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Más del 54% de los casos de tortura son cometidos por la Fuerza Pública, señala estudio

La Coalición Colombiana publicó el informe y añade que las prácticas de tortura son cometidas también por grupos paramilitares y la guerrilla de las Farc.

25 de junio de 2015 Por: ElPaís.com.co | Colprensa

La Coalición Colombiana publicó el informe y añade que las prácticas de tortura son cometidas también por grupos paramilitares y la guerrilla de las Farc.

La Coalición Colombiana contra la Tortura señaló que el 54% de los actos de tortura que se comenten en el país son perpetrados por la Fuerza Pública, seguido de los grupos paramilitares posdesmovilización, algunos no definidos y guerrillas como las Farc y el EPL. 

Para Julio Arévalo, psicólogo del Centro de Atención Psicosocial de la Coalición Colombiana Contra la Tortura, “encontramos que las prácticas de tortura que nosotros denunciamos se comenten en el marco de todas las confrontaciones de inconformidades, de protesta social, de manifestaciones de líderes o sindicalistas.

Allí, lamentablemente, podemos resaltar que en un 54% la Fuerza Pública es quien registra los mayores datos de atropello y de fuerza desmedida”. 

El señalamiento de Arévalo viene a colación luego de que el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz documentarán una variedad de casos de tortura durante el lapso comprendido entre enero de 2010- y julio de 2014, en el Banco de Datos sobre Derechos Humanos y Violencia Política, donde evidenciaron la invisibilización que hay en el Estado de este tipo de delitos. 

Según un informe de la Organización, este Banco ha registrado, en eae lapso, un total de 349 víctimas de actos donde se han denunciado como tortura física. Estos registros alcanzaron el mayor número en el 2013, con 64 y de enero a julio de 2014 donde se registraron un total de 37.

De igual forma los departamentos en que más casos fueron denunciados corresponden a Nariño, con 47 víctimas, Caquetá con 36, y Norte de Santander con 30, seguidos por Santander, Antioquia, Chocó, Cauca y Valle del Cauca. 

“Personas de diferente sexo, edad, y sector social han sido registradas como víctimas de estos actos. Los hombres y los jóvenes de 18 a 25 años han sido los principales objetos de esta forma de tortura. Así, mismo, los sectores sociales más afectados en estos hechos fueron las poblaciones étnicas, que registran 38 víctimas, los campesinos con 45 y las personas excluidas socialmente, con 19”, agregaron los miembros de la Coalición. 

Bajo índice de denuncia

Pese a que en Colombia la tortura y los trastos o penas crueles, inhumanas o degradantes se practican de manera sistemática y generalizada.

Sólo entre 2010 y 2014 se denunciaron 349 casos de tortura física en el país, lo que señalan los expertos se debe a dos causas primordiales que la sociedad debe conocer. 

“Hay dos elementos, uno son los sub-registros que hacen parte de que la tortura no se reconozca como un delito grave, sino que la tortura se encuentra como un delito subsidiario de otros delitos como el homicidio”, señaló Arévalo. 

Adicionalmente, resaltó que “las personas nos denuncia por desconocimiento, por lo que es necesario que se visibilice y se reconozca como tal la tortura. Hacemos un llamado amigable y respetuoso al Estado a que lo haga y permita conocer estos hechos, porque no podemos seguir en la impunidad. Hay que erradicar la tortura”. 

Por su parte, Gloria Silva, abogado del Comité Solidaridad con Presos Políticos de la Coalición Colombiana de la Tortura, agregó que “es necesario aprobar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, esto en la medida que permite generar mecanismos de prevención de este delito”. 

Por último, la Organización hizo hincapié en que el Estado colombiano a pesar de que ha sido temeroso o renuente a la firma de este Protocolo debe tener en cuenta que este es el momento para generar todas las herramientas de protección de Derechos Humanos en Colombia y que su población y ciudadanía se sientan seguros. 

“El Estado debe estar abierto a generar espacios de participación, a no dilatar más los espacios de diálogos con la población organizada para ver cómo se garantizan estos espacios y generar prevención de la tortura”, puntualizó Silva. 

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