Lo que existe detrás del ‘relajo’ de algunas cárceles en Colombia

Más que cambiar las normas, se deben hacer respetar las que existen: analistas. El más reciente escándalo se registró en La Picota, cuando el ex senador Juan Carlos Martínez celebró su cumpleaños en compañía de 35 invitados.

Una fiesta de cumpleaños organizada en el pabellón de los ‘parapolíticos’ de La Picota con la presencia de 35 invitados, entre los que se contaban un ex gobernador del Valle y dos congresistas. Dicha fiesta, amenizada por el Director de la Orquesta Guayacán y convertida en un verdadero jolgorio de baile, comida y bebida, prendió nuevamente las alarmas sobre los beneficios que reciben los llamados ‘presos de categoría A’ en las cárceles del país.Por este hecho, que el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, calificó como “un relajo”, el Gobierno anunció una reforma estructural al sistema penal y penitenciario, que se presentará en marzo, “pues el sistema está sumido en una profunda corrupción administrativa”.Las evidencias sobre la necesidad de introducir variantes severas surgieron dos semanas antes de ese hecho, por cuenta de excesos cometidos por uniformados presos en guarniciones militares.La crisis desatada el fin de semana por la fiesta del ex congresista Juan Carlos Martínez, investigado por sus nexos con grupos paramilitares, tuvo un antecedente, pues el dirigente vallecaucano ya había protagonizado otro escándalo, en enero del 2010, cuando se comprobó que había iniciado una remodelación en su celda con el permiso de las directivas del centro penitenciario, bajo la excusa de que su habitación “tenía problemas de humedad e iluminación”.Esas reformas incluyeron la instalación de lámparas y enchapes en madera, pintura general y el derrumbamiento de dos paredes, para que su celda pasara de 12 metros cuadrados a casi 30.En ese momento el Gobierno Nacional también anunció grandes cambios y reformas a los beneficios de las personas que violaran las normas de los centros de reclusión. Sin embargo, las investigaciones para descubrir a los responsables de dichas irregularidades terminaron cuando el coronel (r) Carlos Alberto Barragán, como subdirector del Inpec, señaló que ni la guardia ni funcionarios del centro carcelario se habían percatado de la “remodelación”. Por ello, a Martínez se le dejó en el mismo pabellón y nunca más se volvió a hablar del tema.En el pabellón de la ‘parapolítica’ se han registrado numerosos escándalos, que van desde continuos permisos para visitas médicas, sin registro alguno (por lo que a veces duraban días) hasta suntuosas reuniones con amigos que entraban, como ‘Pedro por su casa’, a las cárceles para ser atendidos en las cocinas diseñadas exclusivamente para los congresistas investigados. Todo, al parecer, por orden del director del Inpec en el 2007, general (r) Eduardo Morales Beltrán.Hechos como esos remontaron la memoria nacional al mega-escándalo de la cárcel ‘la catedral’ en Envigado, construida exclusivamente para la reclusión del narcotraficante Pablo Escobar, en la que se cometieron tanto excesos festivos, como delitos: planeación de envíos de droga a y asesinatos de enemigos.A solucionar la crisisSegún el sociólogo, antropólogo y decano de humanidades de la Universidad Nacional, Fabián Sanabria, esas situaciones son connaturales con la institución penitenciaria, pues desde su invención, “en las cárceles rige la ley del más fuerte y del más poderoso, las personas con mayor poder adquisitivo o político imponen sus normas y hacen lo que quieren”.Recordó que en todo el mundo hay corrupción administrativa. “Los guardianes ayudan a ingresar artículos de contrabando a cambio de unos ingresos adicionales que los obliga a hacerse los de la vista gorda frente a cualquier irregularidad e incluso delito que se cometa”.Sanabria también precisó que entre los reclusos el poder económico es utilizado para “amenazar” a los funcionarios y empleados de las cárceles, hasta someterlos a su voluntad. Para la analista política Claudia López, el problema no se arregla con reformas, pues “existe un reglamento muy claro en el Sistema Penitenciario, sin embargo no se le aplica a todos los internos. Mientras unos gozan de celdas amobladas o de cocinas privadas para preparar sus alimentos, hay otros que viven en hacinamiento y sin cama”.“El problema no son las normas, están escritas y son claras. El problema es que ni el Ministerio del Interior ni el Inpec son capaces de aplicarlas. Nada justifica que los ‘parapolíticos’ tengan un régimen penitenciario distinto, como si estuvieran en un club social”, precisó la politóloga.Hizo hincapié en que el régimen penitenciario en Colombia señala que un reo tiene derecho a una visita por semana, máxima de dos personas, más la visita del abogado, entre semana y en un horario predeterminado. “Sin embargo los ‘parapolíticos’ tienen cuatro días de visita, salen a citas médicas muchas veces inexistentes y otra clase de beneficios”.Control en cárcel de PalmiraUna protesta, una toma por parte de la Policía y una huelga de hambre hacen parte de los sucesos que alteraron el normal funcionamiento de la Penitenciaría Nacional Villa de las Palmas, de Palmira en los últimos 30 meses.Sin embargo, no se conoce o se tiene reporte de celebraciones u otro tipo de actividades similares realizadas de manera clandestina en el Pabellón de Máxima Seguridad que funciona al interior del centro carcelario.La última protesta que tuvo lugar en el penal fue la de 16 de junio del 2009, cuando los reclusos se negaron a obedecer las normas del penal por más de nueve horas, todo para exigir mejores condiciones logísticas en el lugar. En la protesta participaron dos terceras partes de los internos de la cárcel, pues no hubo intervención de los que se encuentran en el Pabellón de Máxima Seguridad.El 4 de febrero del 2009, como parte de la denominada Operación Nacional, la Fuerza Pública y del Inpec se tomaron las instalaciones del reclusorio en un operativo que incluyó requisas a las celdas y a todos los internos. En esas jornadas de control se decomisaron 25 celulares, 23 tarjetas Simcard, 63 armas blancas, 250 gramos de marihuana y dinero en efectivo.“En el Inpec no hay nadie intocable”A menos de dos meses de haber asumido el cargo de director del Inpec, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, ha tenido que afrontar los escándalos de la reclusión militar de Tolemaida y de la fiesta del ex senador Martínez en el pabellón de los ‘parapolíticos’ de La Picota.Ricaurte reconoce que hay problemas de corrupción en esta entidad y asegura que busca medidas para superar la crisis. Una de ellas es la declaración de la emergencia disciplinaria, debido a las 8.800 investigaciones disciplinarias que tienen represadas. “Vamos a ordenar que los operadores de cada regional del Inpec agilicen esas investigaciones, pues algunas llevan varios años”, explica.“Estamos trabajando para mejorar la imagen del Inpec, es cierto que la percepción de la gente es de corrupción, pero por esa razón declaramos la emergencia disciplinaria”, expresa.Al mismo tiempo, asegura que junto con la Procuraduría investigan las irregularidades en la cárcel La Picota.“Con la directora se abrió un proceso disciplinario, sí hay una irregularidad al permitir el ingreso del ex gobernador, se está coordinando con la Procuraduría, por eso fue trasladada a otra cárcel, todo tiene un proceso y debe haber una investigación, es un derecho de los funcionarios”, explica cuando se le pregunta por qué la directora Himelda López no fue destituida.Ricaurte asegura que la funcionaria admitió haber sido la persona que autorizó el ingreso del ex gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, a la celebración de cumpleaños. “Él se acercó y habló con la directora, porque no estaba en la lista de visitas que se había pasado la noche anterior, y ella le autorizó el ingreso”, agrega.También dice que el hecho de que muchos de los empleados del Inpec sean de carrera no los hace intocables. Y sobre las razones por las que el ex senador Martínez no fue trasladado a la cárcel de Cómbita, como se pensaba en algún momento, si no a Barranquilla, de donde se escapó el lunes pasado un recluso, dice que “hubiera podido ser a cualquier cárcel del país, por ejemplo Jamundí. Pero Barranquilla era la que tenía en ese momento ese cupo. Además, hay que preocuparse por la integridad del interno, en Cómbita hay recluidos guerrilleros y paramilitares, y el interno es un ex senador, que puede correr riesgo”.Historia de escándalosLa fuga de Dúmar de Jesús Guerrero Castillo, alias Carecuchillo le costó el cargo de directora del Inpec a Teresa Moya Suta, quien salió de la entidad en febrero del 2010.Desde ese momento, el puesto quedó en manos de un encargado. Decenas de reconocidos personajes de la vida pública rechazaron dicho cargo. Sólo hasta diciembre del año pasado el general Gustavo Adolfo Ricaurte, aceptó el puesto. Y anunció una reestructuración interna, administrativa y de personal, para evitar cualquier acto de corrupción en los reclusorios.