Negociadores de paz del Gobierno no serán investigados

Senado y Cámara aprobaron, en primer debate, la prórroga de una ley que blinda de sanciones penales y disciplinarias a los negociadores, lo que ocasionó la inconformidad de varias bancadas.

Las comisiones primeras de Senado y Cámara aprobaron, en primer debate, la prórroga a la ley de orden público y con ella el 'blindaje disciplinario' para que no puedan ser investigados por el Procurador los negociadores de paz del Gobierno Nacional. Se trata de darles una condición especial para que los funcionarios del Gobierno que hagan parte de la mesa, no sean objeto de sanciones penales ni disciplinarias en el marco de los diálogos de paz.La prórroga de dicha ley, que establece los mecanismos que permiten adelantar un diálogo con grupos armados al margen de la ley, ya contemplaba el blindaje jurídico para dichos funcionarios, pero no otorgaba ninguna protección ante eventuales medidas por parte de la Procuraduría General de la Nación. Frente a las críticas del Centro Democrático sobre la supresión de las funciones disciplinarias que pudiera tener procurador Alejandro Ordóñez sobre el proceso, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que es una medida normal y responsable con el propósito nacional de la paz. “Pueden no estar de acuerdo con el proceso, pero lo que nadie puede descalificar es la seriedad que han demostrado los actuales negociadores del Gobierno, nadie puede dudar de la integridad de Humberto de La Calle, de Sergio Jaramillo, o del general Mora (…) quienes se imaginan que ellos van a entregar el país están delirando”, señaló Cristo. Una de las inconformidades por parte de varias bancadas, es que la prórroga de la ley se haga por cuatro años y no por dos. Según la senadora de la Alianza Verde la extensión se consolida como una notificación a las Farc de que pueden dilatar el proceso. “Una cosa es dar un voto de confianza al Gobierno para negociar la paz y otra es dar tiempos ilimitados a las Farc. Con ellas toda la desconfianza y precaución”, dijo López. A esta posición se sumó la senadora del uribismo Paloma Valencia, quien consideró que los cuatro años son un cheque en blanco a la guerrilla. “Este es el reconocimiento de que la negociación va mal, de que el presidente Juan Manuel Santos prometió un negocio de meses y están pidiendo una prórroga de cuatro años adicionales”, dijo Valencia. Por su parte, el jefe de la cartera Política insistió en que a un proceso de paz no se le puede poner límite, ya que la ley aplicaría no solo para la actual negociación con las Farc sino en un eventual proceso con el ELN. A su turno Valencia insistió en que en La Habana no se firmará la paz, sino que se continuará en negociaciones con grupos al margen de la ley. Lo que le resultó 'curioso' a Juan Fernando Cristo es que la misma ley fue aprobada, casi con el mismo texto, en dos ocasiones por el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En ese sentido el ministro extendió la invitación a todos los sectores “incluyendo al Centro Democrático a construir un escenario de paz y reconciliación, como el que quiso Uribe durante 8 años, lamentablemente sin suerte”, dijo. En las próximas discusiones la ley definirá esta y otras instancias, además de las herramientas jurídicas para avanzar con procesos de desmovilización individual y colectiva de los grupos armados ilegales. Conozca aquí todo sobre el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc