Los cinco ‘enemigos’ que tiene Cali para combatir la violencia

Las peleas entre pandillas, los retrasos en la justicia, la falta de presupuesto, el lío de los menores infractores y el mal manejo de las armas de fuego siguen afectando la seguridad.

Los últimos hechos violentos ocurridos en Cali, en especial la masacre del pasado 8 de noviembre que dejó ocho muertos en el nororiente, ha generado un debate en la capital del Valle respecto a las medidas que se deben tomar para mejorar la seguridad. Y es que hasta el 10 de noviembre de este año en la ciudad se registraron 1.743 homicidios, de acuerdo al seguimiento que hace la Personería Municipal. El número de asesinatos en los primeros nueve meses del 2013 fue de 1480, 158 más que en el mismo lapso del año 2012, según las cifras del Observatorio Social del Delito de la Secretaría de Gobierno. Las principales causas de esta violencia desmedida -según fuentes consultadas- tienen que ver con los retrasos en la administración de justicia, la falta de inversión para planes de seguridad, los constantes enfrentamientos entre pandillas y redes criminales, el lío de los menores infractores y la falta de control a las armas que circulan en la ciudad. Problemas para administrar la justicia Hace dos semanas varios abogados y estudiantes de derecho realizaron un plantón y corbatón en las afueras del Palacio de Justicia, Pedro Elías Serrano Abadía (en el centro de Cali), por la demora en la entrega del edificio. La protesta no es en vano porque ya van cinco años -desde el atentado con carro bomba en el 2008- que la capital del Valle no tiene un lugar destinado a la administración de justicia.Esto ha generado que los jueces, fiscales, defensores, procesados, víctimas, deambulen por toda la ciudad tratando de solucionar líos judiciales. Lo hacen en 200 juzgados, en baños y en patios, de por lo menos 20 sedes que están repartidas en diferentes sectores de Cali. Alejandro Arenas, decano de la Colegiatura de Abogados Litigantes de Cali, dice que la demora en la entrega del Palacio ha generado profundos problemas en los procesos judiciales, ya que muchos están terminando en el olvido, en la impunidad.La respuesta del Consejo Seccional de la Judicatura, encargado de responder por la entrega del Palacio de justicia, viene siendo la misma desde hace un buen tiempo: se está trabajando y haciendo esfuerzos por entregar la obra lo más pronto posible.A este panorama se suma otro problema: en Cali hacen falta fiscales, defensores, investigadores, para resolver los 60 mil casos que pueden haber amontonados. Y eso que son procesos solo de hace cinco años. El director seccional de Fiscalías, Gilberto Guerrero, da un ejemplo de lo difícil que puede resultar resolver un caso, en especial los que corresponden a homicidios.Cada uno de los quince fiscales que hay en la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Fiscalía puede tener en su despacho unos 121 procesos relacionados con los homicidios registrados en Cali el año pasado, es decir, 1.839 -dice Guerrero-. A estos fiscales, seguramente, a la fecha ya les habrán asignado los que van este año, incluidos los ocho asesinatos de la masacre en una discoteca, el pasado 8 de este mes. Cada caso, explica un fiscal, se resuelve en conjunto. “Es decir, que se trabaja con investigadores de la Policía, con jueces y demás y en la mayoría de casos los tiempos no cuadran. Esto hace que por las condiciones en las que se trabaja, la gran cantidad de casos y los pocos funcionarios, se tengan que archivar procesos”, explica. En Cali, por ejemplo, hay 175 fiscales y 25 defensores. Han pedido más personal, pero la solicitud no ha tenido respuesta. Peleas entre pandillas y redes criminalesEn Cali, según lo estima la Secretaría de Gobierno, el 40% de los homicidios está relacionado con ajustes de cuentas entre pandillas y grupos criminales. Y es que los enfrentamientos entre estas estructuras ilegales ya se convirtieron en un asunto de todos los días en la ciudad, principalmente en los barrios del Oriente. Tal como ocurrió el pasado 8 de noviembre en la Comuna 12, donde fueron asesinadas ocho personas, al parecer, por una venganza entre bandas delincuenciales. Aunque es difícil saber con exactitud cuántos grupos criminales delinquen en la capital del Valle, el último estudio de la Personería Municipal señala que en las 22 comunas de Cali hay 137 pandillas. Estos grupos mantienen una pelea a muerte por el control de negocios ilícitos como el microtráfico. Según las cifras del Observatorio Social, entre enero y septiembre de este año 253 personas murieron en enfrentamientos entre pandillas, lo que corresponde al 17% del total (1.480) de las víctimas mortales registradas en los primeros nueve meses del año.El problema de las pandillas ha llegado a tal punto que la Personería propuso un plan de desmovilización para sus miembros. En Cali también hacen presencia redes criminales que trabajan al servicio de los ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’. Falta de control a las armas El alto índice de asesinatos en Cali ha llevado a que diferentes sectores de la ciudad, entre ellos el mismo alcalde Rodrigo Guerrero, solicite al Ejército la aplicación de Plan Desarme, como una medida para reducir la violencia. Sin embargo, el comandante de la Tercera Brigada, el general Luis Fernando Rojas, quien tiene la decisión en sus manos, ha rechazado esta petición, pues -según él- las “personas de bien” tienen derecho a estar armadas. El problema es que en algunos casos se ha demostrado que los delincuentes también utilizan armas con salvocoducto. De hecho, la masacre del pasado 8 de noviembre se cometió con un arma que en algún momento fue legal. Y es que, por ejemplo: en lo corrido del año se han incautado en Cali 18 armas legales vinculadas en delitos, de los cuales tres son homicidios y ocho, lesiones. La preocupación es mayor porque de las 1677 muertes violentas registradas hasta octubre pasado, el 89 % se cometió con armas de fuego.El debate, entonces, sigue abierto, aunque el viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, insistió en que el Plan Desarme “solo debe ser para los delincuentes” y no para los legales. Los menores infractores Un problema sin una solución a la vista. Así está la situación con los menores infractores en la capital del Valle.El principal lío es que en Cali, cada día, las autoridades aprehenden entre 15 y 20 menores por algún delito, pero los centros de reclusión de la ciudad están llenos y ya no hay dónde tenerlos mientras cumplen sus penas o se les resuelve su situación. El centro de reclusión Valle del Lili tiene sus 350 cupos llenos y el Buen Pastor sus 275 de la misma manera. Esto hizo que los centros transitorios, donde son llevados los menores apenas son aprehendidos y donde no deberían permanecer más de 36 horas, se hayan convertido en reclusorios permanentes. Solo en el transitorio que estaba ubicado en el Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes en lo corrido del año se presentaron tres motines graves, que dejaron daños a la infraestructura y provocaron que los funcionarios del sitio se declararan en paro hasta no solucionar la situación de hacinamiento y condiciones en las que estaban los menores. Ya un juez dio la orden de trasladar a los jóvenes a otros transitorios, pero hasta el jueves pasado todavía el juez pedía a las autoridades acatar el fallo. Las fugas en Valle del Lili también son otro de los problemas que afronta el sistema de responsabilidad penal de menores. Las tres fugas masivas de este año han dejado a 189 jóvenes de nuevo en las calles.Con el fin de solucionar la falta de cupos para menores infractores, el Gobierno, la Alcaldía, la Gobernación y el Icbf han destinado $25 mil millones para un centro de reclusión de menores en el Valle. El problema es que hasta el momento ningún municipio había aceptado la construcción de este proyecto, solo Buga. Presupuesto de seguridad Ante este panorama de violencia es evidente que Cali necesita estrategias de seguridad más contundentes, que permitan reducir los hechos de criminalidad. La Policía Metropolitana, por ejemplo, dice que está haciendo esfuerzos para implementar planes de seguridad en la capital del Valle, encaminados a reducir el alto índice de homicidios. El jueves pasado, durante la presentación del plan ‘Cali Segura’ (que contará con 140 policías, quienes en 50 carros y 20 motos, recorrerán las vías principales de la ciudad), quedó demostrado que para este tipo de estrategias se necesita de una buena inversión. Según el personero municipal, Andrés Santamaría, en el plan de desarrollo de Cali 2012 - 2015 la Policía recibió $14 mil millones anuales para operar, sin embargo -dice la misma Policía- el presupuesto necesario es de $49 mil millones anuales, con el cual se podría cubrir las necesidades de seguridad de toda la ciudad.La Personería también informó que Cali, en su plan de desarrollo, tiene presupuestado $166.243 millones para la seguridad y convivencia ciudadana, lo cual está por debajo de ciudades como Bogotá y Medellín, donde los recursos son de $287.000 millones y $227. 189 millones, respectivamente.El concejal Roy Barreras afirma que para el próximo año el presupuesto de seguridad de la ciudad será recortado en más del 50 %, lo cual “es un acto irresponsable que lo único que hace es convertir y ratificar que la capital del Valle esté entre las ciudades más violentas del mundo, según resultados de informes internacionales”.