Me voy inquieto por Palacio de Justicia en Cali: Viceministro de Justicia

Agosto 16, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Diana Isabella Sánchez | Reportera de El País
Me voy  inquieto por Palacio de Justicia en Cali: Viceministro de Justicia

De acuerdo con el Viceministro de Justicia, Miguel Samper, este año el presupuesto para la rama judicial se incrementó de $200.000 millones a un total de $330.000 millones.

Miguel Samper, viceministro de Justicia, dice que no entiende por qué en cinco años no se han terminado las reparaciones a esta sede. Habló sobre los retos del Gobierno para combatir el hacinamiento carcelario.

Miguel Samper Strouss, viceministro de Justicia, manifestó su preocupación por la demora en la entrega del Palacio de Justicia de Cali y la falta de ejecución en los recursos destinados para este propósito. Durante el Octavo Encuentro Regional de Justicia, que se llevó acabo el jueves en la Universidad San Buenaventura, el Viceministro destacó que este año se ampliarán 15.000 cupos en centros carcelarios para aliviar la problemática de hacinamiento que se vive en todas las prisiones del país. Y agregó que este año se ha reparado a 263.000 víctimas del conflicto armado en Colombia y que el país ya se está preparando para el postconflicto con el Marco Jurídico para la Paz. Han pasado casi cinco años ¿Qué opina sobre la demora en la entrega del Palacio de Justicia?Me voy sumamente inquieto por la situación del Palacio de Justicia, que no ha sido reabierto. En el foro que tuvimos en la Universidad San Buenaventura los participantes fueron insistentes en hablar de que van cinco años y este no ha entrado en funcionamiento. No entiendo por qué. Lo que sí sé es que desde finales del 2010 y comienzos del 2011 se decidió aportar recursos para la reconstrucción del Palacio. Entonces, en el 2012 el Consejo Nacional de Estupefacientes hizo una apropiación presupuestal y aprobó $15.000 millones, pero hasta el momento el Consejo Superior de la Judicatura no ha actualizado el proyecto para que le sean entregados esos recursos.¿Por qué no se ha hecho esa actualización del proyecto?No entiendo por qué teniendo una necesidad tan apremiante, como la del Palacio, y con esos recursos, no se ha actualizado el presupuesto. ¿Se podría perder ese dinero?Claro, si no lo reclaman, pues lo destinaremos a otro proyecto que sí lo ejecute. Me genera mucha inquietud que en cinco años no se haya terminado el Palacio. Los niveles de ejecución, en general, de la rama judicial, son preocupantes. Habían pedido un mayor presupuesto y se aumentó, pero solo han comprometido un 25 % de lo que se les aprobó. A nivel de Latinoamérica, Colombia ocupa uno de los primeros lugares en materia de hacinamiento carcelario, ¿qué planes se llevarán a cabo para solucionar esta problemática?El Ministerio de Justicia diseñó una estrategia que, en primer lugar, le apunta a la construcción de nuevos cupos carcelarios y este año esperamos entregar 15.000 para reducir el hacinamiento. Asimismo, estamos tramitando una reforma al Código Penitenciario y Carcelario que busca estabilizar al sistema. Queremos racionalizar y humanizar el sistema penitenciario, lo que implica una adecuación de las cárceles que están en condiciones deplorables, hacer reformas sanitarias y mejorar los esquemas de salud que hay actualmente. Además, estamos trabajando de la mano con el Consejo Superior de la Judicatura para que nombren más jueces de ejecución de penas y que decidan pronto sobre los derechos a la libertad que tienen las personas que están en las cárceles. ¿Con qué recursos cuentan para ejecutar esta estrategia?Solo este año, el presupuesto de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios alcanzó los $600.000 millones. El fenómeno de hacinamiento ha afectado en igual proporción a todo el país. Afortunadamente, el Valle del Cauca no es uno de los departamentos más congestionados; por ejemplo, en la Guajira hay una situación de hacinamiento que supera el 200%. Sin duda es un fenómeno que queremos atacar a nivel nacional y hay que hacerlo desde todos los frentes.Con el proceso de paz que se está llevando a cabo entre el Gobierno Nacional y las Farc en La Habana, ¿cuál es el papel que cumplirá la justicia transicional en época de postconflicto?Así el conflicto no haya terminado, el país tiene que preparase. Por eso el Ministerio tramitó la Ley de Víctimas para responder a los derechos de estas personas y blindarlos a posibles victimizaciones. También reforzamos la Ley de Justicia y Paz para agilizar los procesos y que todo este esquema que fue pensado dándole mucho énfasis a lo penal, se acople a las normas que hemos venido configurando durante el Gobierno del presidente Santos. La justicia transicional no es que sea una salida, sino que es la única salida. No solo nos ayuda a prepararnos para la terminación del conflicto, sino que tiende lazos para que esto se logre y se pueda hacer tránsito a una paz duradera y estable. Son las herramientas que nos van a acercar al fin del conflicto. Precisamente, ¿cómo es esta preparación al postconflicto?Sin justicia la paz no va a perdurar en el tiempo. Queremos que haya una justicia efectiva para que el país sea más seguro. Lo que viene luego de que se den los resultados esperados con el proceso de diálogo entre el Gobierno y las Farc, es la confección de toda la reglamentación del Marco Jurdídico para la Paz, pero el Ministerio ya se ha venido preparando, con la realización de distintos estudios y esquemas para ver la viabilidad de diversas fórmulas de justicia transicional para reglamentar este marco.En el 2011 usted denunció que había abogados que engañaban a las víctimas del conflicto armado ofreciéndoles asesorías a cambio de hasta el 49 % de la indemnización que iban a recibir... ¿Se sigue presentando está situación? Hemos organizado una campaña masiva de difusión para que las víctimas entiendan que pueden hacer valer sus derechos sin necesidad de intermediarios. Si deciden hacerlo a través de un abogado, este no puede abusar de sus derechos de ninguna manera. Hemos generado varias denuncias ante el Consejo Superior de la Judicatura para que juzguen a estos abogados y si es el caso, se les remueva su tarjeta profesional por estafar a personas en condiciones de absoluta vulnerabilidad como lo son las víctimas del conflicto armado.La reparación a víctimas va marchando muy positivamente y a la fecha se ha reparado a 263.000 personas. La gente se está vinculando y no hemos detectado mayores intentos de defraudar al sistema, lo cual se puede hacer también haciéndose pasar por víctima.Resultaría impensable que se va proteger con un carro blindado a cinco millones de personas que han sido víctimas, pero lo que sí puede hacer el Estado y lo está haciendo, es repararlos mediante un esquema integral.

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