Lo que le falta a Cali para aplicar el nuevo Código de Policía

Tenga cuidado: a partir de este martes 1 de agosto comienzan a aplicarse las sanciones económicas para quien infrinja el nuevo Código de Policía. Así que, por ejemplo, ir campante tomando bebidas embriagantes o consumiendo sustancias psicoactivas donde está prohibido le podría salir muy caro.

Precisamente, durante los primeros 6 meses de entrada en vigencia del Código – las sanciones fueron pedagógicas – en la ciudad se impusieron 1216 comparendos por consumir sustancias prohibidas en estadios, coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud, “y en general, en el espacio público, excepto las actividades autorizadas previamente”; 97 personas fueron sancionadas por orinar en árboles y muros; 313 por andar peleando en la calle. 

Sin embargo, ante la entrada en vigencia de las sanciones económicas, ¿está lista Cali para aplicar, como se debe, el nuevo Código?
“Una de las principales dificultades de los municipios es que el Código surgió cuando ya los presupuestos de las ciudades estaban definidos, lo que dificulta las inversiones que se deben hacer para la aplicación del mismo. El Código nació sin financiación”, explica Pablo Uribe, subsecretario de Seguridad de la ciudad.

Entre el 1 de enero y el 7 de julio cuando se impusieron sanciones pedagógicas, 32.457 colombianos fueron sorprendidos consumiendo bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas en espacio público.

En parte por ello, el principal pendiente de Cali respecto al nuevo Código de Policía es que aún no existe un Centro de Atención y Protección.

Se trata de un lugar a donde la Policía deberá trasladar a las personas que se encuentren en riesgo en la calle por diferentes motivos: que estén ebrias, por ejemplo, o bajo los efectos de sustancias psicoactivas, o que presenten comportamientos agresivos o temerarios, o incluso, quien esté en peligro de ser agredido. En ese Centro de Atención y Protección las personas estarán, máximo, doce horas.

“Estamos evaluando varias bodegas del Municipio y algunas de Emcali para adecuarlas como Centro de Atención y Protección. Para ello, la Alcaldía tiene una partida de aproximadamente $2000 millones”, dice Pablo Uribe.

Pero, por lo menos, en lo que queda de este año, Cali no contará con este Centro, por lo que, explicó Claudia Muñoz, subsecretaria de Acceso a los Servicios de Justicia, se está buscando una alternativa: un sitio, aún por definir, donde se pueda abrir temporalmente el Centro de Protección.

En segundo lugar se ubican quienes fueron sancionados por portar armas (15.991).

En todo caso, advierte el teniente Alberto Valero Bejarano, asesor jurídico de Convivencia y Seguridad Ciudadana, además de este Centro la ciudad aún tiene otros pendientes frente al Código.

“Toda la parte operacional del Centro Especial de Protección requiere otras cosas. Por ejemplo, se debe ampliar la capacidad de los hogares de paso para llevar a los menores que no puedan ser entregados a un familiar después de las doce horas que pueden permanecer en el Centro; además, debe haber hogares que reciban a los adultos mayores y lugares para los habitantes de calle. Me refiero a centros integrales de reparación”.

Igualmente, Cali necesita un centro de depósito y destrucción de los elementos incautados en sitios públicos: armas de fuego, blancas, pólvora, sustancias prohibidas. E invertir en los sistemas biométricos para consultar las huellas de las personas que se nieguen a presentar su cédula pensando que con eso se van a librar de un comparendo. En general, cada comportamiento que sanciona el nuevo Código de Policía genera unos requerimientos logísticos y una inversión por parte de las alcaldías.

La ciudad en todo caso, pese a lo que aún requiere hacer, no se ha quedado de ‘brazos cruzados’ frente a lo que exige el Código. De hecho, será la primera ciudad del país que tendrá un software que manejarán los inspectores y que estará enlazado con la plataforma de la Policía que custodia la información de los comparendos. “Estamos haciendo las pruebas piloto de este software que será replicado en otras ciudades”, explicó Claudia Muñoz.

También se creó, por decreto, el Comité Civil de Convivencia. Lo conforman el Alcalde, la Policía, la Personería y la Secretaría de Seguridad. Su función será tramitar las quejas y denuncias relacionadas con las funciones de la Policía. Un órgano, digamos, regulador.

Y próximamente, agregó Claudia Muñoz, la ciudad tendrá 27 inspecciones de Policía de categoría especial. “En este momento tenemos 4 inspecciones especiales y 23 de segunda categoría. Anteriormente las inspecciones especiales asumían temas como infracciones urbanísticas, restitución del espacio público, y las de segunda categoría se encargaban de los problemas de convivencia cotidianos. Con la reforma las nivelamos todas a inspecciones especiales, por lo que quedan manejando todos los asuntos, incluidos los relacionados con el Código de Policía, por supuesto”.

Precisamente, la ciudad también está en el proceso de fortalecer la planta de inspectores. “Se contratará todo el personal necesario, incluyendo auxiliares, abogados”.

Igualmente, ya están funcionando las salas de capacitación donde los infractores harán los cursos que les permiten descuentos en las multas. Las salas están en la Casa de Justicia de Siloé y en la Casa de Justicia del barrio Alfonso López.

Por cierto, como lo recuerda el Teniente Alberto Valero, el comparendo que impone un policía no es una orden de pago, sino una orden de comparecer ante una autoridad competente, un inspector, para que este determine en primera instancia si el ciudadano debe pagar una multa o no.

“Si el ciudadano acepta lo que hizo sí podrá hacer el pago respectivo con un descuento o hará el curso pedagógico. Pero si no está de acuerdo con el comparendo debe acudir a la inspección de Policía de su jurisdicción para impugnar la orden de comparendo, utilizando el recurso de apelación. Quien define el tema en primera instancia es el inspector de Policía en la zona urbana y el corregidor en la zona rural”.
La ciudad, además, ya tiene lista la cuenta en donde deberán consignarse los recursos producto de las sanciones.

“En conclusión, estamos haciendo todos los esfuerzos para salir este 1 de agosto con lo que mejor podemos ofrecer como ciudad para cumplir con el Código de Policía. Pese a lo que falta, Cali ha avanzado mucho en el tema, así que esperamos cumplir con las expectativas de la ciudadanía. Creemos que hemos hecho un buen trabajo, a pesar de que aún no se ha reglamentado finalmente el Código, lo que es otra de nuestras limitantes. El Código no está reglamentado y eso amarra mucho los municipios a la hora de actuar. Hemos hecho lo que podemos hacer como municipio pero se requiere la reglamentación nacional para continuar haciendo los ajustes pertinentes”, dice Claudia Muñoz.