimato del celular le soltó la amenaza típica de una llamada extorsiva. “Sabemos quién es usted, dónde vive y quién es su familia” y lo conminó a cumplirle más temprano que tarde. “Llámeme luego para confirmar”. Los platos ordenados se empezaban a enfriar. El médico llamó a la Policía, que lo contactó con el Gaula y esta entidad le envió dos intendentes para asesorarlo en las medidas de seguridad a seguir.Media hora más tarde el celular repicó. El médico le repitió a su interlocutor que no le iba a dar nada y que no conciliaba con sus métodos de lucha. Entonces la presión aumentó: “El jefe de las AUC nos dio la orden de que se lo lleváramos”. Es decir, que ellos tenían cómo y con quién llevarlo hasta donde el jefe y que así le iba a salir más caro, porque tendría que pagarles más plata. “Nos cruzamos palabras de grueso calibre y colgué”, recuerda el especialista. Al día siguiente le llegó un mensaje de texto desde un número Movistar, con un vocabulario tan malo como la ortografía. Palabrerío más, palabrerío menos, decía: “Patrón, estamos esperando que nos confirme el pago porque ya entregué el informe de que usted nos va a colaborar. Llámeme y coménteme cómo va todo. Roberto Vargas, Gavilán de las AUC”. Es una situación absurda e intimidante, pero desde su consultorio marcó al número desde el que le hicieron las amenazas: 300-7527522 . “Le dije hasta de qué se iba a morir y le advertí: Esta llamada ya está siendo rastreada por las autoridades, a usted lo van a ubicar y esto le va a generar una pena más grande de la que ya tiene”, cuenta el médico.Los investigadores del Gaula detectaron que la llamada provenía de la cárcel de Picaleña, de Ibagué. Y es que desde algunos centros de reclusión como ese salen muchas de las llamadas con fines extorsivos que se hacen en el país. En las cárceles del Valle del Cauca es desde donde menos extorsiones se generan. Solo un caso se produjo desde el penal de Jamundí que dejó cinco capturas, incluido el que las ejecutaba, alias El Diablo, un recluso que ya purgaba una pena de entre 20 y 25 años por ese delito.Sin embargo, este año el Gaula ha realizado unas diez capturas por extorsión carcelaria provenientes de reclusos de otros penales del país, pero cuyas víctimas son del Valle del Cauca, generalmente comerciantes. La entrega, giro o consignación del dinero se hacía en este departamento.El director nacional del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, declaró a El País que en 2011 hubo 158 capturas al interior de distintas cárceles por ese delito. Y que un solo recluso, condenado a 47 años por extorsión, había generado más de mil llamadas con ese fin delictivo.Un agente del Gaula de la Policía Valle, unidad dedicada a investigar este delito, entre otros, dice que el extorsionista es un delincuente común que ya paga una pena por este mismo delito y no le importa que le abran otro proceso por seguir delinquiendo desde el instituto carcelario.Las páginas amarillas o blancas de los directorios telefónicos, una tarjeta de presentación entregada a la persona equivocada, o los mismos volantes publicitarios de una empresa, son sus fuentes de información de las posibles víctimas.De tal forma que cuando llama al teléfono celular de la víctima, es porque ya lo ha hecho al número fijo y con argucias –falsas encuestas o falsos clientes–, toman el número del móvil y otros datos que utilizan luego para amedrentar al extorsionado. A veces un enlace externo les ayuda en esa labor.Investigadores del Gaula han detectado que los extorsionistas se centran en gremios. Durante un tiempo llaman a los ferreteros, luego a los del sector de la salud, después a los profesores y así van rotando. Estos delincuentes son expertos en capitalizar las situaciones críticas de orden público, violencia o conflicto, ya sean generadas principalmente por la guerrilla o las bandas criminales, o cualquier grupo armado ilegal y se hacen pasar por miembros de esas estructuras delictivas.“Ellos se alimentan de lo que ven en televisión. Por ejemplo, si hubo un atentado, aprovechan esa situación de temor y terror para amenazar a su posible víctima”, explica el agente del Gaula. “A mayor nivel de confrontación en el país, mayor nivel de intimidación”, dice. La mayoría de las extorsiones carcelarias, han detectado las autoridades, provienen de internos recluidos en prisiones de la Costa Atlántica, de La Dorada, Caldas, pero muy especialmente de la de Picaleña, en Ibagué. Lo irónico es que comunicarse con la cárcel de Picaleña es difícil: dos números no están en servicio, otro suena como si estuvieran hablando desde Marte, en otro suena un pito y solo en dos números contestan después de intentar mucho. En cambio, las llamadas de los extorsionistas sí salen nítidas, según dicen las víctimas.El Inpec desarrolla un proyecto de instalar inhibidores para bloquear la señal de teléfono móvil. Para ello se tuvo que armar de una herramienta jurídica, pero solo ha bloqueado La Picota, de Bogotá, la de Valledupar y parte de Picaleña. El lío es que los equipos no tienen la capacidad de ajuste para bloquear solo el área deseada y los vecinos a los reclusorios se quedan sin señal. Se necesita tecnología de punta que cierra el espectro electromagnético en áreas más reducidas y específicas. La meta es que en octubre haya bloqueados 14 centros penitenciarios y 17 en 2013.Versiones no oficiales dicen que las redes de extorsionistas son tan poderosas que “pagan muy bien a esos vecinos” para que reclamen contra la medida argumentando que los están perjudicando. Las autoridades se ven obligadas a desmontar la medida y así los extorsionistas bajo las rejas quedan en libertad de llamar a sus víctimas.